La redención truncada del narco que se hizo guardia civil

Cuando el padre de Miguel, un funcionario de recta carrera, descubrió que su hijo andaba metido en el narco no podía dejar de llorar. “Tenía pesadillas con que acabaría en la cárcel… Y al final entré, pero por algo que no había hecho”, rememora Miguel con voz sombría, oculto tras un nombre ficticio. En el lapso de más de 25 años que va desde ese amargo momento al presente, a Miguel le ha dado tiempo de casi todo: de embarcarse en lanchas atestadas de hachís en el Estrecho a ser su propio jefe en el narco; y de entrar en la Guardia Civil “por accidente” a acabar defenestrado en el cuerpo por una acusación que quedó en absolución. Ha llegado a sus 44 años con una certeza: “Quise enmendar mi pasado, pero en la Guardia Civil nunca me perdonaron ser el chico del pasado oscuro”.

Miguel fue detenido en febrero de 2016 y absuelto en la primavera de 2023 por la Audiencia Provincial de Cádiz, que declaró nula la mayor parte de la investigación. Él sostiene que se trató de una “persecución sin pruebas”. Y asegura que se trata de una forma de proceder parecida que ahora denuncian varios jefes del OCON Sur, el grupo de la Guardia Civil encargado de la lucha contra el narco, sobre un supuesto montaje urdido en una investigación contra ellos. El agente —que sigue siendo miembro del cuerpo, aunque ahora está de baja— se decidió a hablar con este periódico, para contar su historia, días antes de que unos narcos asesinasen a dos agentes en el puerto de Barbate (Cádiz). Y se ratificó en su relato días después, cuando, a raíz de ese crimen, se produjo todo el debate político sobre la investigación a OCON Sur.

Miguel fue detenido en su puesto de trabajo, a primera hora de una mañana de marzo de 2016, junto a más de una decena de personas, acusadas por la Udyco de la Policía Nacional y el Servicio de Asuntos Internos (SAI), las mismas unidades que investigaron a los jefes de OCON. Lo investigaban de formar parte de una red que introducía hachís a bordo de camiones por el puerto de Algeciras. Él acusa a los investigadores de alteración de pruebas y de usar técnicas coactivas. Durante los 14 meses que duró su prisión preventiva, el guardia civil asegura que recibió dos visitas de personal del SAI, una de ellas acompañado del policía instructor, en la que asevera que le presionaron para firmar “una declaración preparada para empapelar” a tres guardias. Entre ellos se encontraban David Oliva y Javier Fuentes, los jefes de OCON ahora investigados. “Me pidieron cualquier cosa de ellos. Decían que me querían ayudar, pero era una encerrona. Me dijeron que, si no, meterían a mi mujer en una investigación por blanqueo o que le contarían unas falsas relaciones extramatrimoniales”, añade Miguel, que denunció, sin éxito esas supuestas presiones al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y a la Fiscalía.

“Para mí nunca existió presunción de inocencia interna, solo querían que afirmase algo que no era así”, sentencia el agente. La Guardia Civil, preguntada por este periódico, declina dar explicaciones, alegando que no va “a entrar a justificar el trabajo de Asuntos Internos” ya que es una unidad que “actúa con discreción”. Fuentes judiciales señalan que no está prohibido que los investigadores traten de obtener información de los presos ofreciéndoles a cambio beneficios penitenciarios, pero apostillan que “no es legal” usar técnicas de coacción. Además, añaden que “solo por lo que diga alguien no puedes iniciar una investigación”.

Tras librarse de la prisión preventiva con el pago de una fianza de 160.000 euros, Miguel acabó por sentarse en el banquillo acompañado de su esposa —ella por blanqueo de capitales y falsedad documental por una supuesta venta fraudulenta de un piso— en diciembre de 2022. El juicio acabó en absolución para ambos, después de una cascada de nulidades de pruebas, motivadas por errores en la investigación y en los plazos de instrucción que dejaron la causa en un fiasco. Sólo nueve personas fueron condenadas a penas de menos de un año de prisión. La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, deja claro que “no fue desplegada en el juicio prueba alguna que pudiera mostrar, más allá de toda duda razonable, la comisión de los restantes delitos que fueron objeto de acusación”.

Un cambio imposible

“He cometido delitos peores que el que me imputaban, pero nunca usando mi condición de guardia civil, a diferencia de otros compañeros que se han vuelto delincuentes”, afirma Miguel. No esconde su pasado como narco. Se embarcó por primera vez en una lancha de hachís a finales de los años 90, justo cuando el negocio estaba en plena reconversión de las pateras de madera a las primeras embarcaciones semirrígidas, más pequeñas y menos potentes que las actuales. “El negocio de entonces no tiene nada que ver con el de ahora. Soy de una generación en la que si te cogían, te cogían. La ley del mar es ayudar y mira hoy en día”, explica en referencia al reciente asesinato de dos compañeros en Barbate arrollados por una narcolancha.

