La comisión del ‘caso Boaventura’ concluye que hubo “abuso de poder y acoso” en la jerarquía del Centro de Estudios Sociales de Coimbra

La comisión independiente creada por el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra para investigar las denuncias de acoso sexual contra el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, que dirigió la institución entre 1978 y 2019, observó “patrones de conducta de abuso de poder y acoso por parte de algunas personas que ejercían posiciones superiores en la jerarquía del CES”. Los testimonios y las pruebas recogidas durante los 11 meses de trabajo de la comisión no permiten, sin embargo, esclarecer la existencia de algunas situaciones denunciadas públicamente, aunque en sus conclusiones finales destacan su “coherencia” y “consistencia”. “Los testimonios y las denuncias presentadas son, en su mayoría, testimonios extensos, con información precisa y detallada, situadas en el espacio y en el tiempo, describiendo pormenores de reuniones de trabajo, conversaciones, situaciones de convivencia y otras, presentando, en su mayoría, consistencia entre sí y coherencia interna”, señalan en la primera de las conclusiones.

La creación de esta comisión se produjo tras la publicación del libro Sexual Misconduct in Academia: Informing an Ethics of Care in the University (Mala conducta sexual en la academia: sobre una ética del cuidado en la universidad), editado por Routledge, donde tres antiguas investigadoras del Centro de Estudios Sociales, Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro y Miye Nadya, denunciaban un ambiente de abuso de poder y acoso sexual en una institución que no citaban, pero que fue identificada como el CES. De igual modo, se concluyó que las dos personas a las que denunciaban en el texto eran el fundador del centro y sociólogo de renombre internacional, Boaventura de Sousa Santos, y el profesor Bruno Sena Martins. El libro sería retirado más tarde por la editora, pero también propició la aparición de nuevos testimonios de mujeres que se declararon víctimas del sociólogo, como la activista mapuche Moira Millán y la diputada brasileña Bella Gonçalves.

Hasta abril de 2023 se contaban ocho mujeres entre las denunciantes, pero el informe presentado este miércoles revela un universo de víctimas muy superior. La comisión recibió denuncias de 32 personas –mujeres en el 78% de los casos–, de las cuales un 48% se presentó como víctimas, lo que elevarían los casos a una quincena. Otras personas denunciaron que habían sido testigos de malas prácticas. Los estudiantes de doctorado y los investigadores posdoctorales son los grupos que más denuncias presentaron.

Asimismo, la cifra de denunciados resulta sorprendente. Catorce personas del CES fueron denunciadas por una o varias personas por diferentes actuaciones y todas ellas prestaron declaración ante la comisión. La mitad de los denunciados lo fueron por encubrimiento, el 21% por negligencia y un 29% por algún tipo de acoso o abuso, ya fuese moral, sexual o de poder. Las denuncias más habituales describieron situaciones de acoso moral (28%), acoso o abuso sexual (27%) y abuso de poder (27%).

En un informe de 114 páginas, que ahora se remitirá a la Fiscalía, la comisión relata que el CES estuvo dirigido durante años por un círculo reducido de poder, que tomaba todas las decisiones, apartaba o promocionaba profesionales por criterios arbitrarios y se saltaba de forma permanente las barreras entre vida profesional y privada. Entre las situaciones de acoso sexual se citan la “erotización de gestos” de algunos investigadores principales hacia las alumnas, “la excesiva proximidad y contacto corporal no autorizado”, “besos húmedos y demorados”, “miradas lascivas”, “propuestas de relaciones íntimas” a cambio de beneficios académicos o la incitación al consumo de alcohol con la intención de obtener “un contacto sexual”.

En cuanto al abuso sexual, se citaron tocamientos no consentidos, relaciones sexuales con personas en posición de inferioridad profesional cuando se encontraban “bajo el efecto de sustancias y sin condiciones plenas para dar su consentimiento”. Sobre prácticas de acoso moral se enumeran, entre otras, la “humillación y descalificación sistemática y agresiva” de algunos profesores e investigadores principales respecto al trabajo producido, contactos con alumnos en “horas impropias (a veces de madrugada) para tratar asuntos no urgentes a veces para satisfacer caprichos personales” o comentarios despreciativos hacia la vestimenta.

Los denunciados negaron las acusaciones en su declaración ante la comisión y las atribuyeron a razones “políticas, ideológicas, personales o académicas”, aunque “una minoría confirmó varios de los hechos, en particular la existencia de relaciones íntimas de cariz sexual entre profesores/investigadores y alumnas/investigadoras y la presencia de situaciones de acoso moral y de abuso de poder”.

En sus conclusiones, la comisión verificó que actividades informales de integración “generaron situaciones inadecuadas al contexto académico” e identificó situaciones de vulnerabilidad en los estudiantes procedentes del extranjero. Los investigadores señalan que la “jerarquía piramidal” y una cultura de la informalidad propiciaron “situaciones de conflicto de intereses, acoso y abuso de poder”.

En un comunicado remitido horas después de la publicación del informe, Boaventura de Sousa Santos aseguró que se sentía “más tranquilo que hace un año” en lo personal y “más preocupado” como fundador del CES. “El informe se centra en cuestiones como el abuso de poder, que no comparto”, señala el sociólogo, que también lamenta que la junta directiva del CES no haya puesto fin “al clima de sospecha” contra él. Además, destaca que la comisión señala que “las versiones presentadas por varios denunciantes y varios acusados eran, en muchas situaciones, incompatibles entre sí, lo que hacía impracticable valorar la evidencia de las pruebas”.