Las 'castas' criminales tras las rejas y los datos del hacinamiento en cárceles y estaciones de Policía de Colombia

Así duermen hoy miles de presos y detenidos en las estaciones de policía y en al menos 106 de las 126 cárceles del país. Son tantos, muchos más de los que caben en esos espacios, que empezaron a colgar de los barrotes varios niveles improvisados de 'hamacas' —hasta dos o tres por los que, como por todo estando preso, hay que pagar. Los que están más arriba pueden considerarse afortunados en esa pirámide del hacinamiento. Dicen que dormir colgados les ayuda a sobrellevar el sofoco, los malos olores y hasta eludir enfermedades, como la tuberculosis y la varicela, que se intensifican por la sobrepoblación.

Pero ¿cómo hacen cuando tienen la necesidad de orinar o defecar? Es uno de los dilemas que tienen que enfrentar y que se vuelve más complejo durante las noches, sobre todo porque no todos pueden acceder a los baños que hay. En la cárcel de Villahermosa, en Cali, en un baño al comienzo de un pasillo del patio tres, en el que duermen 97 presos, hay cuatro inodoros, pero solo funcionan dos. Muchos lo resuelven con botellas de gaseosa o recipientes que encuentran entre la basura, tarros de pintura o bolsas plásticas que han guardado y que en algún momento tiran afuera de las celdas.

Los que duermen en el piso suelen ser quienes tienen menos plata y son quienes reciben las botellas, tarros y bolsas de los de arriba para acomodarlos fuera de las rejas. Llevarse esos desechos es la tarea de los internos que al otro día, por orden de los ‘plumas’ —también presos, pero con ascendiente criminal y bastantes recursos, que son los poderes de facto en los sitios de reclusión—, estarán asignados a las ‘labores de aseo’.

No tener plata para todas las ‘vacunas’ ilegales que debe pagar un detenido en el país —desde protección hasta el derecho a la dormida en un colchón, un ‘balón’ (unos 3 gramos) de marihuana o una llamada por celular— es un pase permanente para esperar juicio o cumplir condena lidiando con las botellas y las bolsas llenas de orina ajena.

Las ‘castas’ tras las rejas

Hacer caso o atenerse a las consecuencias es una de las primeras reglas que aprenden los que llegan a las estaciones de policía y cárceles. Una afirmación que no rebaten los guardias del Inpec, los policías de turno y los más de 125.600 privados de la libertad que hay en Colombia, y también sus familias, es que de rejas para adentro imperan códigos y figuras de autoridad que están por fuera de la ley y que determinan cómo se vive allí. Y no pocas veces, quién y cómo muere, incluso afuera, como quedó claro con el asesinato del coronel Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, y con las amenazas de muerte que rondaron a la mayor Nancy Pérez, quien estuvo por encargo unas semanas antes de que el mayor Édgar Iván Pérez fuera designado como nuevo director.

No es que necesariamente los ‘plumas’ impongan su poder sobre guardianes y policías, aunque muchas veces es así: es que ellos se encargan de mantener un orden —extorsivo e impuesto a la mala, pero orden, al fin y al cabo— que resulta funcional para el siempre escaso personal de guardia a la hora de controlar a centenares de presos.

Cifras del Inpec señalan que en el país hay 13.700 guardias activos y 102.000 presos en establecimientos carcelarios. El promedio de dragoneantes por cárcel varía según la seguridad y el tipo de sitio de reclusión. “Tenemos infraestructura vieja, un sistema penitenciario que tiene muchas cosas obsoletas. Un estudio de cargas estableció que hacen falta 16.000 guardias”, reconoce el coronel Daniel Gutiérrez, director general del Inpec.

El statu quo es diferente en cada pabellón y depende mucho del ‘pluma’ que esté a cargo. Así lo describe un dragoneante de una cárcel de Antioquia: “Uno no va a entrar así como así a un patio con 400 o 500 internos, porque si pasa algo lo pueden hasta matar. Uno llega de turno y le dice al ‘pluma’ (también les dicen ‘viejo’ o ‘cacique’): ‘No quiero a nadie durmiendo a tales horas’, ‘quiero que todo el mundo se levante para las contadas’ (...) Y ellos le dicen a uno: ‘Comandante, cuando haya operativos, nos avisa para guardar los celulares’ ”.

