Representantes de empresas de tabaco, bebidas alcohólicas, refrescos, petróleo y automotrices intentan hacer que el Parlamento de Brasil deje sus productos fuera del alcance del Impuesto Selectivo, creado en el marco de la reforma tributaria para aplicarse a artículos perjudiciales para la salud o el ambiente.
La Cámara de los Diputados debate actualmente a qué productos y servicios se aplicará el nuevo tributo, también llamado "impuesto al pecado" —lo que podría tener impactos significativos y a largo plazo en los sectores elegidos. En una audiencia este lunes (24), las empresas presentaron argumentos para intentar convencer a los parlamentarios.
El punto de partida de la discusión es un proyecto de ley enviado por el Ministerio de Economía para regular el impuesto, creado por la enmienda constitucional de la reforma tributaria —promulgada a finales de 2023. El asesor de la Secretaría Extraordinaria de la Reforma Tributaria del Ministerio, Nelson Leitão Paes, abrió la audiencia pública y dijo que parte de los artículos a ser gravados están previstos hoy en la Constitución —como bienes minerales extraídos.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) tiene, según el secretario, países que gravan vehículos y otros que gravan combustible. "Pero el vehículo nos parece más adecuado para el impuesto", explicó.
Luiz Carlos Moraes, vicepresidente de Anfavea (Asociación Nacional de los Fabricantes de Vehículos Automotores), refutó la exposición de Hacienda. Para él, el aumento de la tributación encarecerá este tipo de producto, haciendo que el parque vehicular brasileño envejezca, contaminando más y causando más accidentes.