Consumo insta a los ayuntamientos a sumarse a su investigación contra los pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para ofrecer a ciudades de todo el país la posibilidad de que se sumen a la investigación que el departamento que encabeza Pablo Bustinduy puso en marcha a comienzos de este mes.

Consumo se centra ahora en averiguar si las plataformas de alquiler de pisos turísticos podrían estar incurriendo en prácticas desleales sancionables por anunciar viviendas de alquiler turístico que no disponen de licencia para operar con este fin. 

El ministerio quiere que las plataformas de alquiler vacacional investigadas envíen a su organismo información sobre la oferta que comercializan en algunas ciudades en las que se están anunciando pisos sin licencia.

Esta información incluiría la identificación de los arrendadores de los pisos turísticos que se anuncian en sus portales, así como si los propietarios disponen de las licencias pertinentes, unos permisos que varían entre comunidades autónomas e incluso ayuntamientos.

En su carta a la FEMP, la Dirección General de Consumo ofrece a las ciudades españolas que puedan unirse a su plan de actuación y pone sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de formar conjunta en la identificación de estas viviendas ilegales.

El Gobierno valora cambiar la ley para vetar los pisos turísticos en comunidades de vecinos

Consumo recuerda que dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022 y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas.

El Gobierno ha optado por estudiar posibles infracciones basándose en la lesión de derechos de los consumidores como vía para atajar esta proliferación de pisos turísticos amparándose en el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

Dicha normativa recoge "la obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección" como uno de los puntos de conflicto, con sanciones que pueden llegar hasta los 100.000 euros. 

Consumo señala en su carta a la FEMP el "importante impacto en el modelo de ciudad" que tienen las viviendas turísticas y "la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones" para poder garantizar que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios, así como para velar por una competencia legal en un sector "que profundiza en la habitabilidad de las ciudades".