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Análisis

Proceso de Paz

Presidente Gustavo Petro irá a la ONU a denunciar incumplimiento del acuerdo en medio de arremetida en contra de ex-Farc

Este año han sido asesinados más de 60 desmovilizados de las Farc.

Son 421 asesinatos de firmantes hasta la fecha

Foto:AFP

En 2024, 15 firmantes han sido asesinados. Si bien hay una disminución, la seguridad de desmovilizados sigue siendo precaria. Desde la firma del acuerdo van 421 homicidios.

Camilo A. CastilloPeriodista
El próximo jueves, durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad, se espera que el presidente Gustavo Petro tome la palabra y hable de los incumplimientos al Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep). 

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“Cada tres meses hay que ir (a las Naciones Unidas). Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras", señaló en mayo de este año.
Gustavo Petro, presidente de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Foto:Presidencia

Si bien EL TIEMPO conoció que desde varios sectores lo han intentado persuadir para que aligere su discurso y se centre en hablar de los retos en términos de implementación del acuerdo, todo indica que el primer mandatario no cederá. En todo caso, cualquiera que sea el enfoque del documento, no deja de ser llamativo que sea él, el jefe del Estado, el que vaya a las Naciones Unidas a advertir que no se está haciendo la tarea.
No hay que dejar de lado que cuando Petro hizo el anuncio, fuentes bien informadas le dijeron a este diario que esta era una idea del excanciller Álvaro Leyva Durán y que el propósito era no solo dejar constancia internacional de la necesidad de cumplir los compromisos firmados en 2016, sino también impulsar herramientas para la constituyente.
Sin embargo, surge el interrogante de si, entre los incumplimientos que supuestamente irá a denunciar el presidente Petro, también hablará de los de su Gobierno. “Es una teoría o una interpretación un poco débil eso de que podemos denunciar al Estado y que nos vamos a denunciar a nosotros mismos y creo que Juan Fernando Cristo podría ayudar a bajar un poco ese ruido, dar una mirada más sensata. Es alguien que sabe que evitar el incumplimiento se logra es trabajando”, señaló Andrés Felipe Ortega, analista en temas de paz y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana.
Bogotá 18 de Junio 2024. 
El ex canciller Álvaro Leyva , en declaración libre en la Procuraduría General por el caso de Pasaportes.

Bogotá 18 de Junio 2024. El ex canciller Álvaro Leyva , en declaración libre en la Procuraduría General por el caso de Pasaportes.

Foto:César Melgarejo/ El Tiempo

De hecho, en la víspera del viaje a Nueva York, el mandatario se reunirá con las cabezas del Partido Comunes para conocer parte del contenido que se incluirá en la declaración. Se espera, que ellos también manifiesten su descontento por la crítica situación de seguridad que viven los firmantes de paz.
Aunque no hay que dejar de lado los rezagos en temas como la formalización de tierras para la reforma rural (solo se han comprado de manera voluntaria 100.768 hectáreas de las 1,5 millones que se esperan adquirir en este Gobierno), la sustitución de cultivos ilícitos (que según las cifras del último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aumentaron un 13 %) o en la aprobación de proyectos clave para la implementación en el Congreso (en donde las reformas sociales del Gobierno coparon la agenda), el tema que ha movido la agenda de paz durante los últimos meses ha sido justamente las amenazas de las que son víctimas los excombatientes en proceso de reincorporación, fundamentalmente los que viven en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) por cuenta de las acciones violentas de las disidencias de las Farc.
Cabe mencionar que una de las promesas de campaña de Petro fue justamente cumplir a cabalidad el acuerdo, lo que incluye las garantías de seguridad para los firmantes. Hoy, a casi dos años de su llegada a la Casa de Nariño, el escenario sigue siendo complejo. De acuerdo con datos del Informe Trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, durante 2023 se reportaron 47 casos, cuatro menos que en 2022, cuando hubo 51 homicidios. En este 2024, la cifra asciende a 15 casos, uno menos que el dato reportado por organizaciones no gubernamentales como Indepaz.
La instancia se reúne cada tres meses para conocer avances y rezagos del proceso de paz en Colombia.

La instancia se reúne cada tres meses para conocer avances y rezagos del proceso de paz en Colombia.

Foto:ONU

El total de casos reportados por la Misión de Verificación de la ONU desde la firma del acuerdo es de 421, siendo el año 2019 el de más asesinatos (80). Si bien durante esta administración se ha evidenciado una disminución en el número de homicidios, para Federico Montes, integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), esto no es suficiente y la meta debería ser llegar a cero homicidios.
“La situación de seguridad no ha cambiado, se ha mitigado en algunos casos en relación con cómo se venía dando hace un par de años, en el gobierno anterior, pero desafortunadamente se siguen presentando muchas dificultades. Estas no solo se hacen evidentes con los asesinatos, sino en el desplazamiento de la población firmante”, señaló el integrante del Partido Comunes.

