Huevos agusanados, fruta podrida, cebollas con moho y leche china: la comida que llega a las residencias y centros de menores de Madrid

Enero de 2024. Un camión llega a un centro de discapacitados intelectuales para entregar la fruta de sus menús. Está muy sucio. Lleva su carga a temperatura ambiente. El conductor desconoce dónde está el certificado que habilita al vehículo para transportar mercancías perecederas. Y pone las cajas con la comida directamente en el suelo. Los inspectores de Quimicral, contratados por la Comunidad de Madrid para fiscalizar desde 2022 la calidad de los alimentos que proporcionan tres empresas a las 82 residencias de mayores, centros de menores, ocupacionales o para discapacitados, y comedores sociales públicos, no se sorprenden. En una ocasión les han contado que había cucarachas vivas en un saco de patatas, sin que ellos las vieran. En muchas, que los centros reciben fruta podrida, o alimentos con moho, además de materia prima que hay que devolver porque hiede. Así consta en la transcripción de las actas de sus inspecciones, a la que accedió EL PAÍS, y que muestran que los problemas “anecdóticos” que ha reconocido el Gobierno han sido, en realidad, “repetidos” y “reiterados” en 2022 y 2023, según documentación pública. El Ejecutivo asegura que aplica controles para devolver los productos estropeados antes de que sean cocinados y servidos, y que los va a incrementar.

“Ayuso subastó la alimentación de centros de menores y residencias públicas al peor postor”, lamenta Lorena Morales, diputada del PSOE de Juan Lobato en la Asamblea de Madrid, donde los socialistas llevan luchando desde 2022 contra un contrato dividido en ocho lotes que cifraba en menos de 6 euros al día por persona el precio medio a pagar por alimentar a los usuarios. “Y cuando pagas una miseria, miseria recibes”, razona. “La Presidenta y sus Consejeras [en referencia a Concepción Dancausa y Ana Dávila] conocían la gravedad de lo que ocurría, pero miraron a otro lado para no sancionar a las empresas”, añade esta representante pública, que ha podido consultar las actas de las inspecciones. “La Comunidad de Madrid puso en riesgo la salud de las personas más vulnerables: miles de niños y mayores. Si los alimentos no llegaron a los platos fue porque el personal de los centros sí actúa con responsabilidad. Pero las empresas sí los sirvieron. Es una vergüenza tan grande que deben responder con sus cargos. La comida podrida ya es marca Ayuso”.

Esto argumenta un portavoz del Gobierno regional. “Se ha apostado por el máximo control en la alimentación de las residencias y por eso precisamente se impulsó que uno de los lotes del contrato estuviera dedicado solo a controles, auditorías y analíticas para detectar cualquier anomalía”, afirma. “Estas actividades refuerzan los controles que realizan los profesionales de cocina de los centros en los puntos de recepción”, sigue, detallando las medidas adoptadas frente a los incumplimientos de las adjudicatarias. “Rechazo y devolución de la mercancía que no cumple las calidades especificadas en los pliegos (...) y sustitución”, enumera. “Tramitación de penalidades”, sigue. “Comunicación a las Autoridades Sanitarias cuando se han detectado deficiencias en algún medio de transporte de alimentos”.

La Comunidad de Madrid da cada día 50.000 comidas principales en las residencias, según ha detallado en varias ocasiones. Ese dato mastodóntico ha servido al gobierno como escudo: en ese contexto, dijo en 2022 la entonces consejera Concepción Dancausa, se ha recibido “alguna queja (...) que no justifica convertir lo anecdótico en categoría”.

Sin embargo, los informes de Quimicral muestran que el problema de la mala calidad de la materia prima no es puntual. Este es el retrato de una realidad dolorosa descrita con la asepsia de los cientos de páginas que componen las actas de inspección. La muestra abarca de septiembre de 2022 a abril de 2024. Y los problemas se repiten una y otra vez, aunque disminuyen a partir de 2023, y la situación parece mejorar en el arranque de este año. De un lado hay productos que llegan en mal estado, y que no se sirven, según la Comunidad. Del otro, productos de baja calidad que en ocasiones sí llegan a los usuarios, según los afectados y la oposición.

Se encuentra moho en cebollas. En quesos. En codillos. En empanadillas. En ajos. En croissants. En panes de molde. En fresas. En kiwis. En mandarinas. En magdalenas. En naranjas. En quesos rallados. En chorizos. Moho, moho y más moho. Pero no solo moho. Peor.

