El breve caso del ciudadano López López contra la presidenta Díaz Ayuso

El miércoles 10 de abril por la mañana, Juan Pablo López López se montó en un Cercanías rumbo al centro de Madrid. No era un pasajero cualquiera. En su mano llevaba una denuncia contra doña Isabel Natividad Díaz Ayuso “por permitir la muerte de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid”. Buscaba causar un terremoto político.

Su instinto justiciero se había encendido días antes cuando googleó “Cómo poner una denuncia contra un aforado”. Descubrió que no hacían falta abogado ni procurador y decidió “ir a saco”. Se pasó tres días preparando el caso. Recopilando informes y noticias. Redactando al ordenador el escrito. Cuando todo estaba listo, le dio a la tecla de imprimir y el aparato comenzó a expulsar las 19 páginas. Su mujer le preguntó qué estaba tramando y él le explicó que era un tema político. Ella lo entendió y prefirió no ahondar. En casa nunca hablan de política o religión.

López López es uno de los pocos vecinos que votan a la izquierda en Pinar de Chamartín, su barrio del norte acaudalado de la capital. Siete de cada diez apoyan a Ayuso. En un puñado de calles, la presidenta ganó el año pasado el 78,5% del voto. Él conduce un Audi y juega al golf en La Moraleja, pero vota por los partidos que defienden la justicia social. Tiene 62 años y es un exdirector de sucursal bancaria que se prejubiló hace tres años. Ha sido de izquierdas desde adolescente, por reacción contra las ideas franquistas de su padre. Pensaba que con la edad iba a volverse más conservador, pero le ha pasado al contrario. Tampoco le ha cambiado vivir entre gente pudiente. En lugar de amoldarse a las ideas de amigos, familia y vecinos, ha resistido. Se ve a sí mismo como una “rara avis. Pero rara, rara”.

No tenía un motivo personal para montarse en ese tren de camino al Supremo. No se había muerto un familiar suyo ni nadie que conociera, pero le había causado una indignación profunda el abandono que sufrieron en marzo y abril de 2020 las personas mayores que vivían en residencias madrileñas. Desde hace tres años, coincidiendo con su prejubilación, dedica buena parte de su tiempo a acompañar a su madre, que padece alzhéimer. Montado en el tren, iba pensando en la posibilidad de hacerle justicia a los 7.291 mayores que perdieron la vida en residencias desprovistas de medios.

En su vida había pisado el Supremo. Pasó el control de metales y un guardia de seguridad le indicó el camino. Se acercó a la ventanilla y la funcionaria que recogió el escrito leyó el arranque y abrió los ojos como platos. “Carta de presentación demanda judicial penal contra Isabel Natividad Díaz Ayuso”. La administrativa le puso el sello y él se marchó por donde había entrado. La gestión no duró en total ni un minuto.

Última hora

Lo siguiente que supo López López lo conoció dos meses después, por la misma vía que el resto de ciudadanos. El jueves 20 de junio, poco después del mediodía, saltaron las alarmas de múltiples medios.

“ÚLTIMA HORA. El Supremo archiva una denuncia contra Ayuso por las muertes en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia”.

Los magistrados de la Sala de lo Penal declaraban que la denuncia era demasiado genérica y no demostraba la causalidad entre las órdenes de no derivación a los hospitales (”los protocolos de la vergüenza”) y las muertes.

López López había perdido, pero con su pequeño gesto había logrado un impacto enorme. Su denuncia marcó agenda. La noticia aparecía en los principales medios. En Twitter provocaba reacciones. Los detractores de Ayuso veían la decisión como una prueba más de la politización de la justicia. Los partidarios celebraban que una vez más los tribunales les daban la razón.

La mano derecha de Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, aprovechó la ocasión para recordar que los jueces han tumbado por ahora todas las acusaciones contra la presidenta. “Ya he perdido la cuenta”, tuiteó Serrano. “Seguramente que a quienes juegan con el dolor de las familias les importará poco saber que sus miserables acusaciones no tienen fundamento”.

