Los exjefes del equipo contra el narco desmantelado por Interior en el Estrecho denuncian un montaje contra ellos

La lucha contra el narcotráfico en España no parece librarse solo contra los capos y las familias de la droga sino también entre los propios cuerpos policiales. Los graves hechos ocurridos hace unas semanas en Barbate (Cádiz), con la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha, provocaron sonoras críticas contra el ministerio del Interior por la gestión y los recursos empleados en el Campo del Gibraltar, y volvieron a poner sobre la mesa el precipitado desmantelamiento del OCON-Sur, el Organismo de Coordinación del Narcotráfico de la Guardia Civil, un cuerpo de elite formado por 150 agentes seleccionados. Sus mandos, acusados y procesados inicialmente por colaborar presuntamente con los narcotraficantes y pertenecer a sus organizaciones criminales, y posteriormente por cohecho y revelación de secretos, acaban de presentar ahora una querella en un juzgado de instrucción de Algeciras en la que denuncian que “todo forma parte de un montaje con pruebas falsas”, en palabras de José María Ramírez, que representa a quien fuera el máximo responsable del OCON, el teniente coronel David Oliva, adelantó elDiario.es.. La razón del presunto contubernio serían las rencillas y envidias entre cuerpos policiales y mandos intermedios.

Este mismo miércoles, el ministro Fernando Grande-Marlaska se ha defendido en el Congreso de las críticas del PP y Vox por haber desmantelado el OCON, que sumó centenares de detenidos desde su creación en 2018 hasta su disolución en septiembre de 2022. El titular de Interior, que ha asegurado en días previos que no se planteaba dimitir, ha repetido que el fin del órgano se debió a “razones operativas” del instituto armado y que los 150 agentes fueron redistribuidos por las distintas unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil en la zona del Estrecho. “Es un cambio de estructura que lo decide la Guardia Civil, que tiene autonomía para hacerlo, buscando una mayor eficacia”, ha argumentado. Marlaska ha mostrado además su confianza en el proceso judicial que aún se sigue contra los antiguos mandos de ese dispositivo especial de la Guardia Civil.

Pero el teniente coronel David Oliva, que tuvo como escolta a uno de los agentes fallecidos en Barbate y que cuenta con una dilatada carrera en la lucha contra el narco en la zona del Campo de Gibraltar, al igual que quien fuera su segundo, el teniente Javier Fuentes, han emprendido su propia guerra para demostrar mediante una querella que las pruebas presentadas en su contra son falsas. “Una vez archivada la causa principal que se abrió contra ellos en la Audiencia Nacional, ya podemos demandar a los denunciantes: la UDYCO central [Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional] y el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil”, explica Ramírez con la querella en la mano. “Se trata de ir desmintiendo una por una las presuntas pruebas que fabricaron en contra de nuestros defendidos”, advierte.

El abogado recorre la querella y va señalando incongruencias: “¿Cómo es posible que esta misma foto sirva en el informe de la policía para ubicar un sitio un día determinado, y en el informe de la Guardia Civil, idéntica imagen señale en cambio otra localización y ocho meses más tarde?, se pregunta ante una foto de uno de los lugares presuntamente frecuentados por narcos y guardias. “Cómo es posible que digan que los narcos les regalaron a Oliva y a Fuentes una estancia de una semana en un hotel, cerrado para ellos, y hayamos podido demostrar que ni estuvieron allí en las fechas señaladas y que en el hotel permaneció abierto y lleno de huéspedes?”, dice Ramírez. El abogado, junto a otros letrados, aseguran que ha sido un trabajo muy tedioso en el que han ido desgranando geolocalización por geolocalización, fotografía por fotografía, contraponiendo cada prueba con otras: “Hojas de servicio, vigilancias, testimonios de escoltas, resguardos, facturas y tickets de toda clase, conversaciones de WhastApp, análisis de peritos...”, todo cuanto les ha servido para “desmentir” cada “presunta prueba de cargo”.

“Quieren meter ruido y desacreditar”, advierten fuentes de la Guardia Civil. “Es su relato, una estrategia de defensa”, señalan. Y desde la UDYCO aseguran que “todo eso mentira”.

