De un mayor control del Estado al aumento de los recortes: qué hay detrás de la “economía de guerra” anunciada por Cuba
El plan, recibido por muchos como una nueva fórmula para definir las penurias habituales, puede agravar el flujo migratorio, según los analistas
Cuba vive en una “economía de guerra”. Lo afirmaron las propias autoridades de la isla hace una semana. Es decir, la escasez de alimentos con la que la población lleva años lidiando, el salario que no alcanza, los precios disparados, ese panorama desolador, ese territorio de desastre se asemeja al de un país volcado al campo de batalla. El reconocimiento despertó reacciones dispares. Hubo quien consideró “efectista” el anuncio, otros respondieron escépticos y unos cuantos no han hecho más que burlarse. El popular actor Ulises Toirac, uno de los grandes rostros del humor de la televisión nacional, aseguró en sus redes que estaba cansado del calor y la ausencia de pan, pero no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Luego lanzó la broma más seria que haya dicho jamás: “Es que estoy en economía de guerra. Hace años”.
A pesar de su significado, la declaración del Gobierno, realizada en una reciente reunión del Consejo de Ministros donde se anunciaron nuevas medidas para “reimpulsar la economía durante 2024″, no provocó un particular clima de temor o incertidumbre. Los cubanos llevan años sufriendo una crisis que comenzó en los noventa con la pérdida de la ayuda económica proveniente de la extinta Unión Soviética y de la cual nunca han podido recuperarse. La gente ha percibido que la escasez permanente en la que vive tiene ahora un nuevo nombre, más tremendista.
Nada cambia, en el fondo, luego de que les dijeran que permanecen en una “economía de guerra”, porque desde hace mucho entienden lo que esto implica. “He oído comentarios sobre eso de la economía de guerra, pero no me dice nada porque siempre estamos muy mal”, dice Yosvani Castañeda, de La Habana. “La comida y todo lo demás está muy caro. Los precios están por las nubes, sobre todo lo más necesario, la comida, las medicinas. Se necesita un camión de dinero para sobrevivir. Hay que esperar a ver si es cierto que van a topar los precios, pero lo que yo creo es que esto nunca va a cambiar”.
El término de “economía de guerra” ahora se vuelve una incógnita para muchos: ¿por qué motivo el Gobierno cubano utiliza hoy, y no antes, un concepto propio de países en situación bélica, que han tomado medidas para reorganizar su industria, ahorrar insumos o controlar sus políticas económicas en contextos hostiles?
Ricardo Torres, exinvestigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor en la American University de Washington, cree que el término “se pretende instalar en la opinión pública para justificar los ajustes inevitables que tiene que introducir el Gobierno”, ya que “una parte de las medidas relacionadas con el presupuesto son impopulares, porque implican recortes de gastos y más recaudación de impuestos”. El economista cree, además, que con esta expresión las autoridades se refieren tanto a la crisis económica como al “asedio” internacional que padecen. “Se sabe que hay una combinación de factores domésticos y externos que afectan a la economía cubana. Pero no hay una guerra. Hay un modelo que no funciona, que tiene fallos de décadas, y una crisis económica que no ha sido bien gestionada por el Gobierno”.
Con todo, no es la primera vez que el Gobierno cubano califica las turbulencias como una “economía de guerra”. A finales de 2023, el mandatario Miguel Díaz-Canel anunció públicamente el “inicio de una nueva tendencia en el comportamiento” de la economía cubana. “Economía de guerra la hemos llamado, porque debe operar en un escenario de política de máxima asfixia, diseñada y aplicada a un pequeño país por el más poderoso imperio de la historia”. Con esto se refería al embargo económico que mantiene Estados Unidos hacia Cuba, y que ha servido como pretexto para justificar las constantes crisis que han acabado sumiendo al país en la miseria.
Otros especialistas, como Omar Everleny Pérez Villanueva, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, ven “arriesgado” usar un término como “economía de guerra”, que podría “incentivar más la emigración cubana, que ha roto todos los récords posibles de salidas del país desde 1959 a la actualidad”. También, según él, podría enviar “un mensaje desalentador a los posibles inversionistas extranjeros en la economía cubana que podrían haber traído capitales frescos tan necesarios para el desarrollo”. El economista considera que, al apelar a dicho término, el Gobierno “quiere decir” que podrían tomarse medidas extraordinarias en el área económica, que en otras condiciones no se harían. “Desde frenar de nuevo las empresas privadas que funcionan como abastecedoras minoristas a la población, como no otorgar nuevas licencias, o poner topes a los precios”.