Las familias que llevan cuatro años empantanadas en los juzgados se querellaron contra Ayuso en 2020 y el caso fue derivado al Supremo, porque ella está aforada ante ese órgano. El Alto Tribunal devolvió entonces la querella a los juzgados de primera instancia e instrucción para que ellos se encargaran de la investigación. El asunto se fragmentó en múltiples sedes, en función del lugar donde se encontraba la residencia de los fallecidos. Y ahí, o recurridas al Constitucional, siguen decenas de querellas. Los jueces han archivado en múltiples ocasiones con el mismo argumento que le ha dado el Supremo a López López: no consideran probado que los protocolos causaran las muertes.

Nunca más se había vuelto a oír del Supremo. Por eso, la noticia dejó desconcertados a muchos en las asociaciones y partidos que han abanderado esta lucha.

La otra razón para la confusión era que nadie conocía al denunciante. La resolución de archivo que difundió el Supremo a los medios solo contenía sus iniciales: J.P.L.L. Así que lo único que se publicó entonces es que el escrito procedía de “un particular”.

Nadie se había aproximado a las familias comunicándoles que había presentado una denuncia contra Ayuso en el Supremo. Nadie conocía a alguien que respondiera a las siglas J.P.L.L. Todo parecía tan extraño que surgió la duda de si se trataba de un ataque de falsa bandera (una denuncia de alguien del PP) ejecutado con el fin de usarlo como parte de la propaganda de la presidenta.

La identidad de López López ha sido conocida por este periódico porque, una semana más tarde, escribió un correo a Marea de Residencias pidiéndoles ayuda para presentar un recurso de amparo al Constitucional. Les contó que quería encontrar el caso de alguna víctima para reforzar su pretensión.

Unos días más tarde, López López se sienta a tomar un café en una cafetería de Ciudad Lineal. Viste un polo azul de Ralph Lauren, “que no es falso, pero puede tener diez años”, unos vaqueros y zapatillas deportivas. Habla con EL PAÍS a propuesta de este periódico. Cuenta que él nunca ha buscado protagonismo y que esto lo ha hecho por imperativo moral. Igual que cuando acude, casi siempre solo, a las manifestaciones por la sanidad pública o por los fallecidos en residencias. También fue a la marcha del domingo 28 de abril de apoyo al presidente Pedro Sánchez, durante sus cinco días de reflexión sobre su continuidad. Él asegura que nunca ha militado en el PSOE. A veces ha votado a este partido y otras a opciones más a la izquierda.

Su escrito es una recopilación de hechos ampliamente conocidos, con mucho corta y pega: declaraciones de Alberto Reyero, el exconsejero al mando de las residencias que se rebeló contra Ayuso; el real decreto que prueba que la Comunidad conservó las competencias sobre residencias; o un estudio sin traducir del inglés de la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, sobre las consecuencias de no derivar a hospitales.

Cada vez llegan al Supremo más denuncias políticas, según una portavoz. Es un fenómeno que crece año tras año, quizás vinculado a la polarización social. Algunos denunciantes son organizaciones creadas expresamente para este fin, como las ultraderechistas Manos Limpias o Hazte Oír. Otras veces son particulares que ni siquiera dan publicidad al caso, como López López. “El 99% se inadmiten”, explica.

Él se ha tomado la derrota con deportividad. No tenía grandes esperanzas, pero sentía que debía intentarlo para calmar su conciencia. También ha presentado en los últimos meses dos reclamaciones online ante el Consejo General del Poder Judicial, pidiendo sanción al juez Juan Carlos Peinado y a los jueces que difundieron una guía contra la amnistía para los jueces que lleven casos relacionados con el procés. Las dos han sido desestimadas.

No todo han sido derrotas. En el año 2000, presentó una queja al Defensor del Pueblo porque, como es diabético, debía renovar el carné de conducir anualmente, pagando el mismo precio que el resto de conductores. Tras recibir esa reclamación y una treintena más, la ley cambió en 2002 para reducirles esas tarifas, según confirma una portavoz del Defensor. Entonces, se movía por interés personal. Ahora, las cosas son diferentes.

Así es la nueva vida de este jubilado que interviene en política desde el escritorio de su casa. Para su recurso de amparo al Constitucional por el archivo en las residencias, ha hablado con su abogada, que es una amiga (“de derechas”). Está valorando sus opciones, a la espera de si aparece un caso particular al que ligar sus argumentos.

Para él, esto va más allá de las siglas políticas. “Es cuestión de humanidad”, explica. “Aunque parezca mentira en el siglo XXI, cada vez hay más injusticias, y si no hago algo, me llevan los demonios”.

Escriba al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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