ANDALUC�A
Tribunales

Caso ERE: la mayor causa de corrupci�n aunque el Constitucional ahora lo matice

El Gobierno andaluz del PSOE reparti� a lo largo de una d�cada 679.432.179,09 euros de forma clientelar, opaca y sin control

En primera fila, Chaves, Gri��n y Zarr�as y, al fondo, Magdalena �lvarez, en el juicio en la Audiencia de Sevilla.
En primera fila, Chaves, Gri��n y Zarr�as y, al fondo, Magdalena �lvarez, en el juicio en la Audiencia de Sevilla.POOL
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El caso de los ERE es la mayor causa de corrupci�n investigada y sentenciada nunca en la historia reciente de Espa�a, aunque el Tribunal Constitucional (TC) haya decidido este mi�rcoles, por siete votos frente a cuatro, estimar parcialmente el recurso de Magdalena �lvarez, ex consejera andaluza y ministra con Zapatero. La ex consejera de Hacienda fue condenada a nueve a�os de inhabilitaci�n por prevaricaci�n en esta causa judicial. La decisi�n del TC implica anular esta condena y que la Audiencia de Sevilla dicte un nuevo fallo, que tendr� que ser m�s beneficioso para la ex ministra, pero no necesariamente debe ser una absoluci�n.

La anulaci�n de esta condena por prevaricaci�n no provoca que, de forma autom�tica, los 1.821 folios de la sentencia condenatoria de los ERE de la Audiencia de Sevilla, ratificada en casi todos sus extremos por el Tribunal Supremo, vayan a quedar en papel mojado. La decisi�n del Constitucional se circunscribe a determinados aspectos del delito de prevaricaci�n, que matiza, pero tampoco lo tumba. Adem�s, en el caso ERE hay otro delito m�s grave, el de malversaci�n, sobre el que el TC todav�a no se ha pronunciado.

Al amparar parcialmente a Magdalena �lvarez, el Constitucional enmarca la actividad delictiva de la trama de los ERE, en lo relativo a la prevaricaci�n, en las modificaciones presupuestarias que, a�o tras a�o, hicieron los sucesivos gobiernos andaluces socialistas para ir engordando la partida presupuestaria 31L, que nutr�a los ERE, tambi�n conocida como fondo de reptiles. El TC ha dicho que elaborar las leyes andaluzas de los presupuestos -en las que estaban las ayudas de los ERE- no es prevaricaci�n, al contrario de la tesis sostenida por la Audiencia y el Supremo. En cambio, s� es ilegal hacer modificaciones presupuestarias. Con estas claves tendr� que redactarse la nueva sentencia.

Crisis empresariales en el feudo del PSOE

En cualquier caso y m�s all� de la trascendencia que pueda tener la decisi�n del Constitucional, lo cierto es que el Gobierno andaluz, en la etapa del PSOE, ide� y desarroll� un sistema para disponer y otorgar a discreci�n cientos de millones de euros, salt�ndose todos los controles y todas las normas con un solo fin, apagar los fuegos sociales que en aquella �poca, a partir del a�o 2000, amenazaban la hegemon�a socialista en uno de sus feudos.

Con este sistema opaco se repartieron de forma clientelar exactamente 679.432.179,09 euros. Es la cantidad de dinero p�blico malversada m�s elevada de todos los casos de corrupci�n investigados en la historia reciente de Espa�a. En las distintas piezas de la trama corrupta de la G�rtel, vinculada al PP, el dinero desviado es inferior a los 100 millones de euros.

Los casi 680 millones de euros desviados a lo largo de una d�cada con los ERE iban dirigidos, supuestamente, a trabajadores de presuntas empresas en crisis, que en realidad eran aquellas que ten�an hilo directo con determinados altos cargos de la Junta. As� ha quedado demostrado a lo largo de la instrucci�n del caso. Adem�s, por el camino, el dinero p�blico se desvi� a fines menos loables.

El ch�fer de la coca

Entre los hitos m�s escandalosos del desv�o de los dinero de los ERE est�n las andanzas del ch�fer de la coca, Juan Francisco Trujillo, ya condenado a cuatro a�os y nueve meses de prisi�n por gastar parte de los 1,3 millones de euros en ayudas que le concedi� la Junta a la compra de droga. O los intrusos que se colaban en los ERE costeados con dinero p�blico y que estaban muy bien conectados con responsables sindicales o con dirigentes del PSOE y que nada ten�an que ver con las empresas en crisis. O la trama de comisionistas e intermediarios que lavaron dinero y pudieron llevarse un bot�n de unos 66 millones, un caso que est� pendiente de ser juzgado.

