El interventor lanza una carga de profundidad contra la gestión del gobierno de Benidorm: «Hay actitud de rechazo a cualquier actividad de control»

Pese a las muchas fórmulas legales y técnicas que recoge el documento, hay algunos pasajes en el mismo que pueden ser fácilmente entendibles por cualquier lector y, con ellos, se puede dar un contexto mucho más inteligible a la totalidad del mismo. Así, llama poderosamente la atención la alerta que hacen los firmantes poniendo «en entredicho la gestión económica» debido, ponen negro sobre blanco, a distintas «irregularidades».

Pero siendo esa una afirmación tremendamente poderosa, más lo es un párrafo, ya en el apartado de conclusiones, en el que se lee que «la inexistencia de un departamento específico de control financiero, unido a la generalizada actitud administrativa de rechazo a cualquier tipo de actividad de control, que siempre se ha ejercido con las más variadas cortapisas, y cuando a duras penas se puede realizar una fiscalización previa de carácter básico, supone que no se considere materialmente factible la redacción, seguimiento y valoración de planes de acción concretos en materias con deficiencias de gestión».

En otras palabras, quizás más llanas, los encargados del control de la gestión económica del ayuntamiento de Benidorm denuncian en ese informe no sólo la escasez de medios para llevar a cabo su trabajo, sino también la falta de transparencia y colaboración de los responsables políticos para facilitar esa tarea.

Aunque el documento está lleno de reproches y alertas sobre el funcionamiento diario de distintos departamentos del consistorio benidormense, el grueso del mismo se centra en el gran elefante blanco que lleva años en la habitación política de la capital turística valenciana: el contrato de la basura y limpieza que mantiene, caducado desde hace casi un lustro, con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Esa situación de prórroga continuada desde hace años ha provocado que Benidorm esté pagando por servicios prestados sin que se pueda aplicar el tope del contrato que en su día se estipuló en el pliego de condiciones y que, por haber quedado caducado, es inexistente, lo que significa que el Ayuntamiento debe abonar a FCC las cuantías que la empresa les facture.

Esto, según el informe, hizo que el Pleno aprobara el 30 de diciembre de 2019 «la obligación de FCC de continuar prestando el servicio hasta la licitación de un nuevo contrato, aceptando el precio anual propuesto por la empresa de 11.065.238,77 euros. Esta aceptación aumentó el coste anual en 1.792.398,92 euros». En concreto, y redondeando las cifras, se pasó de los 9,2 millones de 2019 a los algo más de once millones de 2020 «para el mismo servicio». Además, concluye que «para el ejercicio 2022 el importe se ha fijado, previo informe técnico, en 11.127.019,44 euros».

Respecto a esta última subida, «Intervención informó con salvedades en relación a que se aceptara la propuesta económica de la empresa sin que hubiera constancia en el expediente de que los servicios municipales hubiesen contrastado la realidad de determinados conceptos antes de aceptar su cuantía».

Siendo la parte relativa a la relación entre el Consistorio y FCC la más jugosa en cuanto a cuantías, no son esos los únicos reproches graves que hace el Interventor a la forma de proceder del gobierno local. Así, realiza duras críticas en lo que se refiere al día a día de la economía local o, dicho de otro modo, a los «expedientes de gastos menores» y subraya que «las incidencias más relevantes» a las que han tenido que hacer frente se pueden resumir en cuatro grandes áreas.

En primer lugar, afirma que «en muchas ocasiones, los expedientes no motivan adecuadamente la necesidad del contrato menor, ni siquiera tras el informe de control». Así mismo, apunta a que «en muchos expedientes tramitados no se adjunta informe del departamento correspondiente a la no alteración del objeto del contrato para evitar las normas de contratación».

Así mismo, critica que «con alguna frecuencia» se han producido aprobaciones de gastos «una vez realizado el servicio, suministro u obra», es decir, que se encarga y se realiza una acción antes de que se apruebe de forma reglamentaria el gasto que ello conllevará.

E, incidiendo de nuevo en la falta de recursos para el control de la gestión diaria del Ayuntamiento, critica el Interventor que «en el ejercicio 2021 se han tramitado un total de 730 propuestas de autorización de gastos menores, siendo una única funcionaria la que realiza la fiscalización de todas ellas, sin que esté contemplada su suplencia».

Tampoco ve clara el departamento de Intervención la gestión del área de Recursos Humanos, donde hace un listado de irregularidades muy amplio y difícil de resumir ya que se centra en cuestiones muy concretas, pero que se producen de forma reiterada y que pueden sustanciarse, en líneas generales en la imposibilidad de verificar buena parte de las variaciones que se producen en las nóminas de los funcionarios adscritos, entre otras áreas, a la Policía Local.

Otra de las 'balas de plata' que se recogen en el informe tiene relación con una de las grandes obras realizadas por el gobierno local y que ha sido, durante años, la abanderada de la modernización de la ciudad: la reforma integral de la avenida del Mediterráneo en la que, según el documento, «se vulneró gravemente la legalidad contractual».

Y, una vez más, sale a relucir un nombre que, durante años, ha sido muy frecuente en estas cuestiones tan enrevesadas en las que se mezcla lo urbanístico, lo legal y lo económico: Enrique Ortiz.

Según el informe de Intervención, el Ayuntamiento abonó a Incobe, una de las empresas del empresario alicantino, 4.341.270, 71 euros complementarios de la cantidad inicialmente fijada para la expropiación del terreno de El Moralet -actuación que siempre se ha defendido como la más importante de la Edusi de la ciudad por parte del gobierno- por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante, que ascendió a 5.963.131,29 euros.