Esos acuerdos suelen respetarse para mantener el comportamiento. “De rejas para adentro, ellos tienen sus reglas”, cuenta la directora de una cárcel. Es una relación simbiótica que, en varias ocasiones, incluso, puede estar permeada por el dinero.

Los detenidos que tienen que limpiar las miserias de los otros y que casi siempre tienen que buscar dónde dormir en los pasillos y hasta en los baños son el eslabón más débil de una cadena que tiene en su punto más alto al poder criminal del patio o de la estación. A esos, los ‘más llevados’, adentro les dicen ‘piratas’. Y entre ‘piratas’ y ‘plumas’ hay castas: están los que andan siempre con el ‘pluma’, llamados ‘pichones’ o ‘cachorros’; son sus guardaespaldas y les manejan negocios, pero no son necesariamente sus matones. A estos les llaman 'carros' o ‘carrolocos’, porque todo el mundo intenta alejarse cuando los ven aparecer. Son los que hacen cumplir amenazas y extorsiones.

El ruido ensordecedor que sale de las celdas y los pasillos cuando llega alguien que no debería estar allí lo enciende los llamados ‘parlantes’, como los ‘campaneros’ en la delincuencia de las calles, encargados de advertir que apareció la autoridad. Y están los presos comunes y corrientes, que saben que la única manera de sobrevivir es pagar cuando toca y no meterse en lo que no les importa.

Y entre los ‘plumas’ hay categorías: los de estación, los de pasillo y los de patio. Es una carrera de relevos que se gana a la brava —hoy se está viendo en varios patios de La Modelo— y que asegura a los de arriba ingresos por los negocios de los que están abajo. “La jerarquía llega con usted: depende de quién era usted en la calle, de qué linaje sea usted, porque si es hijo o familiar de un 'duro', lo van a tratar diferente”, cuenta un guardián.

36 meses o más en calabozos donde nadie debería estar más de 36 horas

La caída del hacinamiento carcelario por la que en los últimos años ha venido sacando pecho el Estado colombiano no es como la pintan.

A la par que empezaron a caer las cifras en las cárceles —se pasó de un poco más de 135.000 presos antes de pandemia a 102.000 este año: el hacinamiento cayó 27 puntos, del 52 al 25 %—, se disparó la sobrepoblación en las estaciones de policía. De las 1.446 personas recluidas en esos lugares en el 2015, con una capacidad instalada para 3.153 detenidos, se pasó a mayo de 2024 a 22.675 personas. Con el agravante de que solo hay espacio para 8.640, según informó a EL TIEMPO la Dirección General de la Policía.

Mientras en las estaciones de Bogotá el hacinamiento es del 207 %, las estaciones de Barranquilla (992 %), Tibú (Norte de Santander, 826 %), y las de Bucaramanga (552 %) no solo representan un reto en seguridad, sino de salubridad pública.

En las cárceles y los calabozos, como en la sociedad colombiana, en los últimos años se oye un nuevo acento, el de los venezolanos, que hoy son 3.502 en las cárceles y más de 1.800 en las estaciones. Algunos de ellos son verdaderos poderes criminales, como José Manuel Vera, alias Satanás, y Tomy Joel Serpa Brito, el temido ‘Tomy Masacre’. Pero la mayoría están presos por microtráfico, robos y atracos. En algunas cárceles —las de Cúcuta (592 internos), Riohacha (384), El Barne (314), La Modelo (304) y La Picota (294) son las de mayor población de internos venezolanos— se está replicando la pelea por el poder cuya violencia ya ensangrentó las calles de varias ciudades del país con la irrupción del ‘Tren de Aragua’.

