Las defensas de investigados pedirán archivos de decenas de ramas del caso ERE tras el borrado de delitos del TC

La ofensiva jurídica no será inmediata. Antes, la Audiencia Provincial de Sevilla tendrá que redactar nuevas sentencias sobre los miembros de la antigua cúpula del Gobierno andaluz, recogiendo los dictados del bloque progresista del TC sobre el sistema diseñado para sortear los controles en el reparto de 680 millones de euros durante una década desde la Junta. Como la partida presupuestaria que nutría el fondo aparecía en las leyes de Presupuestos autómicos desde 2002 a 2009, los magistrados liderados por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, estiman que no puede considerarse ilegal el procedimiento. De ahí que el TC haya acotado los delitos de prevaricación administrativa y malversación a las modificaciones presupuestarias aprobadas con anterioridad a dicha fecha.

Esta regla tiene también sus excepciones. Cuando los fondos públicos se hayan destinado a fines distintos de los previstos en el programa 31L, que eran las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, entonces habrá campo para perseguir la malversación con la cárcel. De hecho, hay antiguos altos cargos que siguen presos, como Antonio Fernández a los que el propio TC no libra de responder penalmente por estas desviaciones de dinero público. En su condición de consejero de Empleo desde 2004 a 2010, estaba al mando del departamento que repartía las ayudas.

El caso más flagrante es el de los intrusos que se colaron en ERE de empresas donde no habían trabajado para cobrar una prejubilación financiada por la Junta, pero hay muchos más, como los empresarios que dedicaron la subvención a pagar nóminas, tapar trampas o hacer un hotel. Otro destino más sórdido tuvo parte de los 1,3 millones de euros que recibió el antiguo chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que compró cocaína y regalos para su jefe. Ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por este motivo.

Hasta el pasado 6 de junio, el sumario abarcaba 134 investigaciones separadas en distinta fase procesal, de las que 61 están concluidas y se han mandado a la Audiencia de Sevilla para celebrar el correspondiente juicio.

Desarbolar las distintas ramas del frondoso árbol de los ERE, tras trece años y medio de instrucción, no va a ser una tarea fácil, entre otras cosas porque el TC no es un órgano jurisdiccional y las decisiones que adopta, como la reducción de penas de exconsejeros como Francisco Vallejo o Carmen Martínez Aguayo, afectan única y exclusivamente a ellos. Fuentes jurídicas consultadas insisten en que la mayor parte de las ayudas se distribuyeron sin ningún procedimiento administrativo ni expediente.

La concesión fue tan ilegal como nulo su seguimiento, por lo que siguen vigentes los delitos de malversación y prevaricación, aclaran. Esta semana, en plena revisión de los recursos de amparo en el TC, diversos operadores que intervienen en el sumario han estado trabajando con normalidad y así van a continuar.

Desde el lado de las defensas de los investigados, en cambio, creen que el giro que ha dado el TC a la rama que involucraba a la antigua cúpula de la Junta «afectará al devenir de las piezas por enjuiciar», apuntaba el letrado Juan Carlos Alférez. El fundador del bufete sevillano Constitución 23 defiende al ex director general de IDEA Miguel Ángel, el primer ex alto cargo que salió de la prisión por la doctrina del TC.

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) augura que el viraje va a complicar la recuperación del dinero defraudado. Alférez lo ve de otra manera. «La solución que el Constitucional ofrece al caso es perfectamente compatible con la recuperación del dinero público que verdaderamente se haya malversado». Explica que «el TC no ha decretado que no exista malversación en términos absolutos, más al contrario, mediante un pronunciamiento simple y claro, mantiene su existencia en la concesión de aquellas ayudas que hayan supuesto una desviación de la finalidad para la cual el legislador autonómico decidió que se aplicase la bolsa presupuestaria, lo que determina la inmediata absolución de todos los que no hubieren participado en la decisión de desviar el caudal público de su finalidad».

A su vez, «aquellas ayudas que fueran conformes con la finalidad contenida en la ley, dejarán de ser malversadoras y con ello, que la inmensa mayoría del programa presupuestario no pueda seguir ya considerándose como malversación, pero sí que supone que, evidentemente, los excesos puntuales, las desviaciones concretas que se hayan producido, tendrán que ser enjuiciadas y analizadas, una a una, en las diferentes piezas». Es lo que «con toda lógica jurídica las defensas hemos venido sosteniendo desde el comienzo del caso», añade Alférez.

Tras el pronunciamiento del TC, «es completamente incierto decir que haya habido una malversación de 700 millones de euros, desconozco la cifra de las desviaciones puntuales, pero es posible que no alcancen ni a un 10 o a un 15 por ciento del total, pero hablar de cifras concretas en un momento en el cual aún no se han celebrado los juicios en las piezas, es tremendamente aventurado», concluye este letrado.