La Inspección del Poder Judicial no ve «prioritarios» el juzgado número 5 de Ontinyent y el de Violencia de Género de Xàtiva

Ni el 5º juzgado de Instrucción y Primera Instancia para Ontinyent, ni la vuelta del Juzgado de Violencia de Género a Xàtiva. El informe elaborado por el Servicio de Inspección, y dado a conocer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre el número de nuevas unidades judiciales que se consideran prioritarias crear para contar con planta judicial idónea y garantizar el servicio a los ciudadanos, no contempla como tales estos juzgados.

En concreto, en la Comunitat Valenciana se creen necesarias 11 unidades judiciales: dos juzgados de primera instancia en el partido judicial de Alicante; un juzgado de primera instancia en el partido judicial de Elx; un juzgado de primera instancia en el partido judicial de Valencia (para su posterior especialización en asuntos relativos a las medidasde apoyo a las personas con discapacidad); un juzgado de primera instancia e instrucción en el partido judicial de Elda y un juzgado de primera instancia e instrucción en el partido judicial de Requena; además de sendos juzgados de lo social en Valencia y Alicante y tres plazas de magistrado/a en la Audiencia Provincial de Valencia.

Entre los criterios que la Inspección ha tenido en cuenta están las cargas medias de trabajo de todos los órganos judiciales en 2022 y 2023 de acuerdo con los criterios establecidos por el CGPJ, el nivel de resolución y de pendencia medio por partido judicial, la existencia de medidas de refuerzo y las peticiones de aumento de planta que ya se han realizado.

Con respeto al último criterio, cabe recordar que tanto desde el partido judicial de Xàtiva, como el de Ontinyent, profesionales, ayuntamientos, partidos políticos y colectivos, han transmitido a la Conselleria de Justicia la necesidad de ambas unidades judiciales, con acuerdos plenarios e informes realizados por las distintas partes implicadas, desde asociaciones de mujeres, pasando por los técnicos del Ayuntamiento, los propios profesionales de la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En el caso de Xàtiva, en el mes de marzo una representación del Ayuntamiento, junto con representantes el Colegio de Abogados de Valencia, hacían entrega a la consellera de Justicia, Elisa Núñez, un documento con el resultado y las consecuencias del traslado de JVG a Alzira y le pedían su ayuda para trasladar la petición al Ministerio.

En Ontinyent en febrero se aprobaba por unanimidad una moción, presentada por el portavoz de Vox, el partido del que es la consellera, instando no sólo a la creación del juzgado número 5, sino también la desvinculación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de los casos de violencia de género y la creación de uno específico.

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