Perú: desmontando la democracia

A primera vista podría parecer un asunto “de abogados”. Especializado; no se trata de eso. Tras esa apariencia es un paso muy grave en el proceso -en marcha- de desmontar la democracia en Perú. Con lamentables semejanzas a otras dinámicas contemporáneas de demolición de la independencia judicial. Porque a eso apunta la reciente decisión del Congreso peruano de abrir una “investigación sumaria” a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el plazo máximo de 14 días hábiles, por “causa grave”. El objetivo explícito es lograr la remoción total del colegiado, designado en concurso público transparente.

¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan relevante la JNJ?

Primero lo primero: la JNJ es una entidad esencial en Perú para la independencia judicial, en general, y, además, para la del sistema electoral. Su tarea constitucional es de dimensiones: designar, fiscalizar y poder sancionar a jueces/zas y fiscales en todos los niveles, incluidas las autoridades del sistema electoral. Y eso lo ha venido haciendo con profesionalismo y corrección.

En otros países lleva el nombre de Consejo de la Judicatura -o semejantes- y es un tipo de institucionalidad que el sistema de derechos humanos de la ONU ha venido alentando y alienta. Se le ve como un espacio que puede ser crucial para la independencia judicial asegurando que los procesos de nombramiento o investigación sean pulcros e independientes del poder político.

Como diría Hamlet de Shakespeare: “esa es la cuestión”.

Pues lo que está en marcha claramente es precisamente el desmontaje institucional, a todo vapor, de la JNJ en Perú. Esta reciente decisión del Congreso tiene un objetivo evidente: acabar gradualmente con los pesos y contrapesos institucionales, esenciales en una democracia. Ello para poder meter las manos en la designación de las autoridades electorales, en la de jueces/zas y en su evaluación.

Así de simple y de evidente. Esa es la razón por la que este lamentable proceso ya viene siendo observado con tanta preocupación por la comunidad internacional.

En pronunciamientos claros como la condena pública ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresada este lunes desde Ginebra, por ejemplo, por el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante el foro de derechos humanos más importante del mundo. Cuando a fines de este mes de setiembre Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, visite Perú se sorprenderá, seguro, que la independencia judicial se encuentra bajo ataque. Mientras, el país gestiona, cándidamente, en paralelo, su incorporación a la OCDE, foro institucional con sede en París, el más influyente en el mundo en materia de desarrollo económico, educación y medio ambiente. Digo “cándidamente” porque, como es obvio, un país que le mete un zarpazo así a la independencia judicial está automáticamente excluyéndose de uno de los espacios institucionales más relevantes para la inversión y el comercio de los países democráticos.

Todo esto ocurre bajo los tambores de guerra del desprestigiado Congreso peruano (90% de desaprobación). No se exagera cuando se dice que al Congreso lo maneja una “banda delincuencial”, está presidido por un señor condenado judicialmente por estafa y con varias otras investigaciones penales en curso. Por su lado, la comisión que investigará “sumariamente” a la JNJ está integrada,

mayoritariamente, por congresistas con procesos de investigación penal por delitos comunes. Tres congresistas están denunciadas por recorte ilegal de sueldo a sus trabajadores en el Congreso. Denuncias derivadas -todas- desde enero a la Fiscal de la Nación, quien luego de más de ocho meses, aún no actúa. Actualmente, 57 congresistas están investigados, por distintos delitos, por el ministerio público.

En esta suerte de ópera bufa, la cuestionada Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, opera como útil herramienta. Investigada ella misma, por consideraciones de peso, por la JNJ, pero construyéndose impunidad para sí misma para librarse de esa investigación. Si alguien ve una semejanza a lo que ocurrió en Guatemala durante el “pacto de los corruptos”, no se equivoca. Coinciden los observadores en que en el caso peruano la actual Fiscal tiene mucho de “parte interesada” en la sobrevivencia o liquidación de la JNJ pues a ella la JNJ le tiene abiertas tres investigaciones que no son por minucias.

Un hecho comprobado: al asumir sus funciones a principios de año la novísima fiscal Benavides removió -verticalmente- a varios fiscales de los casos que venían manejando. Entre otros, nada menos que a la fiscal que investigaba por presunta vinculación en un caso de narcotráfico a la jueza Emma Benavides, precisamente, hermana de la Fiscal de la Nación. Y, ¡oh, paradoja! la cuestionada Fiscal denunció, por su lado, a la JNJ; nada menos que por investigarla. De Ripley. Por ese hecho y otras “perlas” la JNJ le tiene abiertas tres investigaciones.

Muy grave que siendo cabeza del ministerio público, para bloquear la investigación de la JNJ haya buscado y obtenido una resolución judicial de primera instancia, fundada en parte en normas derogadas. Ya que esa resolución está siendo apelada ante el Tribunal Constitucional, sería gravísima la responsabilidad del TC si deja pasar ese atropello grosero a la institucionalidad.

Todo esto está reavivando al clamor de que se adelanten las elecciones generales dado el desastre hacia el que se está marchando. Mientras, la comunidad democrática -incluidas las iglesias- protestan contra este atropello del Congreso y la lenidad del gobierno. Que ha llegado al extremo de rechazar que la ONU, correctamente y en concordancia total con instrumentos internacionales de los que es parte Perú, haya expresado su cuestionamiento a este atropello.

Mientras, algunas organizaciones internacionales democráticas y de derechos humanos vienen proponiendo que se solicite a la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Instrumento jurídico internacional propuesto por Perú y adoptado por consenso interamericano el 2001, precisamente para actuar contra demoliciones democráticas “desde dentro”, como había sido el caso del “autogolpe” de Fujimori en 1992. No es mecanismo sancionador, sino de buenos oficios y de alto nivel para promover salidas a crisis democráticas. Como la que hoy afecta a Perú.

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