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Dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andaluc�a, Manuel Chaves y Jos� Antonio Gri��n; una ex ministra de Jos� Luis Rodr�guez Zapatero, Magdalena �lvarez; y otros 16 ex altos cargos de los gobiernos socialistas, entre ellos seis ex consejeros -�lvarez incluida-, idearon y desarrollaron en esta comunidad un sistema ilegal para disponer y otorgar a discreci�n cientos de millones de euros -679- salt�ndose todos los controles y todas las normas con un solo fin, apagar los fuegos sociales que en aquella �poca, a partir del a�o 2000, amenazaban la hegemon�a del PSOE en uno de sus feudos.
Un sistema que, adem�s, adolec�a de cualquier publicidad y concurrencia, en el que las subvenciones se daban a discreci�n y sin primar el inter�s p�blico, s�lo el ajeno y, muy especialmente, el de las empresas para cuyo enriquecimiento sirvieron, fundamentalmente, las ayudas. Y todos los condenados, apunta, eran conscientes de su "palmaria ilegalidad".
De todo ello ha quedado convencido el tribunal que enjuici� la denominada Pieza pol�tica, que ha repartido condenas para casi todos los 21 acusados -s�lo se han salvado dos-, pero que, adem�s, ha certificado que los ERE fraudulentos, una denominaci�n bastante simplificada de lo que sucedi�, no fue cosa de "cuatro golfos".
"La decisi�n de dar estas ayudas no part�a de la Consejer�a de Empleo, sino que era una decisi�n del Gobierno en su conjunto", remarca la sentencia, que detalla c�mo el ejecutivo socialista aprob� infinidad de modificaciones presupuestarias para dar cobertura al procedimiento ilegal que permiti� manejar el dinero sin dar cuentas a nadie.
As� queda reflejado en la sentencia que se conoci� este martes, 11 meses despu�s de que terminara el juicio, y que despeja cualquier duda acerca de la implicaci�n de los ex presidentes y que va a�n m�s all� cuando asegura que la decisi�n de dar estas ayudas ilegales fue "del Gobierno en su conjunto" y que dicha decisi�n "part�a del programa pol�tico con el que hab�an presentado a las elecciones".
La Audiencia Provincial de Sevilla considera que, aunque el sistema fue dise�ado por la c�pula de la Consejer�a de Empleo, en la c�spide de ese sistema estaban los ex consejeros de Hacienda -Magdalena �lvarez y Jos� Antonio Gri��n- y quien fuera presidente del ejecutivo auton�mico durante 19 a�os, Manuel Chaves, y por eso les condena a penas que van desde la inhabilitaci�n, en el mejor de los casos, a la c�rcel por delitos de prevaricaci�n y/o malversaci�n.
La sentencia del caso de los ERE le impone a Chaves una pena de nueve a�os de inhabilitaci�n por prevaricaci�n y a su sucesor en el Palacio de San Telmo, a Gri��n, seis a�os y dos d�as de prisi�n, adem�s de 15 a�os de inhabilitaci�n. A la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Zapatero le impone la misma pena que a Chaves, nueve a�os de inhabilitaci�n por prevaricaci�n.
"Inimaginable" que Chaves no lo supiera
Los magistrados Juan Antonio Calle, Esperanza G�mez y Pilar Llorente son muy contundentes en lo que respecta al papel jugado por Chaves. La versi�n que dio en el juicio de que no estaba al tanto del detalle de estas ayudas no la consideran cre�ble ni por asomo.
Es "l�gico", dicen los jueces, que la modificaci�n en el procedimiento por el que se conced�an las ayudas -que fue lo que permiti� esquivar la fiscalizaci�n- no s�lo la tuviese que conocer el presidente del Gobierno andaluz, sino que tuvo que contar con su aprobaci�n y, de hecho, as� fue. �l presid�a el consejo de gobierno que le dio el visto bueno, pero es que, adem�s, les parece "impensable" que un cambio de las normas de tal calado lo decidiesen los consejeros de Empleo y de Hacienda por su cuenta. Esta hip�tesis, abunda la sentencia, es "inimaginable".