Están las cosas que se mueven: cajas de huevos con presencias de moscas; huevos “podridos y agusanados”, según refleja la documentación con la que se multa su entrega; “un cuerpo extraño de un filete de pollo, que parecía un bicho o algo no identificado”... o cucarachas vivas dentro del saco de patatas que recibe una residencia de mayores (”la empresa que realiza las auditorías no ha podido constatar ese hecho”, dice el Gobierno, que reconoce que un trabajador refirió la llegada del pedido en esas condiciones).

Están los alimentos que apestan: se devuelven gallinas por el mal olor que desprenden al abrirlas; y hay quejas del mismo tenor sobre traseros y pechugas de pollo; doradas, lubinas, coliflores...

Y están los productos con los que los cocineros no saben qué hacer. Así, la responsable de cocina de una residencia asegura no haber visto nunca un “lenguado” de esas características. En una residencia se quejan de haber recibido caballas abiertas a la mitad y sin desespinar. Y en un centro ocupacional describen “trozos de plástico transparente en las dobleces del pescado y con restos de víscera”.

“Platos incomestibles”

“[Los] Platos [son] incomestibles”, se concluye tras una visita a una residencia infantil. Son frecuentes las quejas señaladas en los informes por el mal estado o la mala calidad de los alimentos, que en ocasiones se reciben ennegrecidos: ocurre con acelgas, sandías, pepinos, tomates, lenguados, salmones, pimientos, naranjas, uvas, ciruelas, piñas, huevos, paraguayas, patatas, nectarinas...

También hay protestas por los productos sin trazabilidad, es decir, que llegan sin que se pueda saber de dónde vienen o cuál es su caducidad.

Es igualmente repetitiva la observación de que los vehículos de reparto no respetan las temperaturas adecuadas, ni dividen correctamente los alimentos. Incluso se señalan casos en los que el reparto se realiza en vehículos particulares (”Se recibieron huevos en el maletero de un coche”). Y hay quejas por la falta de precauciones mínimas (”caja de conejo no protegida adecuadamente en la cual se observa parte del producto sobresaliendo de la caja y sin etiquetar”).

Por todo ello, protestan los usuarios y sus familias. Hay “galletas que los comensales no quieren”. En un caso, se denuncia la llegada de “carne de almejas con conchas” y que “tienen problemas de atragantamientos”. En otro, que hay niños de una residencia infantil que han adelgazado porque no comen. También se atestigua que son múltiples los casos de devolución de alimentos en mal estado, caducados, o sin fecha de caducidad, lo que obliga a improvisar en ocasiones los menús.

“Desde septiembre de 2023, la AMAS cuenta con una nueva Unidad de Seguimiento y Control de este contrato de alimentación, que realiza también funciones de verificación y auditoría de los trabajos desarrollados por la empresa adjudicataria del lote 9 (Quimicral S.L.), sobre 9.000 menús diarios y aproximadamente 3,3 millones de menús al año”, apunta un portavoz del Gobierno, que cambió este 2024 el contrato de suministro, subiendo el precio del menú con la excusa de la inflación. Una admisión implícita de un problema favorecido porque las empresas interesadas compitieran bajando los precios de los menús para ganar los contratos.

“Se va a llevar a cabo un sistema de auditoría a partir de aquí, con unas 400 auditorías en lo que queda de año, y 1.000 el que viene, con dos por residencia”, afirma una fuente con poder ejecutivo en el Gobierno. “Se van a analizar todos los problemas que pueda a haber, se harán recomendaciones, y si hay situación de riesgo, será identificada y sancionada en su caso”.

Sin embargo, las multas impuestas hasta ahora por los fallos detectados por los informes de Quimicral apenas llegan a 58.000 euros en total, según información publicada en el portal de contratación que afecta a una sola de las tres adjudicatarias de los ocho lotes en los que dividió la administración el servicio. Se trata de la Plataforma Femar, ganadora de cinco de los ocho.

“Se produjeron errores de los proveedores, no nuestros, que somos una plataforma de compra”, lamenta Ignacio Muñiz, el gerente de esta empresa andaluza. “Hemos perdido 1,5 millones de euros en este contrato, suministrando alimentos de una calidad excepcional, siempre buscando la excelencia, y con una evaluación satisfactoria”, asegura. “Lo que ocurrió en 2022 y 2023 es que a la crisis de Ucrania [gran productor de ceral] se unió la sequía y la inflación, por lo que apenas había cultivo y el producto es el que había en el mercado, no había más opciones”, argumenta. “Había una escasez tremenda”, subraya. “Cuando hubo problemas, reclamamos al proveedor, sustituimos el producto en el día... pero semanalmente movemos 500, 700 o 1.000 palés, con 700 cajas por palés, y, aunque tenemos controles muy rigurosos, es imposible revisar todas las cajas”.

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