Cambio en los fondos europeos para luchar contra la pobreza: de las colas del hambre a las tarjetas monedero

De ir a recoger una bolsa de alimentos que alguien ha seleccionado previamente a recibir una tarjeta monedero con la que poder elegir qué comprar en el supermercado. Este es el cambio de filosofía en el programa de asistencia material a personas en situación de extrema vulnerabilidad que se financia con fondos europeos y que se pondrá en marcha este abril en España. Evitar las colas del hambre y que los beneficiarios puedan decidir qué prefieren consumir. Se calcula que se atenderá a casi 70.000 familias con niños este primer año. En función del tamaño del hogar, dispondrán de entre 130 euros al mes y 220 para comprar comida y otros productos básicos. Es un programa estatal de gestión autonómica. Con el objetivo de que entre en vigor este 2024, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que otorga, “con carácter excepcional y por razones humanitarias”, una subvención de más de 100 millones de euros a Cruz Roja para que, entre abril y diciembre, el sistema pueda echar a andar. A partir de enero de 2025, serán las autonomías las que asumirán por completo la gestión de las tarjetas.

Se trata de poder decidir, por ejemplo, algo tan básico como si en casa gusta más la leche entera o desnatada. O el sabor del zumo. De tener la opción de entrar a un comercio, como el resto de ciudadanos, y comprar lo que se prefiera. Para ello, las familias usarán un vale canjeable y evitarán así lo que se conoce como las colas del hambre. Un camino por el que cada vez optan más entidades sociales y también administraciones. El objetivo es “normalizar la cobertura” de una necesidad, “dignificarla”, explican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. “Hoy damos un paso decisivo para dignificar la protección social y que las familias con hijos e hijas a cargo no tengan que ir a las colas del hambre. Hoy desde el Consejo de Ministros impulsamos un cambio de modelo”, ha afirmado en rueda de prensa el responsable de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

La Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), que hasta ahora ha sido la entidad que junto a Cruz Roja realizaba las entregas de bienes comprados con fondos europeos, manifiesta su preocupación, sin embargo, por que los nuevos beneficiarios tendrán que pagar los alimentos a precio de mercado, y no al por mayor como se hacía hasta ahora, lo que supondrá que abonarán “entre un 70% y un 75% más”, según explica su director, Francisco Greciano. Apunta asimismo que entre el “75% y el 80% de las personas actualmente atendidas gracias a los fondos europeos” en los bancos de alimentos se quedarán fuera del programa, dado que se trata de familias sin hijos.

Fuentes de Derechos Sociales recalcan que las comunidades autónomas y ayuntamientos, que tienen la competencia en la asistencia social, seguirán atendiendo a todo aquel que lo necesite, a través de otros recursos, como por ejemplo, las ayudas de emergencia que entregan los ayuntamientos. Explican que este es un fondo más, de todos los que existen, para luchar contra la pobreza. Por ejemplo, fuentes del Gobierno vasco señalan que, además de los 41,5 millones de euros presupuestados para estas ayuda de emergencia, este año destinarán 2,7 millones para tarjetas monedero que gestionará Cruz Roja para población vulnerable: “El objetivo es que nadie se quede fuera”. Además de que los bancos de alimentos seguirán recibiendo ayudas públicas y funcionando.

Hasta ahora, ha estado en vigor el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD), con el que, desde 2014, se han realizado dos grandes compras al año que en España han distribuido Cruz Roja y la Federación Española de Bancos de Alimentos, tanto a personas que acudían derivadas por los servicios sociales como a quienes iban por iniciativa propia (por ejemplo, a comedores sociales). Sin embargo, en la nueva etapa de programación de los fondos europeos, FEAD como tal desaparece y pasa a encuadrarse en el Fondo Social Europeo Plus, que exige que el 3% del monto total se dedique al objetivo de privación material.

En la negociación española con la Comisión Europea, se decidió que esta nueva ayuda se focalizara en las familias con niños, dadas las altas tasas de pobreza infantil en el país (el riesgo de pobreza es del 27,8%, el peor dato en la UE). Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales indican que fue en 2021, en una decisión que se tomó con las comunidades autónomas de manera unánime, cuando se optó por cambiar el sistema y recurrir a las tarjetas monedero.