Según este informe, esos 4,3 millones de euros extra fue consecuencia de «fue consecuencia del error provocado por la propia expropiada» y subraya que «aunque el pleno municipal denegó inicialmente la solicitud de retasación, el letrado municipal aceptó ser parte en el expediente de retasación que, sin impugnar el acuerdo plenario, interpuso directamente la empresa ante el Jurado Provincial de Expropiación, y que luego impugnó en el contencioso» concluyendo, por todo ello, que «a juicio del firmante se debería encargar un informe jurídico externo para analizar si la defensa del expediente fue la adecuada».

Por último, en este ámbito relativo a El Moralet, el Interventor adiverte que «otra cuestión vinculada con este mismo expediente y que se ha puesto de manifiesto en los resúmenes anteriores correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 es la relativa al hecho puesto de manifiesto en la auditoria de Mazars de que el Ayuntamiento abonó a la empresa Incobe de manera duplicada la cantidad de 155.867,58 euros» y que, «a pesar de múltiples advertencias de esta Intervención, a fecha de hoy no consta que se haya iniciado ningún procedimiento judicial para el retorno a las arcas municipales de dicha cantidad, por lo que entiende que se debe dar traslado al Tribunal de Cuentas a los efectos procedentes».

Los dos partidos de la oposición, PSPV-PSOE y Ciudadanos, han emitido un comunicado conjunto en el que han solicitado al Gobierno local de Benidorm «iniciar las acciones que sean necesarias para depurar responsabilidades jurídicas ante las graves acusaciones plasmadas en el informe del Interventor».

Socialistas y 'naranjas', que también pondrán en manos de sus respectivos gabinetes jurídicos el documento, reclaman que «sea remitido a la institución que corresponda para frenar las malas prácticas que se arrastran desde la pasada legislatura en la gestión municipal».

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha destacado que es un informe «demoledor en el que la Intervención municipal plasma numerosas y graves irregularidades que ponen de manifiesto la desastrosa gestión bajo el mandato del PP y que sin duda alguna debe conocer la ciudadanía».

Escoda, además, ha criticado que la edil de Hacienda se refiriese a este informe como un documento que contiene «discrepancias de un técnico sobre el trabajo que realizan otros técnicos, cuando se habla de numerosas ilegalidades en expedientes de Recursos Humanos y Contratación».

Asimismo, la portavoz socialista ha reclamado al Gobierno del PP que «se tome muy en serio este informe y actúe en consecuencia. Queremos saber qué va a hacer el gobierno, si lo va a dejar en un cajón o va a poner en marcha acciones para depurar responsabilidades».

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, quien ha declarado que «nuestro Ayuntamiento ha quedado en muy mal lugar ante las irregularidades en la gestión de técnicos y concejales plasmadas en este informe».

Balastegui ha explicado que «hablamos de asuntos de muchos millones de euros pagados con el dinero público, algunos denunciados por Ciudadanos varias veces, como los 4,4 millones de euros pagados a Ortiz injustamente, o por ejemplo la sentencia de FCC donde hemos pagado 7,7 millones de una forma extraña, según el documento».

Por último, el portavoz liberal ha recordado que «las prórrogas continuas de forma irregular realizadas por el ayuntamiento de Benidorm se mantienen a día de hoy» y ha puesto, como ejemplo, «la explotación del parking de l'Aigüera en manos de FCC».

En definitiva, ha concluido el edil, hay «mucho que investigar y por ello el PP debe iniciar acciones de todo tipo, tanto a la Fiscalía, a Antifraude o al Tribunal de Cuentas… porque son asuntos muy turbios y de mucho calado».

han anunciado un comunicado conjunto a lo largo de este miércoles que, a esta hora, todavía no se ha emitido; pero fuentes de ambos partidos han confirmado a este medio, sin llegar todavía a una acusación directa, de que lo recogido en este demoledor informe tiene indicios de delito y que, por lo tanto, ambos partidos elevarán a sus respectivos gabinetes jurídicos el mismo para que pueda ser estudiado y, si fuera necesario, iniciar las acciones legales pertinentes.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha solicitado a primera hora de hoy un informe al secretario del Ayuntamiento para que en el mismo «determine el proceder que ha de seguir la alcaldía en relación al Informe resumen de los resultados de control interno en el Ayuntamiento de Benidorm, ejercicio 2021, fechado el pasado 5 de octubre, y que formaba parte de la documentación del pleno extraordinario celebrado ayer [por el miércoles], en concreto del punto sobre la aprobación de la Cuenta General del pasado ejercicio».

Según ha indicado la portavoz del equipo de gobierno, Lourdes Caselles, el alcalde ha pedido tener dicho informe «a la mayor brevedad». En concreto, Caselles ha explicado que «desde el máximo rigor y responsabilidad y con la mayor transparencia y diligencia, esta mañana el alcalde ha remitido a la Secretaría General, que es el órgano jurídico municipal máximo, un oficio para que remita un informe sobre el proceder de la alcaldía en cuanto al Informe resumen de los resultados de control interno en el Ayuntamiento de Benidorm, ejercicio 2021».

La portavoz ha recordado que dicho informe de Intervención, con fecha del 5 de octubre, fue incorporado a la documentación del pleno un día antes de la celebración del mismo, el 8 de noviembre.

La edil ha defendido que «los departamentos municipales a los que se alude y evalúa en ese documento ni siquiera tenían conocimiento del contenido del mismo» y ha añadido que «una vez que conozcamos el contenido del informe del secretario municipal actuaremos con el mismo rigor, seriedad, responsabilidad y transparencia».