Desde el 14 de noviembre, el gobernador Pedro Pierluisi ha vetado al menos 17 medidas aprobadas por la Legislatura que buscaban cancelar el contrato de la compañía LUMA Energy, transferir el mantenimiento de las carreteras a los municipios y hasta crear la Ley de Legitimación Activa Ambiental.
“El señor gobernador nos sorprende en el inicio de este nuevo año con 17 nuevos vetos. Así queremos hacer un gobierno compartido y encaminar las causas de este país”, dijo el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, en un turno inicial en el hemiciclo senatorial.
“La buena noticia es que, de 17 vetos, solamente dos han sido del Senado y, muy lamentablemente el cuerpo hermano ha recibido la noticia de 15 vetos a la suma de los cientos de vetos emitidos por el gobernador”, agregó Aponte Dalmau, quien en el pasado ha criticado también al mandatario por vetar medidas.
Pierluisi vetó el Proyecto de la Cámara 1103, para convertir la Compañía de Turismo en una corporación pública, y el Proyecto de la Cámara 474, que creaba la Ley de Legitimación Activa Ambiental y permitía a la ciudadanía presentar recursos cuando haya una amenaza directa a los recursos naturales.
Sobre esta última medida, el portavoz alterno del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el Senado, Rafael Bernabe, indicó en unas declaraciones desde el hemiciclo, que "nadie dedica ni tiempo, ni recursos, ni dinero a estar radicando recursos que saben que van a ser descartadas por los tribunales".
"A lo que se le teme son a las demandas justas, a las demandas con fundamentos que van a detener proyectos de los cuales algunas personas se lucran”, agregó. "Lo que el gobernador hace es convertirse en cómplice de los que quieren destruir el ambiente”, expuso Bernabe.
El gobernador también vetó la Resolución Conjunta de la Cámara 326, para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) presentaran en 20 días un plan de trabajo completo ante la posible cancelación del contrato de LUMA Energy.
Además, rechazó la Resolución Conjunta del Senado 327, para ordenar al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a que presente, en un término de 20 días, un informe detallado de las métricas de cumplimiento adoptadas para medir la adecuada ejecución del contrato de LUMA.
A esta se suma, la Resolución Conjunta de la Cámara 416, que ordena al Municipio de Mayagüez transferir al Departamento de Salud la cantidad de $9 millones de los fondos de inversión del Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI) a los fines de compra de equipos, materiales, entre otros.
Igualmente, no pasó el cedazo del Ejecutivo la Resolución Conjunta de la Cámara 235, que buscaba declarar un estado de emergencia en el sistema eléctrico de Puerto Rico; y la Resolución Conjunta de la Cámara 249 para una moratoria en los pagos de los servicios de agua y energía eléctrica.
Tampoco fue firmada por el gobernador la Resolución Conjunta de la Cámara 315, que ordenaba a la AAPP y a la AEE notificar a LUMA Energy que darán por terminado su contrato, en un término de 60 días, por incumplimiento de varias cláusulas contractuales por parte de la mencionada compañía.
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