Pero m�s all� de los casos puntuales m�s o menos escandalosos lo cierto es que el dinero p�blico fue a parar a quien, de forma opaca y arbitraria, decidieron los responsables de la Junta de Andaluc�a. En los a�os que se malversaron los fondos (2000-2010), en Andaluc�a hubo exactamente 9.461 empresas que presentaron expediente de regulaci�n de empleo (ERE) y 120.829 trabajadores se vieron afectados por aquellos expedientes. Pr�cticamente ninguno de esos ERE fueron bendecidos por el man� de los fondos que arbitrariamente repart�a la Junta. El n�mero de empresas que s� recibieron fondos es de 77, como recalc� la Fiscal�a Anticorrupci�n en su escrito de acusaci�n.

La suma millonaria del caso ERE no tiene parang�n con la de ning�n otro caso de corrupci�n pol�tica destapado en Espa�a. Seg�n resume la sentencia, el desv�o iba desde los 6.977.751 euros del a�o 2000, en el que se estableci� el sistema fraudulento, hasta un r�cord de 94.744.185,09 euros de 2008. El promedio anual de dinero distra�do de los controles fue de 66 millones hasta acumular un total de 679.432.179,09 euros.

La prevaricaci�n y Chaves

La revisi�n de la prevaricaci�n que ha establecido el Tribunal Constitucional, al estimar parcialmente el recurso de Magdalena �lvarez, traer� consecuencias, con toda probabilidad, para el resto de ex altos cargos de la Junta que s�lo est�n condenados por este delito, y no por malversaci�n. Al igual que la ex consejera �lvarez ver�n atenuadas sus condenas. Est� por ver si la Audiencia decide absolverlos. En cualquier caso, la decisi�n del TC no implica de forma directa su absoluci�n.

En esta situaci�n est�n el ex presidente del Gobierno andaluz y ex presidente del PSOE Manuel Chaves y su mano derecha en la Junta Gaspar Zarr�as. Ambos est�n condenados en firme a la misma pena que Magdalena �lvarez: 9 a�os de inhabilitaci�n especial por prevaricaci�n.

Tambi�n est� condenado s�lo por prevaricaci�n Jacinto Ca�ete, que fue director general de la Agencia IDEA de la Junta, considerada la caja pagadora de los ERE, entre mayo de 2008 y diciembre de 2009. Este ex alto cargo fue sentenciado a 8 a�os y 6 meses de inhabilitaci�n especial.

Los otros dos ex altos cargos de la Junta condenados por los ERE a 9 a�os de inhabilitaci�n especial por prevaricaci�n son Jos� Salgueiro (viceconsejero de Econom�a y Hacienda desde 1990 a 2004) y Antonio Vicente, que fue viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos de la Junta entre abril de 2002 y abril de 2009.

Penas de prisi�n

Pero la trama de los ERE va m�s all� de estos seis ex altos cargos condenados s�lo por prevaricaci�n. Otros nueve fueron sentenciados con penas de prisi�n por delitos de malversaci�n. Entre ellos est� el ex presidente de la Junta y ex consejero de Hacienda Jos� Antonio Gri��n (condenado a seis a�os de c�rcel); los ex consejeros de Empleo Jos� Antonio Viera y Antonio Fern�ndez (ambos con siete a�os de c�rcel); la ex consejera de Hacienda Carmen Mart�nez Aguayo (seis a�os de c�rcel); el ex consejero de Innovaci�n Francisco Vallejo (siete a�os de prisi�n); Jes�s Mar�a Rodr�guez Rom�n, ex viceconsejero de Innovaci�n (seis a�os de prisi�n); y Miguel �ngel Serrano, ex director de la Agencia Idea (seis a�os de prisi�n).

Completan la lista de condenados a penas de c�rcel el ex viceconsejero Agust�n Barber� (siete a�os de prisi�n) y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan M�rquez (tres a�os de c�rcel). De estos nueve ex altos cargos, s�lo dos de ellos no han pisado la c�rcel: Gri��n por el c�ncer que padece y M�rquez, cuya pena de prisi�n fue suspendida provisionalmente al reducir la misma el Tribunal Supremo de siete a tres a�os.