El sector privado, un blanco de las nuevas medidas
Si precisamente un resquemor han despertado los nuevos recortes, ha sido en las personas que integran el sector privado en la isla. En la reunión, Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, anunció que dichas medidas incluyen recortes presupuestarios, un “control de precios” tanto en el sector estatal como el no estatal, el establecimiento de una política de precios únicos y la centralización y el control de algunas decisiones económicas. Hasta el momento se desconoce cuándo comenzarán a implementarse, pero desde ya algunos analistas entienden que las medidas podrían afectar directamente a las llamadas Mipymes, pequeñas y medianas empresas que se aprobaron en 2021, cuando el Gobierno no encontró otra opción que abrir el sector privado, en medio de una crisis agravada desde 2019, los golpes a la economía a causa de la pandemia de la covid-19 y el recrudecimiento de las sanciones económicas hacia la isla por parte de la Administración del expresidente estadounidense Donald Trump.
Algunas de esas medidas, según Pérez Villanueva, “son muy arriesgadas, ya que tenderán a disminuir la oferta de bienes, en una situación de gran escasez, y donde hay un deterioro enorme del poder adquisitivo de los salarios y pensiones”. El Gobierno topará los precios máximos de productos como el pollo, el aceite, la salchicha, la leche en polvo, la pasta alimenticia y el detergente, en muchas ocasiones inaccesibles para personas que solo viven con el salario del sector estatal. La medida, que alivia a los clientes, podría afectar a los negocios privados.
“El control administrativo de los precios de algunos productos que venden las Mipymes es un sinsentido total”, piensa Torres. “Se conocen los resultados: aumento de la escasez, contrabando, mercado informal, y un largo etcétera. En cierta forma es el reconocimiento del fracaso en el control de la inflación. Se continúan imponiendo restricciones al sector privado, cuando deberían hacer todo lo contrario. La mejor cura para estabilizar la economía es hacerla crecer, y no vemos un plan coherente en ese sentido”.
El economista también está de acuerdo con un sentir general: las medidas buscan más control del Estado en la economía del país. “Creo que ese siempre es un objetivo del Gobierno”, dice. “El Gobierno le teme a un sector privado grande y autónomo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de él sin hundir aún más la economía. Quieren alcanzar un equilibrio que es imposible para mantener un modelo que ha fracasado”.
Desde hace un tiempo, los economistas aseguran que la crisis en la que el país está sumergido desde 2019 sobrepasa con creces a lo vivido durante el llamado Periodo Especial, la dura crisis que comenzó como resultado del colapso de la Unión Soviética. A inicios de este año se conoció que por primera vez Cuba había pedido ayuda de manera “urgente” al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para que enviara leche para los menores de siete años. En 2023, el país cerró con una inflación del 30% al cierre del año, una economía contraída al 2% y una depreciación de la moneda cubana de más del 50% frente al dólar y al euro en el mercado informal. Los cubanos, en medio de la desesperación, se han lanzado en dos ocasiones a las calles gritando “hambre” y “comida”. El panorama es desolador.
“Creo que esta crisis es peor por muchas razones”, asegura Torres, comparándola con la vivida en los noventa. “Cuba entraba al Periodo Especial después de una década de relativa prosperidad, servicios sociales robustos y reducida desigualdad. A esta crisis se llega después de casi tres décadas de estancamiento y creciente desigualdad. Muchas familias nunca recuperaron los niveles de vida de los ochenta. Hay un retroceso en la calidad de los servicios sociales. Esta crisis golpea desproporcionadamente a una parte de la población que ya estaba en desventaja. La emigración ha sido mucho más alta, y la población envejece aceleradamente. Todo esto son malos augurios para el futuro”, insiste.
A pesar de que en los últimos tiempos el Gobierno ha tomado una serie de medidas, como la destitución del ministro de Economía o la puesta en práctica de otro plan que implicaba un aumento en el precio del transporte, de las tarifas de electricidad y hasta del gas licuado, lo cierto es que no se acaba de proponer una solución concluyente para aliviar la crisis en la isla. Las autoridades siguen mirando a otro lado y centralizando todo el poder económico.
“Creo que la única medida que puede sacar al país de la situación de escasez crónica es quitar los nudos que aún frenan la producción manufacturera o agrícola”, considera Everleny, quien insiste en que, fuera de esas medidas, todas las demás “son coyunturales y en vez de avanzar hacia adelante, se retrocede”. “Por ejemplo, los topes de precios han demostrado ser inviables en las coyunturas económicas en Cuba. El Gobierno tiene que ser competitivo con el privado, pero no desde posiciones de poder o de control desde arriba, sino ofreciendo productos a mejor precio”.
Torres, a su vez, piensa que en este, como en los anuncios anteriores, falta lo más importante: un plan coherente que incluya medidas estructurales. “Se mantiene la apuesta por un modelo económico fallido, mientras continúa el enfoque de poner parches. La prioridad en este momento debe ser una reforma radical de las empresas estatales, reestructurando las inviables e imponiendo la disciplina que solo el mercado puede conseguir”, sostiene.
Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