Sin protección que valga

Uno de los casos que ejemplifica que, pese a que en febrero el Gobierno firmó la resolución que adopta el ‘Plan estratégico de Seguridad y Protección para firmantes de paz en proceso de reincorporación', sigue habiendo enormes retos para el Gobierno es el caso de José Enrique Roa Cruz, uno de los primeros excombatientes que se acogió al acuerdo.
José Enrique Roa Cruz

José Enrique Roa Cruz

Foto:Archivo particular

Roa Cruz estaba acreditado como firmante desde el 5 de junio de 2017 y era integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI), siendo uno de los enlaces territoriales más destacados del departamento del Huila. A diferencia de otros firmantes, José Enrique contaba con un esquema de protección, el cual lo acompañaba cuando el 14 de enero de este año hombres armados, que según las versiones de las autoridades pertenencia al frente Ismael Ruiz de las disidencias del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, llegaron a una reunión en la que se encontraba en el corregimiento de Guacacallo, en el municipio de Pitalito, y realizaron varios disparos.
Minutos después, según testigos del hecho, los hombres armados robaron al vehículo asignado al esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y obligaron a Roa Cruz, a sus dos escoltas, identificados como Luis Enrique Sterling y Yilber Silva Osorio, y a dos personas más a subir a la camioneta. Luego, huyeron de la zona.
Horas después, los dos civiles secuestrados fueron dejados en libertad, sin embargo, los dos escoltas fueron encontrados muertos y con signos de tortura en la vereda La Maica, en la vía que conduce al municipio de Oporapa. El mismo destinó corrió Roa Cruz, quien fue encontrado dos días después en la vereda Sinaí, zona rural de La Argentina.
“Él era uno de nuestros enlaces en esa región y venía trabajando desde hace mucho tiempo por la paz en el Huila. Esto demuestra que el asignar hombres, armas y chalecos no es la solución para el problema de seguridad para la población firmante, claro que eso hace parte, pero no es la solución definitiva”, señaló Montes, quien era cercano al trabajo de Roa Cruz.
Desde la firma del Acuerdo, según datos de la ONU, 87 excombatientes que disponían de medidas de protección o las estaban esperando por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han sido asesinados.
“Luego de siete años de la firma del Acuerdo de Paz y pese a que el Estado colombiano pactó una serie de medidas para garantizar la implementación integral del mismo, hemos contado la persistencia de la violencia sistemática en contra de exguerrilleros de las Farc, firmantes del acuerdo, problemática que se hace extensiva a sus familiares, comunidades y organizaciones”, dice en el reporte del caso realizado por Indepaz.

Escalada violenta en el suroccidente

A las 6:50 p.m. del domingo 11 de febrero, en inmediaciones de la vereda El Tajo, sector Dominguillo en Santander de Quilichao (Cauca), dos sicarios que se movilizaba en motocicleta le dispararon a Eywar Yamid Morán Campo, un excombatiente que era miembro de la Cooperativa Multiactiva Ecomún La Esperanza del Pueblo (Coomep) y que iba de regreso al ETCR Carlos Perdomo, ubicado en Caldono, luego de recibir una capacitación en manejo de maquinaria pesada.
Eywar Yamid Morán Campo

Eywar Yamid Morán Campo

Foto:Archivo particular

Morán Campo era padre de una niña de 10 años, trabajaba en Coomep en un proyecto productivo de aguacate Hass y desde hace varios meses lideraba la Guardia Indígena del Resguardo de Pueblo Nuevo. Según personas cercanas a este firmante, desde ese rol venía trabajando en acciones enfocadas en la protección del territorio y de la vida de las personas que habitan la región en medio de la amenaza de varios grupos armados.
De hecho, en 2019 participó en el proyecto ‘Red Comunitaria de Comunicación para la Protección Colectiva y Educación Propia’, una iniciativa fue liderada por tres resguardos indígenas (Pueblo Nuevo, Tumburao y San Lorenzo), la comunidad campesina de Valle Nuevo y la cooperativa de personas firmantes de paz para mejorar la convivencia en la zona. De ahí que fuera un líder reconocido en el norte del departamento.
De acuerdo con Indepaz, en la zona donde se presentó el homicidio hace presencia el Estado Mayor Central de las Farc con las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, el Eln y bandas de carácter local.
El caso más reciente es el de Esteban Guzmán Castro, un firmante de paz que fue secuestrado el 24 de junio en la vereda El Carmen, en el municipio de Buenos Aires (Cauca) y que un día después fue asesinado.
Según el reporte de las autoridades, su cuerpo fue encontrado el 25 de junio en la vereda Catoto, en el kilómetro 10 de la vía que conecta el municipio de Suárez con Timba.
Guzmán Castro dejó las armas en 2017 y desde ese momento se fue a vivir al ETCR La Elvira, en Buenos Aires. Con este caso, son seis los que se registraron en el suroccidente del país en 2024, región en donde las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tienen azotadas a la población civil.
Los otros firmantes asesinados en 2024 son Giovanny Chávez Vega, Juan Gabriel Hurtado, José Alirio Chocué Molano, Luis Carlos Pineda, Mauricio Barragán Quintero, Luis Alvaro Silva Macanilla, Luis Alfredo Gaitán Hernández, Carlos Garzón Noscue, Luis Fernando Rivera Noscué, Yilbert Montaño Montaño y Jhon Edinson Ipia Ipia.
“Estos riesgos que corren los firmantes del acuerdo de paz ya han sido alertados varias veces por la Defensoría del Pueblo en las alertas tempranas. Y la respuesta en política de derechos humanos desde el Ministerio del Interior ha sido insuficiente. Los grupos que actúan en la zona son el frente Jaime Martínez del bloque occidental del autodenominado ‘Estado Mayor Central’ y hay un tránsito del Eln”, aseguró Leonardo González, director de Indepaz, sobre este y otros casos.
CAMILO A. CASTILLO
Periodista de Política
Camilo A. CastilloPeriodista
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