Aunque la Constitución y la ley dicen que las estaciones y los calabozos de la Fiscalía (las unidades de reacción inmediata) son sitios de detención transitoria —no puede extenderse más allá de las 36 horas (en concordancia con el derecho de habeas corpus)—, lo cierto es que hay personas que completan hasta 36 meses o más esperando que los manden a una cárcel.

Los reclusos deberían permanecer de forma temporal en estos sitios mientras un fiscal asume cada caso y un juez define su situación judicial. Pero la realidad indica que el plazo dictado en la legislación colombiana se amplía muchas veces porque las cárceles están llenas o han determinado no recibir cierto número de presos, o porque no se gestionan de forma ágil los traspasos.

Datos de la Corte Suprema de Justicia revelan que este año, solo en Medellín, fueron aplazadas 137 audiencias por la “no asistencia de detenidos por problemas de conectividad”, una razón que se replica en la mayoría de las estaciones y URI del país.

El alto tribunal señala, además, que en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla hay 836 presos con condena que aún permanecen en estaciones de policía. Y de esas cuatro ciudades, Cali es la que más sobrepoblación tiene: hay 2.437 detenidos en 22 estaciones con capacidad para 481.

En 2023 lo había advertido la Corte Constitucional: “La Corte no puede dejar de señalar que las condiciones a las que se encuentran sometidos los internos en estos espacios a cargo de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación son críticas y peores que aquellas a las que se ven expuestos los reclusos dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, por lo que la vulneración de los derechos fundamentales de quienes se encuentran privados de la libertad en los llamados centros de detención transitoria es de extrema gravedad".

El ‘tráncón’ de presos en las estaciones es una de las razones por las que todo el esquema de poder y de extorsión que impera hace décadas en las cárceles se reprodujo, potenciado, en los sitios de retención transitoria. “Yo solo espero que me manden para una cárcel, a una cárcel de verdad. Allá uno sí puede buscar una rebaja de pena, pero aquí estamos encerrados para siempre”, dice el hombre fuerte de los calabozos de la estación de Kennedy, en Bogotá. Mientras que al llegar los detenidos en esos sitios son en su mayoría ‘bautizados’ con el robo hasta de los zapatos, este ‘pluma’, quien ya carga una condena por homicidio y espera varias más, luce en plena detención cadenas de oro y camisetas y tenis de marca. Su afán por llegar a una cárcel no es solo por rebajar condena: allí buscará su lugar en los grandes negocios ilegales que son más difíciles de sacar adelante desde las estaciones de policía.

Él no prueba la comida que reciben los otros internos, sino que de alguna manera logra que le lleguen domicilios de varios restaurantes de la zona. “Esa comida es muy fea, uno se enferma”, se justifica. Y para miles de presos que no tienen sus medios, la única opción es conformarse con raciones, que en promedio cuestan 4.000 pesos (mucho menos que la mitad de un corrientazo) y han llevado a la Defensoría del Pueblo a denunciar que nueve de cada diez presos y detenidos en Colombia ven violado a diario su derecho a la alimentación.

Personajes como él son claves en el millonario negocio de la extorsión que se maneja desde las estaciones y cárceles a través de teléfonos que no debían estar allí y de señales celulares que supuestamente están bloqueadas —solo 16 de las 126 cárceles tienen inhibición de señal, alertó la Defensoría del Pueblo. Datos de la Policía dan cuenta de que, en los primeros cinco meses, hubo 792 casos de extorsión en Bogotá, 250 en Medellín, 209 en Barranquilla y 95 en Cali. Usar los mismos teléfonos para extorsionar y vender minutos a los otros presos hace parte de una estrategia que busca borrar las huellas de quienes han hablado por esos dispositivos.

“Digamos que pueden tener entre 10 y 20 celulares por patio, dependiendo de la plata de cada ‘razón’ (banda). Cuando hay varios celulares en el patio, el minuto puede costar entre 700 y 1.500 pesos, pero si están escasos ese minuto vale hasta 7.000”, dice un miembro del Inpec.

