La "agenda de costumbres" del bolsonarismo, que abarca cuestiones como el aborto y las drogas, está avanzando más en esta primera mitad del gobierno de Lula (PT) que en los cuatro años de Jair Bolsonaro (PL).
Si de 2019 a 2022 temas como la enseñanza sin partido y el llamado Estatuto del Nascituro se estancaron, ahora el Parlamento avanza a pasos agigantados para criminalizar el consumo de drogas y, al menos en la Cámara de Diputados, equiparar las penas de homicidio al aborto cometido después de las 22 semanas de gestación.
Un conjunto de factores, que incluyen la composición del Legislativo y reacciones al STF (Supremo Tribunal Federal), explica la paradoja.
La composición del Parlamento bajo Bolsonaro y Lula es similar, con mayoría de legisladores de centro y centro-derecha. Tanto la izquierda como el bolsonarismo controlan aproximadamente una cuarta parte de los escaños de la Cámara y el Senado.
La diferencia es que en las elecciones de 2022 el contingente de parlamentarios más alineados con el ex presidente ganó impulso: cinco ex ministros fueron elegidos para el Senado, y el PL metió casi 100 diputados.
En la recta final de su gestión en la presidencia del STF, Rosa Weber desarchivó en 2023 juicios sobre la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación y el marco temporal de las tierras indígenas.
La actitud inflamó a las poderosas bancadas agroindustrial, religiosa y armamentista. Esto llevó al Senado a dejar de ser la barrera a proyectos del bolsonarismo.
Al contrario, los diputados partió a la ofensiva. En respuesta directa al STF, aprobó la limitación de decisiones monocráticas de magistrados de la Corte.
También votó un proyecto que coloca en la Constitución la criminalización de la tenencia y posesión de drogas y otro que retoma la posición de los ruralistas sobre el marco temporal indígena.