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Los momentos constitucionales deberían ser tan extraordinarios y particulares como las revoluciones científicas, nos lo enseña el constitucionalismo. Cambiar una constitución exige un contexto muy especial, como el vivido en Colombia en 1991. Ese momento histórico dio lugar a una Constitución garantista, progresista, que integra principios de inclusión y de pluralismo político e ideológico.
La Constitución Política de Colombia tiene logros fundamentales: es amplia en derechos de tercera generación e incluye el reconocimiento de derechos a un ambiente sano y sostenible, a la diversidad cultural y a la paz, entre otros, llamados de cuarta generación; además establece frenos y contrapesos y una separación de poderes que han sido claves para mantener la estabilidad democrática.
Nuestra Constitución es programática, nos abre una ruta de trabajo, una carta de navegación, y es, además, adaptativa, permite reformas puntuales, algo similar a la Constitución de Estados Unidos, que es la misma desde 1786 y ha tenido solo 26 enmiendas a lo largo de su historia.
Es precisamente este marco constitucional el que ha permitido darle trámite en el Congreso a todas las reformas propuestas por el Ejecutivo, habiéndose aprobado la Tributaria y la Pensional, por citar algunos ejemplos.
El debate de ideas enriquece el resultado y es muestra de una democracia viva. El control de legalidad por parte de las Cortes da cuenta de un sano balance.
Los fundamentales de nuestra democracia están funcionando. Por eso, sorprende la propuesta de una Constituyente. La pregunta es obligada: ¿Constituyente para qué?
Este mecanismo no puede usarse como presión para la negociación política, ni como una carta para subsanar una débil gestión o una incapacidad para llegar a acuerdos. Plantear una Constituyente en este momento, afecta la estabilidad jurídica de Colombia y nos distrae de lo realmente importante: trabajar por el cierre de brechas sociales, la competitividad y el desarrollo. Insistir en esto, profundiza un clima de desconfianza institucional.
Colombia busca razones de unión. Adentrarnos en una conversación sobre el proceso de reformulación de una Constitución, dada su complejidad, así como el largo y amplio debate político y social que requiere, nos pone en un escenario de polarización que no ayuda a solucionar las urgentes tareas sectoriales y sociales que tiene el Gobierno.
Primero lo primero: implementar, desarrollar y hacer cumplir los pactos sociales pendientes de la Constitución del 91; ejecutar el Plan de Desarrollo de esta Administración -que apenas va por el 37% según el Departamento Nacional de Planeación, DNP -, ocuparse de las inmensas demandas ciudadanas: seguridad, lucha contra la pobreza y acceso a oportunidades. En últimas, cumplir el trabajo encomendado al poder ejecutivo por la ciudadanía, por la sociedad.
Sumarle a este complejo panorama un debate sobre una Constituyente no solo nos divide y desestabiliza, es un innecesario salto al vacío.
*Presidenta Ejecutiva Proantioquia