Esa maquinaria de la extorsión carcelaria que hoy tiene azotadas a varias capitales, empezando por Bogotá, es un sistema perfectamente aceitado y aceptado hace años de rejas para adentro. Los cálculos más conservadores hablan de pagos promedio de un millón de pesos al mes para alguien que quiera tener una estadía más o menos tranquila en prisión: la mayor parte va a manos del ‘pluma’ y su red criminal, pero una buena tajada se va por los sifones de la corrupción, hacia miembros de la guardia y empleados del sistema.

Droga en las cárceles: otra pena que se paga con intereses 'gota a gota'

Las vacunas empiezan desde las celdas primarias o transitorias, donde a los presos suelen robarles lo que llevan —hasta la ropa— si no pagan la primera cuota, que puede empezar en 100.000 pesos. Si no se tiene un padrino afuera o adentro que le dé protección, al pasar al pabellón el ‘pluma’ o ‘cacique’ cobra por ubicarlo en una plancha, celda o pasillo determinado. El precio varía, pero no baja de 200.000 pesos al mes. “Puede que no toda la guardia o la policía necesariamente reciba parte de esa plata, pero son responsables por dejar pasar las cosas de agache”, señala un interno en Bogotá. Hasta que paguen, a los ‘nuevos’ los ponen a dormir en el suelo del pasillo o en los baños. Quienes conocen el mundo de la detención penal en el país dicen que tanto en las cárceles como en las estaciones se manejan grandes cantidades de dinero: no en billetes, que están restringidos, sino a través de billeteras móviles.

Así, con giros electrónicos a números de terceros (como las extorsiones afuera), se paga adentro por lograr que las encomiendas que mandan las familias no se pierdan en el camino, por un cupo en uno de los proyectos productivos para rebajar pena o porque milagrosamente aparezcan las órdenes de libertad o de detención domiciliaria. Este último milagro puede costar 2 millones de pesos. Es una extorsión por la que los ‘plumas’ y otros presos reciben parte, pero que en esencia se maneja desde lo oficial: desde sectores de la guardia y las administraciones.

Pero no todos esos pagos son forzados. Uno de los negocios más lucrativos en las cárceles, no obstante todos los supuestos controles, es la venta de droga. “Los grandes problemas en las cárceles, hasta con muertos, son por drogas o por comida”, cuenta una reclusa de El Buen Pastor.

Redes del microtráfico conectadas con las que están manejando las calles —a las bandas les dicen ‘razones’, y cada una suele tener a sus integrantes presos reunidos— venden la droga adentro.

Datos del Inpec conocidos por este diario muestran que en 2023 fueron decomisados 752 kilos de marihuana: eso implica que la que entró superó de lejos la tonelada de la hierba. También se incautaron 4.611 gramos de bazuco, 150.130 gramos de cocaína y un gramo de heroína. Para mayo de 2024, se han decomisado 385.672 gramos de marihuana, 1.120 gramos de bazuco y 57.208 gramos de cocaína.

Tan solo en la cárcel de Jamundí, en un reciente golpe del Inpec, se incautaron 170 kilos de marihuana. “Hay gente que se mete (sic) al menos 10 ‘bichas’ (dosis) al día, y cada una vale 5.000 pesos", asegura la mujer. Esos consumos casi siempre son fiados: las que pagan, con intereses tipo ‘gota a gota’, suelen ser las familias de afuera.

Periodistas, reporteros gráficos y diseñadores digitales de EL TIEMPO estuvieron en cárceles y estaciones de policía de todo el país, reconstruyendo esa realidad en la que los derechos más básicos de las personas detenidas son un canto a la bandera y en la que las verdaderas reglas no las impone la ley. Una realidad que presentamos a nuestros usuarios y lectores en un reportaje en el que el periodismo en profundidad se enmarca en una innovadora experiencia que permite conocer desde el mundo virtual los calabozos y ser testigos de lo que viven a diario los más de 125.600 presos y detenidos que hay en Colombia. Un país que cada vez más se enfrenta a la paradoja de tratar de combatir la criminalidad desbordada con la privación de la libertad, pero que, cuando lo logra, envía a los delincuentes a sitios de reclusión que muchas veces se convierten para ellos en nuevos centros de operaciones criminales.