En la actualidad, y después de que la Audiencia haya sobreseído la causa que se seguía contra los mandos de la Guardia Civil por un presunto delito de colaboración con el narco y pertenencia a organización criminal, solo sigue abierto un procedimiento de una pieza separada del original en un juzgado de Parla (Madrid) —en el que se habría inhibido la Audiencia— por un presunto delito de cohecho y revelación de secretos contra el teniente coronel David Oliva. Presuntamente, Oliva le habría ofrecido un puesto en el OCON a un agente de Asuntos Internos a cambio de que le diera información acerca de la investigación que se estaba siguiendo contra él y su equipo.

“Pese a que solicitamos pruebas y que testificaran todos los agentes policiales que participaron en el informe de la UDYCO que dio lugar a ese procedimiento judicial, la juez nos lo denegó, por lo que nos hemos visto obligados a presentar una querella en Algeciras en la que se investigue cómo y quienes elaboraron esos informes que han servido para encausar a nuestros defendidos”, explica Ramírez.

El Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, OCON Sur, fue la unidad creada por la Guardia Civil como respuesta al refuerzo policial que estableció el Ministerio del Interior en el Campo de Gibraltar en 2018. El instituto armado lo confeccionó con 150 agentes comisionados de forma temporal en un grupo que, desde el principio, destacó por su contundencia contra el narco. Oliva pronto se hizo famoso por ese modus operandi de “ir a saco” en operaciones en las que él mismo y sus subordinados destinaban maratonianos servicios, según fuentes de la lucha contra el tráfico de drogas de la zona.

Importantes enemigos

Esa forma de proceder le granjeó al OCON importantes enemigos. En el lado de los narcos, atosigados por la presión, llegaron a amenazar a Oliva y a su familia. Precisamente, por esas amenazas, el teniente coronel tuvo como escolta hasta hace pocos días a David Pérez, el agente del GAR asesinado el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate. Pero el organismo también generó suspicacias entre las comandancias en las que tenía su radio de acción —primero, en la provincia de Cádiz y que luego fue escalando hasta abarcar a casi toda Andalucía—, donde había agentes molestos por el relumbrón que tenían unas operaciones de OCON de las que, a veces, se enteraban por la prensa.

Muchas de sus operaciones desembocaron de hecho en macrocausas de difícil manejo en sus fases judiciales. La Dismantle —que logró conectar al menor de los poderosos hermanos Castaña con otras mafias andaluzas— con sus más de 150 detenidos incluso necesitó que la sede en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz tuviese que someterse a obras de adaptación para poder celebrar el juicio. En estos días en los que el asesinato de Barbate ha vuelto a sacar la unidad a la palestra, distintas fuentes judiciales reconocen que esas macrocausas de difícil gobierno no siempre han resultado tan eficientes como deberían en sus fases de judicialización.

La Guardia Civil argumentó en la disolución de OCON que era un órgano temporal y que, para darle continuidad, era necesario que los distintos agentes comisionados en el él fuesen derivados a reforzar las policías judiciales de cada comandancia andaluza. Pero los rumores de esas suspicacias internas o del coste del organismo siempre estuvieron sobre la mesa. También que escasos meses después, en la primavera de 2023, Oliva y dos mandos más de OCON acabasen imputados por revelación de secretos en una investigación que los propios aludidos ahora intentan desacreditar con diversas pruebas.

La desactivación de OCON ha tenido como consecuencia paulatina un descenso en el número de detenidos y de las incautaciones de droga en la zona del Estrecho. Pese a que el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska asegurase en estos días que esa bajada no fue tal y que incluso crecieron las cifras, la Fiscalía Antidroga de Andalucía confirmó en su memoria anual de ese año —publicada en septiembre de 2023—, y frente a la tendencia al alza del resto de las incautaciones en otros puntos de España, un descenso de la incautación del “50% del hachís” y lo achacó a “una menor presión policial”. La memoria también recogió una caída de las causas por tráfico de drogas en ese mismo año en la provincia de Cádiz a 912, frente a las 1.038 de 2021 (un 12,14% menos) y las 1.353 de 2020, año fuerte de OCON.