Tampoco se cree el tribunal al ex presidente cuando afirm� que no le llegaron las advertencias de la Intervenci�n y lo mismo con las cartas y denuncias que le llegaron a su despacho en San Telmo.
Por lo que respecta a Gri��n, su participaci�n se concreta en la propia elaboraci�n de los presupuestos en los que se inclu�a la financiaci�n de las ayudas, en el conocimiento del procedimiento irregular, las transferencias de financiaci�n, y en que le llegaron las advertencias de irregularidades de la Intervenci�n e hizo caso omiso.
Otros cinco ex consejeros han sido igualmente condenados en virtud de la resoluci�n de la Secci�n Primera de la Audiencia sevillana que supone un dur�simo golpe para el PSOE, que ha recibido la mayor condena por corrupci�n en la historia de la democracia espa�ola.
Los ex consejeros de Empleo Antonio Fern�ndez y Jos� Antonio Viera tambi�n ir�an a la c�rcel de ratificarse la resoluci�n -el Tribunal Supremo tiene la �ltima palabra-, que les impone, al primero, siete a�os,11 meses y un d�a de prisi�n, y al segundo siete a�os y un d�a, aparte de la inhabilitaci�n.
La misma pena le imponen los magistrados al ex consejero de Innovaci�n, Francisco Vallejo. Y un a�o menos de c�rcel recibe la ex consejera de Hacienda Carmen Mart�nez Aguayo. Gaspar Zarr�as, mano derecha de Chaves y que lleg� a ser su vicepresidente, es inhabilitado durante nueve a�os.
En el escal�n inmediatamente inferior se sit�an los directores generales y ex viceconsejeros, con Francisco Javier Guerrero, el ex director de Trabajo que ten�a la llave de la caja de los ERE, y quien le sucedi� en el cargo, Juan M�rquez. A ambos se les condena a siete a�os, adem�s de inhabilitaci�n por 19 a�os y medio y 18, respectivamente.
El origen de todo: Hijos de Andr�s Molina S.L.
El sistema, sencillo dentro de su complejidad, consist�a en sofocar los conflictos laborales financiando expedientes de regulaci�n de empleo de manera irregular, a escondidas, y beneficiando a determinadas empresas. Y siempre de forma consciente, sabiendo que lo que hac�an era sencilla y llanamente ilegal. Por si fuera poco, y tal y como recoge la resoluci�n en sus m�s de 1.800 p�ginas, "un importante n�mero de desempleados se vieron privados de las ayudas".
Simplemente, esas ayudas no se publicitaban y tampoco ten�an unas bases reguladoras que marcaran los requisitos para ser beneficiarios. Para la inmensa mayor�a de las empresas y de los trabajadores ni siquiera exist�an, de manera que se vieron abocadas a efectuar recortes en sus plantillas, en el primer caso, y se vieron en el paro, en el segundo.
La sentencia aporta un dato que permite hacerse una idea de la magnitud del fraude y de los perjuicios que caus�. Entre los a�os 2000 y 2009, cuando funcionaba el "fondo de reptiles", se registraron en Andaluc�a 9.461 expedientes de regulaci�n de empleo que afectaron a 120.829 trabajadores. Sin embargo, el dinero que repart�a la Agencia IDEA por orden del director de Trabajo Javier Guerrero s�lo alcanz� a 6.000 trabajadores en 270 expedientes de regulaci�n de empleo, a lo que hay que sumar la presencia de intrusos, de beneficiarios que fueron incluidos en los ERE de algunas de esas empresas, sin que jam�s hubiesen estado empleados en ellas.
El origen de todo lo sit�a la sentencia de la Audiencia sevillana en las ayudas que en el a�o 2000 dio la Junta a la empresa c�rnica jiennense Hijos de Andr�s Molina SA en forma de subvenciones excepcionales, lo que se top� con los reparos de la Intervenci�n, que rechaz�. Fue entonces cuando el Gobierno de Chaves cruz� la raya de la legalidad.
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