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Magistrado será investigado por inaplicar sentencia a favor de la niñez wayúu
El magistrado omitió sus funciones en la implementación de medidas a favor de la comunidad en La Guajira dispuestas en una sentencia de la Corte Constitucional.
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El magistrado aplazó más de dos años la generación de acciones a favor de la comunidad infantil en varios municipio de La Guajira. Foto: Colprensa
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) formuló este jueves pliego de cargos al magistrado del Tribunal Superior de Riohacha, Jhon Rusber Noreña Betancourth por una presunta “falta gravísima” debido a un retraso en la implementación de decisiones cruciales para cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional relacionada con los derechos de la niñez wayúu en La Guajira.
La medida disciplinaria surgió tras una prolongada inacción del magistrado, quien habría incumplido con el deber de asegurar el goce efectivo de derechos fundamentales como salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria para la población infantil indígena en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
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La Comisión, bajo la ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, destacó que la falta de acción por más de dos años del magistrado Noreña Betancourth no solo “entorpeció la administración de justicia, sino que también afectó los derechos de las comunidades indígenas” en una región históricamente vulnerable.
Según lo observado en el expediente, el retraso injustificado se prolongó desde el 15 de junio de 2018 hasta el 10 de febrero de 2021, periodo en el cual se esperaba que se tomaran medidas concretas para mejorar las condiciones de vida de la población infantil Wayúu, en línea con las directrices establecidas por la Corte Constitucional.
El expediente disciplinario también señaló que durante el periodo mencionado, Noreña Betancourth no habría conformado el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación ordenado por la Corte, ni presentado un plan de acción adecuado y oportuno para mejorar las condiciones de vida de los niños Wayúu.
Estas acciones eran parte integral de las directrices establecidas por la Corte para asegurar el cumplimiento efectivo de su sentencia, incluyendo la colaboración con autoridades locales y la Defensoría del Pueblo.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial destacó la relevancia de esta acción disciplinaria en el marco de la protección y garantía de los derechos humanos en Colombia, particularmente en regiones donde persisten desafíos significativos en términos de acceso a servicios básicos y condiciones de vida dignas para comunidades indígenas.