Miguel, hijo de una familia de clase media de la zona del Estrecho, entró en el mundo de las drogas cuando era apenas un adolescente: “Mi afán se convirtió en volver todos los días a casa con dinero”. Primero fue punto —en el argot, los que dan soplos de la presencia policial—, y luego se embarcó en lanchas del hachís. “Eran años de coser y cantar”, recuerda. El ascenso en el narco llegó rápido —”toqué poca agua”, precisa— y pronto se vio organizando portes de droga desde Marruecos a la península por Málaga: “Yo era mi propio jefe. Siempre he trabajado con el más fuerte”. Durante esos años, Miguel compatibilizaba su próspero y peligroso negocio en el mar con su puesto como militar, al que se incorporó en los últimos años de la mili obligatoria.

El cambio llegó de forma inesperada en 2004, cuando decidió unirse al coche de un grupo de compañeros que iban a examinarse en la Academia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) “para conseguir los días libres” e irse de fiesta. Aprobó sin plaza. Luego, pasó las pruebas físicas. “Soy guardia civil por accidente, no por vocación”, reconoce sin rodeos, “pero al entrar quise dar un cambio a mi vida y dejar ese mundo atrás”. “Le tuve que explicar a mi gente del narco que lo dejaba justo cuando habíamos dado un palo en El Palo [un barrio de Málaga], así que se quedó al frente mi primo, pero acabó detenido poco después”, explica el agente.

El escándalo acompañó a Miguel desde sus comienzos en la Guardia Civil. El rumor de que era narco le acompañaba. Llegó a estar investigado en una causa de blanqueo por una narcolancha que tenía a su nombre, aunque el caso quedó en nada. “Optaron por repudiarme”, relata. Y así acabó enganchando destinos en Madrid, Barcelona o País Vasco. Pero Miguel tenía informantes en el hachís, interconectados a su vez con otras organizaciones criminales con delitos de sangre o vinculadas con el yihadismo. “Hubo oficiales que se dieron cuenta que podría aportar cosas, así que pensaron: ‘En vez de repudiarte vamos a aprovecharte”, recuerda. Él solo puso una condición: “Que no me pidiesen cosas de drogas porque no soy un mierda que entrega a sus amigos. Pero en seguridad ciudadana y terrorismo participé en todo lo posible”. Fueron años de esclarecimiento de sucesos que implicaban a sicarios e incluso de dar con los primeros yihadistas captados que acabaron en Siria, por los que recibió felicitaciones.

El agente llegó a creer que la Guardia Civil podría ser su redención, hasta que la investigación que le cercó durante ocho años le recordó que en el cuerpo no habían olvidado su pasado: “Que los jóvenes sepan que lo que hagan ahora tiene consecuencias para el resto de sus días”, subraya. Así que cuando se enteró de que unas nuevas pesquisas señalaban a otros compañeros, entendió que solo debía lealtad a estos: “[David] Oliva y Javi [Fuentes] son honestos, y menos se van a corromper por un clan del hachís de tercera. Les avisé de que iban a por ellos mucho antes de lo que dice la investigación para intentar meterles cohecho y revelación de secretos. Me enteré porque ellos [los investigadores] acudieron a narcos y a otros agentes investigados que conocía. Da igual que les condenen, querían quitarles de en medio”. Es justo lo que declaró en abril de 2023 ante el juez de la Audiencia Nacional en la causa que investiga a los jefes de OCON, ahora en un Juzgado número 5 de Parla.

En todos estos años, Miguel nunca ha perdido sus amistades en los submundos del hachís, aunque asegura que ya no se dedica a ello. No oculta que los beneficios de la droga le han dado para llevar una vida cómoda: “Tengo dinero y propiedades. He sido narcotraficante, pero mi dinero lo he empleado en mi vida, mi casa. La mayoría no tiene cabeza y no piensan que esto se va a acabar”. El agente sigue al tanto de los derroteros del negocio, que nutre una pujante economía en negro que se mueve a través de una red de cambistas. “Ellos mueven tu dinero, es como un bizum. Tú tienes tu cambista en Marbella y tu proveedor en Marruecos y así se pueden realizar compras y ventas”, explica. Aunque después de la desaparición de OCON Sur, desmantelado en septiembre de 2022, el narco no está para invertir. “Está entrando tanta droga que a los grandes ni les interesa moverla. El precio está por los suelos. Ahora se vende a apenas un tercio que antes. No merece la pena jugársela”, apunta el guardia civil.

Miguel ha invertido todo el dinero que la Administración le ha tenido que devolver en levantar un moderno chalé desde el que habla en un punto de la provincia que prefiere no revelar. Es su “retiro seguro”, en el que ha gastado una parte de la cantidad “de más de seis cifras” que prefiere no revelar por los ocho años sin cobrar. A eso suma su pelea por las pagas extras y complementos no reconocidos, su último fleco suelto. Ahora jura que su único plan es disfrutar de los años que no ha podido estar con la familia y sus amigos. A algunos de ellos los visita con frecuencia en Marruecos. “Mira, esto es del pasado verano”, explica mientras enseña en su móvil una foto de una lancha recreativa en la que se ve a alguien de espaldas. ¿Quién es? “Mejor que no lo sepas”, responde con media sonrisa.