‘Tenemos un sistema penitenciario con cosas obsoletas’: Inpec dice que hacen falta 16.000 guardias para las cárceles
El coronel Daniel Gutiérrez, director general del Inpec, se refiere al hacinamiento carcelario y a las medidas que están adoptando en el país.
‘Tenemos un sistema penitenciario con cosas obsoletas’: Inpec dice que hacen falta 16.000 guardias para las cárceles
El coronel Daniel Gutiérrez, director general del Inpec, se refiere al hacinamiento carcelario y a las medidas que están adoptando en el país.
Redacción EL TIEMPO
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¿Cómo está el hacinamiento carcelario?
Tenemos un hacinamiento del 24,8 por ciento, que equivale a unas 20.000 personas privadas de la libertad. Tenemos una capacidad instalada de 82.000 cupos a nivel nacional en 126 establecimientos, pero hay 102.000 personas privadas de manera intramural. El hacinamiento es complicado: una crisis muy alta se encuentra en las estaciones de policía y URI, que supera entre el 140 y el 170 por ciento.
(Vea en realidad virtual cómo viven los presos en una estación de Policía)
¿Qué se puede hacer?
La sentencia SU-122 nos obliga a esa responsabilidad. Hay una obligación de construir cárceles municipales o centros de detención transitoria. Nos faltan 40.000 cupos, tenemos 20.000 en hacinamiento y hay 22.000 en estaciones y URI. Aquí la responsabilidad recae en los sindicados para los entes territoriales, que deberían tener unos centros de detención para sindicados. El sistema recibe mensualmente un promedio de 3.400 personas que irán a cárceles, y salen un promedio de 3.000, y a pesar de que el año pasado recibimos un promedio de 75.000 internos, el hacinamiento no baja porque la delincuencia es constante. Sabemos que hay una ley que sacó Asocapitales con el fin de empezar a resolver esa situación porque entendemos que hay municipios que no tienen los recursos para construir, siempre pensando en el beneficio de los funcionarios del Inpec que son los que cargan este lastre en términos de condiciones laborales.
Hay otras problemáticas relacionadas a la alimentación y salud. ¿Qué están haciendo al respecto?
Tenemos un sistema penitenciario que tiene muchas cosas obsoletas; hay 111 cárceles que tienen más de 25 a 100 años, cárceles que tienen 200 años. Tenemos solo en la segunda generación cinco cárceles de cinco a 24 años, y 10 cárceles de 13 a 19 años. A partir de eso y la falta de autonomía para resolver problemas de salud, infraestructura y alimentación hace que la carga se aumente más, y eso sumándole al hacinamiento y la falta de personal. Se hizo un estudio de cargas entre 2019 y 2021 en el que se estableció que hacen falta entre 15.000 y 16.000 funcionarios del Inpec para poder generar o hacer todas las actividades penitenciarias. También, los funcionarios necesitan seguridad jurídica y financiera en términos de tener una asignación de retiro acorde; eso es lo que puede impactar en que haya extorsiones, violencia, asesinatos.
Tenemos un hacinamiento del 24,8 por ciento, que equivale a unas 20.000 personas privadas de la libertad. Tenemos una capacidad instalada de 82.000 cupos a nivel nacional en 126 establecimientos, pero hay 102.000 personas privadas de manera intramural. El hacinamiento es complicado: una crisis muy alta se encuentra en las estaciones de policía y URI, que supera entre el 140 y el 170 por ciento.
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¿Qué se puede hacer?
La sentencia SU-122 nos obliga a esa responsabilidad. Hay una obligación de construir cárceles municipales o centros de detención transitoria. Nos faltan 40.000 cupos, tenemos 20.000 en hacinamiento y hay 22.000 en estaciones y URI. Aquí la responsabilidad recae en los sindicados para los entes territoriales, que deberían tener unos centros de detención para sindicados. El sistema recibe mensualmente un promedio de 3.400 personas que irán a cárceles, y salen un promedio de 3.000, y a pesar de que el año pasado recibimos un promedio de 75.000 internos, el hacinamiento no baja porque la delincuencia es constante. Sabemos que hay una ley que sacó Asocapitales con el fin de empezar a resolver esa situación porque entendemos que hay municipios que no tienen los recursos para construir, siempre pensando en el beneficio de los funcionarios del Inpec que son los que cargan este lastre en términos de condiciones laborales.
Hay otras problemáticas relacionadas a la alimentación y salud. ¿Qué están haciendo al respecto?
Tenemos un sistema penitenciario que tiene muchas cosas obsoletas; hay 111 cárceles que tienen más de 25 a 100 años, cárceles que tienen 200 años. Tenemos solo en la segunda generación cinco cárceles de cinco a 24 años, y 10 cárceles de 13 a 19 años. A partir de eso y la falta de autonomía para resolver problemas de salud, infraestructura y alimentación hace que la carga se aumente más, y eso sumándole al hacinamiento y la falta de personal. Se hizo un estudio de cargas entre 2019 y 2021 en el que se estableció que hacen falta entre 15.000 y 16.000 funcionarios del Inpec para poder generar o hacer todas las actividades penitenciarias. También, los funcionarios necesitan seguridad jurídica y financiera en términos de tener una asignación de retiro acorde; eso es lo que puede impactar en que haya extorsiones, violencia, asesinatos.
¿Cómo han solucionado esos temas de derechos humanos?
Hemos venido trabajando articuladamente con el Ministerio de Justicia y la CICR. Es fundamental tener una entidad externa que nos pueda generar esa validación en términos de derechos humanos. Tenemos cónsules de derechos en todo el país y hay una comunicación asertiva para generar las denuncias en contra de la corrupción y empezar a generar mejores tratos. Creamos un protocolo de uso de la fuerza con el CICR y estamos avalando protocolos para la atención a los feminicidas, mujeres y todo lo relacionado a la violencia de género. De eso trata, de empezar a pensar en seres humanos y no en bodegas humanas.
¿Cree que la cantidad de falta de oportunidades hace que el interno no se resocialice y reincida?
Respecto a eso hay muchos cuellos de botella porque tenemos en las cárceles 20.000 sindicados y al no estar condenados, no pueden redimir pena. Tenemos infraestructura vieja y no tenemos la cantidad suficiente de talleres ni maquinaria, lo que causa que no haya una redención constante. Además, al no tener funcionarios de la guardia pues no podemos sacar a los internos a trabajar. Si tuviéramos condiciones más favorables en todos los sentidos habría una mejor resocialización.
Hemos venido trabajando articuladamente con el Ministerio de Justicia y la CICR. Es fundamental tener una entidad externa que nos pueda generar esa validación en términos de derechos humanos. Tenemos cónsules de derechos en todo el país y hay una comunicación asertiva para generar las denuncias en contra de la corrupción y empezar a generar mejores tratos. Creamos un protocolo de uso de la fuerza con el CICR y estamos avalando protocolos para la atención a los feminicidas, mujeres y todo lo relacionado a la violencia de género. De eso trata, de empezar a pensar en seres humanos y no en bodegas humanas.
¿Cree que la cantidad de falta de oportunidades hace que el interno no se resocialice y reincida?
Respecto a eso hay muchos cuellos de botella porque tenemos en las cárceles 20.000 sindicados y al no estar condenados, no pueden redimir pena. Tenemos infraestructura vieja y no tenemos la cantidad suficiente de talleres ni maquinaria, lo que causa que no haya una redención constante. Además, al no tener funcionarios de la guardia pues no podemos sacar a los internos a trabajar. Si tuviéramos condiciones más favorables en todos los sentidos habría una mejor resocialización.
REDACCIÓN EL TIEMPO
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