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Una cadena perpetua es lo que podría aguardar al exministro de la Defensa chino Li Shangfu si resultara culpable de la investigación y del juicio castrense en su contra por corrupción y soborno iniciado por las autoridades de su país.
El personaje, defenestrado de su alto cargo desde octubre pasado, fue señalado de haber abusado de su autoridad y de haber cobrado sobornos y concedido favores en franca violación de la disciplina militar y del partido. En los días pasados el funcionario fue expulsado del Partido Comunista, una institución en la que llegó a ser miembro destacado de la Comisión Militar Central.
La misma suerte está siguiendo el anterior ministro del sector, Wei Fenghe, quien también está siendo procesado por un alto tribunal militar. Ambos habían sido expulsados del Ejército Popular de Liberación y degradados de sus cargos de General a fines del 2023.
La llegada de Xi Jinping al poder a China vino adosada a un nuevo “Yundong”, vocablo que en mandarín se equipara a un “quiebre histórico exigente” o un “proyecto vital” para el país. De “yundong” se calificó, por ejemplo, el Gran Salto Adelante en el siglo pasado.
El nuevo gobierno de Xi aspiraba, con el nuevo modelo, a desterrar por entero la corrupción del espectro público nacional. Las instrucciones no permitían desviación: sería penalizado todo aquel que hiciera parte de operaciones torcidas. En los primeros 5 años de su administración se sancionó a un millón de funcionarios y el ritmo no ha retrocedido.
En el año 2023, 600.000 hombres al servicio de la nación pasaron igualmente por las horcas caudinas. Sin necesidad de imputar delitos de corrupción, sino basándose solo en “violaciones graves a la ley y a la disciplina” en el año pasado 114.000 personas fueron objeto de investigaciones formales seguidas de procedimientos disciplinarios poco ortodoxos e incluso de prisión.
Se cuentan por miles los funcionarios de nivel alto y medio, banqueros, directores de hospitales y directores de empresas estatales, altos rangos militares y hasta administradores de clubes deportivos que han caído en esta implacable gesta purificadora.
Para ello, el gobernante ha contado con el apoyo del aberrante modelo totalitario de administración de un Estado que no conoce de división entre poderes. Así lo resalta el analista Jordi Joan Baños, cuando dice en reciente artículo en La Vanguardia que la “escasa separación de poderes en China dejó en manos del partido único -en la práctica- la represión y castigo de sus propios cuadros”.
De nuevo, a esta hora, Xi está colocando sobre el tapete el tema de la batalla contra la corrupción. Su programa, su “yondong”, ha sido relanzado por diez años, al tiempo que pontifica: “Solo una limpieza continua garantiza que el Partido se mantenga fuerte”. Así pues, muchos analistas son de la opinión que es a través de esta purga perpetua que el líder piensa poder mantenerse en el poder, lo que además es útil a la penalización de sus rivales.
Pero esta es igualmente un arma de doble filo, toda vez que el pánico a una eventual sanción paraliza a los burócratas y a los dirigentes locales. La iniciativa en China está congelada y los liderazgos no se expresan. Todo lo anterior viene a colmar la canasta de problemas que el gobierno enfrenta.
Los retos del mandatario hacen crisis en más un terreno: una economía en modo “frenazo”, gobiernos regionales asfixiados por sus propias deudas y una vastísima población que envejece a toda velocidad. La arbitrariedad, sin duda que no juega a su favor.