«Han convertido la sostenibilidad en una sobrerregulación y un exceso de cargas para las pymes»

Las pymes españolas advierten de que las obligaciones ligadas a los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se están convirtiendo en un gran desafío. El 75% de las compañías que han participado en un estudio ven prioritario realizar esfuerzos en esta materia, pero más del 80% identifica barreras para su integración, principalmente por los altos costes y el tamaño de la propia empresa.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio sobre pymes y sostenibilidad en 2024 elaborado por FINRESP, (Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España) y sus asociaciones promotoras (AEB, CECA, INVERCO, Unacc y UNESPA), junto con CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), enmarcado en el Observatorio de sostenibilidad de las pymes de FINRESP.

El informe arroja datos que dan cuenta de la situación actual de la pequeña y mediana empresa, que suponen el 99% del tejido productivo español, frente a la sostenibilidad.

En este contexto, el estudio destaca que el 71% de las entiedades encuestadas ha implementado medidas de sostenibilidad en los últimos tres años. La gran mayoría de estas empresas (60%) ha puesto en marcha medidas ambientales. La gestión de residuos y la eficiencia energética son las dos áreas de actuación más extendidas. En contraposición, apenas un 25% de las organizaciones han ejecutado medidas de mejora del gobierno corporativo de la empresa en ese periodo.

Por otro lado, el informe pone de manifiesto los desafíos del sector para los próximos años en materia de sostenibilidad. Así, casi la mitad (48%) de las pymes no conoce o sabe poco acerca de la existencia de productos financieros y de aseguramiento con criterios de sostenibilidad. Entre aquellas que sí tienen conocimiento, sólo una de cada cuatro empresas ha accedido a productos financieros y/o de aseguramiento sostenible.

Las 200 compañías que han participado en el estudio también han tenido la oportunidad de contestar sobre las medidas de carácter social implantadas. Así, Jerusalem Hernández, socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG España y responsable de la secretaría técnica de FINRESP, destacó el esfuerzo realizado más allá de las medidas medioambientales. «El 42% de las pymes ya implementa iniciativas en el ámbito social, destacando activaciones focalizadas en conciliación laboral o para favorecer el clima en el entorno organizacional, entre otras», dijo.

En cuanto a los recursos para la integración de la sostenibilidad de este segmento de empresas, destaca el papel fundamental de la colaboración público-privada en los próximos años en el apoyo a las pymes en su transición hacia prácticas más sostenibles mediante recursos, formación y una financiación adecuada. Respecto a la regulación, un 86% de las empresas afirma verse afectada por las regulaciones en sostenibilidad, con un 35% sintiéndose muy afectada.

Sobre esto último, Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, que cerró la jornada en la que se presentó el citado estudio, alabó el esfuerzo de la pyme española en los progresos en maeria de sostenibilidad, pero denunció que esta última se ha convertido en una «sobrerregulación y un exceso de carga que supone un gran coste para las pequeñas empresas».

Una tendencia que se espera que continúe en el futuro, con la aplicación de nuevas normativas ya aprobadas. Un ejemplo es la nueva Directiva de información corporativa de sostenibilidad (CSRD, en inglés), que entró en vigor a principios de 2023 y que extenderá su alcance a las pymes cotizadas a partir de 2026.

Además, no sólo tendrán que hacer frente a los requerimientos regulatorios, sino también a los procesos de evaluación y homologación de proveedores de las grandes empresas, que cada vez incorporan más criterios de información y desempeño en materia de sostenibilidad.

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