Entre ellos, el Gobierno rechazó una solicitud de acceso a la información pública presentada por el ambientalista Raúl Viñas, precandidato a la presidencia por la lista 669 del Partido Verde Animalista (PVA), que manifestó a Caras y Caretas que primero el Poder Ejecutivo “se tomó los 20 días que marca la ley para contestar que había sido insuficiente el tiempo” y después “se toman los otros 20 días de prórroga y 40 días hábiles después de la solicitud, “me contestan que no la pueden entregar porque dos días antes el presidente firmó la confidencialidad”.
En la respuesta para negar el acceso a la información, la Presidencia planteó que “toda la información y documentación intercambiada por las partes en su marco se encuentran amparados por una cláusula de confidencialidad que impide su revelación”, y se refirió a la resolución del 2 de mayo, en la que clasificó como confidenciales los datos del memorándum de entendimiento y su anexo.
Según Viñas, la confidencialidad de estas cosas no tiene justificación porque Uruguay es signatario del Tratado de Escazú (sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales) que está ratificado; el cual prevé que “en todo este tipo de contratos, el Estado tiene que darle la máxima visibilidad. Y no sólo eso, sino que específicamente lo que nosotros pedimos es la información relacionada a los temas ambientales”, porque “es lo que podemos pedir, tenemos derecho y no nos pueden negar”, explicó Viñas.
En ese sentido, la negativa del Poder Ejecutivo en entregar información sobre el memorándum de entendimiento fue recurrida judicialmente por el político ambientalista que está patrocinado por el abogado Rodrigo Speranza Rodríguez, con el objetivo de que la Justicia defina sobre la confidencialidad del acuerdo.
Primera audiencia con pocos avances y con una promesa condicionada
El martes 18 de junio, en la primera audiencia judicial para que el Poder Ejecutivo entregue la información del memorando firmado con la empresa HIF, representantes del Poder Ejecutivo pidieron tiempo hasta el próximo lunes 24 de junio para brindar información parcial del acuerdo suscrito, pero que antes de eso debían consultar a la empresa acerca de la divulgación del memorándum. Viñas entiende que “están haciendo dilatorias evidentemente, son las reglas del juego”.
Viñas comentó que en la audiencia se presentó por escrito el Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, estuvo representado por la asesoría legal, que tenían una “propuesta de entrega parcial de la información”.
“Dialogamos sobre la propuesta y lo que nosotros necesitamos conocer de los documentos firmados. Se mejoró la propuesta y los representantes del Poder Ejecutivo solicitaron una prórroga hasta el próximo lunes a fin de analizar qué información pueden entregar. Tema que además tienen que dialogar con la empresa, porque tienen firmada la cláusula de confidencialidad. Así que entonces el lunes que viene podremos saber finalmente si no hay problemas de la empresa”.
Respecto a la consulta que el Gobierno debía hacer a HIF, Viñas detalló que en la audiencia el juez les dijo que “eso lo podían haber preparado sin llegar al juicio”.
El ambientalista dijo que “el Poder Ejecutivo está dispuesto a entregar el memorándum, pero sin los anexos”, algo con lo que Viñas no está de acuerdo, puesto que en los anexos puede haber información sobre los aspectos ambientales. Como ejemplo, explicó que en el contrato con UPM un anexo era el proyecto del tren.
Manifestó que “si no quieren mostrar el anexo, bueno, que estábamos de acuerdo en que un técnico habilitado exprese qué partes son ambientales y deben ser entregadas, y qué partes verdaderamente son absolutamente económicas. Porque incluso en la parte económica es muy amplia y puede haber temas ambientales”.
Viñas explicó que lo que quieren saber son dos cosas. Por un lado “los compromisos asumidos por el Gobierno que puedan afectar el ambiente -porque el ambiente se afecta incluso si le asignás una zona franca, porque perdés el control del territorio- y queremos saber a qué tipo de compromiso se llegó también en las cosas más específicamente ambientales, como los efluentes de la planta, todo eso que, o está ahí, o va a ser incluido en el contrato secreto que ya se está trabajando”.
Más dudas que certezas sobre planta de hidrógeno verde
Al precandidato a la presidencia por el PVA le preocupa que la sociedad conformada principalmente por empresas mineras chilenas, “en sí hoy no tiene nada, hoy es una empresa de papel”. “Entonces nosotros podemos ser el primer lugar donde la empresa se dedica a una actividad comercial”, advirtió Viñas. “Porque ellos lo que tienen en chile es una planta piloto, pero una planta piloto que produce 11 toneladas de combustible mensual, y dicen que en acá van a obtener 180.000 anuales, que son 15.000 por mes. O sea que hay una escala superior a 1000 % entre lo que la empresa tiene hecho y lo que dice que va a ser en Uruguay”.
Además, Viñas tiene “serias dudas”, por ejemplo, “con la ubicación de la planta”. “Ayer (lunes 17) estuve en Paysandú, traté de llegar al lugar, no hay forma de entrarle, está todo cerrado. Están todas las porteras cerradas y con unos carteles de propiedad privada no pase. Seguramente están en su derecho de hacerlo. Algunos de los caminos, la gente de la zona que iba conmigo me decían: antes nosotros por acá pasábamos, íbamos al río, pero ahora no, todo eso está cerrado”, lamentó.
El tema es que la planta “se va a instalar supuestamente frente a la isla de Queguay Grande (al norte de la ciudad de Paysandú), que está propuesta para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. Viñas alertó que “el brazo del río que separa esa isla, que es uruguaya, es un tramo del río que en algunos momentos lo cruzás a pie y no te mojas el pecho”. Entonces, “de ahí van a sacar el agua y ahí van a arrojar los efluentes, porque la producción de hidrógeno verde genera efluentes, según el estudio que presentó la empresa ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea)”, alertó. “Hay efectos, no es inocente” la planta.
En un artículo publicado por el precandidato presidencial por el Frente Amplio, Andrés Lima (“La gran estafa del hidrógeno verde”), advertía sobre determinados impactos ambientales de este tipo de proyectos, por ejemplo, con respecto a la producción de energía eólica y solar, pilares del hidrógeno verde, que “depende en gran medida de la minería de tierras raras, un proceso altamente contaminante”.
Sobre este punto, Viñas explicó que lo referido tiene que ver con la producción de energía eléctrica mediante la instalación de paneles solares. Advirtió que no sabe “cómo van a hacer para justificar el hecho de que acá la producción eléctrica tienen prevista hacerla en 40 mil hectáreas”, de las cuales “son 6.800 aproximadamente las que van a estar tapadas de paneles solares”. Lo que quiere decir que “en toda esa área el suelo no va a recibir las lluvias directamente y no va a recibir el sol, porque va a estar toda la sombra de los paneles”. Y lo que es “más complicado”: “No pueden crecer plantas, porque si crecen plantas les hacen sombra a los paneles”, indicó.
“Estoy seguro de que no van a mandar obreros con el cardillo para sacar las plantas”. Como hacen en otros países, “en esas 6.800 hectáreas, cada 90 días las van a estar bañando con herbicidas para que no crezcan plantas”, alertó Viñas.
El ambientalista dijo estar preparado para el “segundo round”, que se llevará a cabo en el mismo juzgado el próximo lunes 24, donde el Poder Ejecutivo deberá dar una respuesta concreta al pedido de información ambiental efectuado por Viñas.
