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Exsenador Álvaro García, condenado por masacre de Macayepo, quedará en libertad condicional
Así lo determino un juzgado de Bogotá, luego de que el excongresista pidió su libertad asegurando que ya cumplió las tres quintas partes de su sentencia.
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La Sala Penal de la Corte Suprema condenó en 2010 a García a 40 años de prisión por concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado. FOTO: COLPRENSA
El juzgado 22 de ejecución de penas de Bogotá le otorgó la libertad condicional al excongresista Álvaro García Romero, condenado en febrero de 2010 a 40 años de cárcel por su responsabilidad en la masacre de Macayepo, ejecutada por grupos paramilitares el 14 de octubre del 2000.
Por estos hechos fue sentenciado y acusado de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado.
La decisión se conoce meses después de que García Romero pidiera su libertad argumentando que ya cumplió las tres quintas partes de su sentencia. A ello se suma una buena conducta durante el tiempo que ha estado en prisión y los problemas de salud que lo aquejan.
En febrero de 2010, García Romero fue sentenciado por haber concertado la masacre de Macayepo (Bolívar), ocurrida el 14 de octubre de 2000, cuando el grupo paramilitar Héroes Montes de María, comandado por Rodrigo Mercado Pelufo “Cadena”, llegó hasta Macayepo y asesinó a 15 campesinos. Según la investigación, García Romero fue el financiador del grupo paramilitar.
La prueba principal provino de una publicación de la Revista Semana en la que se habló de una grabación entre García y el prestamista de la región Joaquín García, en donde este último dijo que conseguirá el apoyo del gobernador de Sucre para movilizar a un grupo armado en las localidades de El Aguacate y Pajonalito.
En la misma grabación se habló de que ese hecho ocurriría en diez días, fecha en la cual se ejecutó la masacre en Macayepo.
En la Corte Suprema de Justicia reposa otra investigación en contra del exsenador por el desplazamiento forzado que causó en los pobladores de la región de Sucre, la cual retornó al alto tribunal luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó su sometimiento.