Fesbal calcula que, entre 2014 y 2023, el 28% de lo que repartieron los 54 bancos de alimentos que hay en España fue adquirido gracias a los fondos europeos, aunque en alguno de ellos la cantidad asciende incluso hasta el 40%. En 2022, último año con datos disponibles, 1,3 millones de personas recogieron alimentos en estos bancos gracias al fondo FEAD, aunque la memoria no permite saber si se trató de una ayuda puntual o periódica. El ministerio ha calculado, basado en el presupuesto total del programa anterior, que esto puede suponer menos de seis euros al mes por persona, aunque reconoce que los bancos de alimentos complementan con otros productos las entregas que hacen. Y Greciano insiste en que las compras realizadas al por mayor son más baratas. Pese a ello, lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que los bancos de alimentos seguirán operativos y que están estudiando opciones para intentar paliar el déficit que tendrán a partir de ahora, por ejemplo con un proyecto relacionado con la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.

Ante el cambio de modelo, la primera opción en la que se trabajó en el ministerio fue un acuerdo marco a través del cual Derechos Sociales acreditara a una serie de establecimientos con los que luego pudiera operar cada comunidad autónoma. Pero esta solución no cuajó, “por algunos problemas de gestión y retrasos de algunas comunidades autónomas”, explican fuentes del ministerio. Así que, dado que las entregas de alimentos del fondo anterior finalizan en abril y ante “el riesgo de que no se pudiera hacer una transición ordenada” y el peligro de que hubiera un periodo sin cobertura, en la legislatura anterior se comenzó a trabajar en una solución “transitoria y excepcional”.

Hay autonomías que han manifestado su “preocupación”, como por ejemplo Galicia, según fuentes de la Consellería de Política Social, dado que “mucha gente se quedará fuera” del programa “al no cubrir a todos los colectivos vulnerables en pobreza extrema”. Además, critican “el retraso en la gestión” y aseguran que “no tienen ningún tipo de información” por parte del Gobierno. Algo que fuentes de Derechos Sociales niegan, y aseguran que “el diálogo con las comunidades autónomas ha sido y está siendo fluido”. Recuerdan, además, que la decisión del cambio de modelo se tomó por unanimidad en 2021.

El ministerio asume la gestión de las tarjetas de abril a diciembre. Las comunidades autónomas deberán elegir qué familias se beneficiarán del programa. Eso sí, serán hogares con hijos en situación de vulnerabilidad: su renta debe estar por debajo del 40% de la mediana del país, calculada teniendo en cuenta el tamaño de los hogares. Para un adulto y un menor de 14 años, esto equivale a ingresar menos de 8.743 euros al año. Para dos adultos y dos niños, 14.124. Cruz Roja ha recibido una subvención de más de 100 millones de euros (ha sido una concesión directa, no han concurrido otras entidades), de los cuales más de 95 millones serán para que las familias puedan adquirir bienes y cerca de cinco, para gastos técnicos de la implantación del programa. Las tarjetas se cargarán por el importe equivalente a entre un mes y tres, y los hogares podrán beneficiarse de las mismas un máximo de un año. Un adulto y un niño recibirán 130 euros; 160 euros si la familia tiene tres miembros; 190 si son cuatro; 220 si son cinco o más. Bustinduy ha destacado que el programa permitirá acceder “a productos frescos como la fruta y la verdura, que por el anterior sistema de reparto de bolsas no era una opción posible”.

Para este año, el ministerio elegirá en qué supermercados o establecimientos se podrán gastar estos vales canjeables. “Serán aquellos que sean capaces de hacer en caja la selección de los productos”, dado que la Comisión Europea tiene restricciones, apuntan las fuentes de Derechos Sociales. Por ejemplo, no se puede comprar alcohol, y sí productos de higiene, pero no maquillaje. La idea es evitar a los beneficiarios trámites burocráticos a la hora de justificar las compras y que se pueda resolver en la propia tienda. Esta solución transitoria, añaden las fuentes del ministerio, “dará más tiempo a las comunidades para desarrollar sus propios sistemas”. A partir del 1 de enero de 2025, cada una asumirá la gestión de las tarjetas y deberá disponer de su propio programa. En total, los fondos europeos podrán gastarse durante siete años, es decir que la financiación podrá extenderse hasta 2030. Para esos siete años hay presupuestados cerca de 628 millones de euros (de los cuales, unos 565 salen del tramo estatal del Fondo Social Europeo Plus y cerca de 63 corresponden a la cofinanciación autonómica).