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“Es uno de los mayores actos de egoísmo social”: Petro sobre referendo de autonomía fiscal que promueven en Antioquia

El mandatario insistió en que la iniciativa promueve la inequidad. Los promotores ya están recogiendo firmas.

  • El presidente Petro es el principal opositor al referendo de autonomía fiscal para los departamentos. FOTOS: EL COLOMBIANO
    El presidente Petro es el principal opositor al referendo de autonomía fiscal para los departamentos. FOTOS: EL COLOMBIANO
09 de julio de 2024
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Este martes el presidente Gustavo Petro se volvió a manifestar en contra del referendo de autonomía fiscal para los departamentos que ha liderado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y que busca modificar la constitución para que en las regiones se quede buena parte de los impuestos de renta y patrimonio de los ciudadanos y las empresas, que actualmente se van a las arcas del gobierno nacional que los reparte a su discreción.

El presidente Petro se ha mostrado en contra de la propuesta desde el primer momento en que el gobernador de Antioquia empezó a promoverla por considerar que aumenta la inequidad entre las regiones más prósperas y las más vulnerables.

Ahora, luego de que el comité promotor del referendo recibió luz verde por parte de la Registraduría Nacional para empezar a recoger los más de dos millones de firmas válidas que se necesitan para que luego la propuesta vaya al Congreso, el mandatario volvió a manifestar su desacuerdo.

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“Este referendo propuesto lo único que construiría es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia”, escribió el presidente en su cuenta de X. Agregó que sería “uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede hacer en la historia de un país y no es sostenible”.

“Se está mejor cuando los demás están mejor, no al revés”, concluyó.

No obstante, el gobernador de Antioquia y las personas del equipo promotor del referendo, entre las que se encuentran el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y la exsenadora uribista María del Rosario Guerra, han insistido que con esta reforma la mayoría de los departamentos verían duplicados sus ingresos, y que para los pocos departamentos como el Chocó, Guainía o Vaupés, que de entrada se verían afectados, se incluiría un elemento de equidad y subsidiaridad para que también aumenten las transferencias que reciben actualmente.

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Lo cierto por ahora, más allá de las críticas del presidente, es que el proceso del referendo va andando y desde la semana pasada el equipo promotor está recogiendo firmas en las calles.

El objetivo del equipo promotor es alcanzar cuatro millones de firmas antes de que se acabe este año para poder acreditar como válidas al menos los dos millones que se necesitan.

Hay que tener en cuenta que las firmas solo son para apoyar la realización del referendo y, si estas son avaladas, luego se deberán surtir trámites en el Congreso de la República y revisión en la Corte Constitucional. Posteriormente, si estos pasos salen bien, se podrá convocar a una votación ciudadana en la que pueden participar todas las personas inscritas en el censo electoral. Para que la decisión del pueblo en un referendo sea de obligatorio cumplimiento, debe participar por lo menos una cuarta parte (el 25%) de los ciudadanos que componen el censo electoral.

Si a usted le piden que firme el referendo, tenga en cuenta que la planilla solo tendrá esta única proposición: “Se precisa que los impuestos sobre la renta y el patrimonio dejarán de ser impuestos nacionales y pasarán a ser departamentales y del Distrito Capital por mandato constitucional, por lo que los recursos que se deriven de su recaudo serán de propiedad de los Departamentos y el Distrito Capital de forma conjunta. Su distribución se hará atendiendo, entre otros principios, a los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia, lo que garantiza el carácter redistributivo y equitativo de dicho ingreso. Finalmente, el referendo se constituye como la única opción viable para llevar a cabo el cambio constitucional propuesto atendiendo a la existencia de un déficit de representatividad regional en las instancias nacionales y la falta de incentivos políticos y económicos en el Gobierno Nacional para profundizar la descentralización fiscal en favor de los departamentos”.

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