Francia establecerá un perímetro de seguridad frente a los pesticidas

¿Cuál es la distancia mínima que debe haber entre los núcleos poblacionales y los cultivos que usan pesticidas para evitar que estos dañen la salud de las personas? El Gobierno francés ha lanzado este lunes una consulta para determinar el perímetro de seguridad más adecuado. Una cuestión que organizaciones ecologistas —y numerosos políticos locales— llevan tiempo reclamando. Pero la iniciativa de París no ha apagado las críticas a la inacción oficial en materia de pesticidas, todo lo contrario. Muchos ecologistas afirman que la distancia propuesta por las autoridades —de entre cinco y diez metros— es ridícula. Los sindicatos agrícolas por el contrario advierten en contra de establecer una zona demasiado amplia que afecte a los cultivos. Tras un verano en el que varios alcaldes rurales desafiaron al Gobierno implantando zonas tampón sobre todo contra el uso de glifosato, todo apunta a que se avienen tres semanas, que es lo que va a durar la consulta en línea, bien agitadas.

La iniciativa fue presentada como un nuevo gesto ecológico del Gobierno de Emmanuel Macron. Al fin y al cabo, subraya la ministra de Transición Ecológica, Elisabeth Borne, es la primera vez que se implantará en Francia una separación entre zonas habitadas y terrenos agrícolas en los que se usan pesticidas. Hasta ahora, como en la mayoría de los países de la UE, en Francia regía solo la directiva europea de 2009 que insta a que “se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en algunas zonas específicas” consideradas especialmente vulnerables, esto es, “parques y jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, áreas esco­ lares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros de asistencia sanitaria”. Pero lo que el ejecutivo quiere es generalizar un espacio de exclusión en toda zona residencial, que a priori propone sea de un mínimo de diez metros de distancia para las zonas en que se usen “las sustancias más peligrosas”, que no define. En cuanto a los “otros productos fitosanitarios”, la idea es establecer una distancia de también diez metros para los cultivos altos (viticultura y arboricultura) y de cinco para los bajos como cereales. Sin embargo, las autoridades indican —y eso sería lo que se debe decidir durante la consulta— que podrían “adaptarse” y reducirse esas distancias mínimas a hasta tres metros para los cultivos bajos y cinco para los otros en los departamentos que así lo decidan tras discutirlo entre agricultores, autoridades y los ciudadanos. La idea es tener listo un decreto para que la medida pueda empezar a implantarse en enero de 2020.

Las distancias propuestas, insiste el Gobierno desde que adelantó la idea, este fin de semana, se basan en un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria, Alimentación, Medioambiente y Trabajo, la Anses. El problema, replican las organizaciones ecologistas que consideran las distancias propuestas poco menos que inútiles, es que la propia Anses reconoce que basa sus estimaciones en estudios realizados en la década de 1980, a falta de nuevos datos.

“La gran debilidad de esta metodología de evaluación pone claramente en duda la eficacia de las distancias propuestas por el Gobierno”, dijo François Veillerette, director Générations Futures. De acuerdo con esta ONG que lleva años luchando por controlar los pesticidas, el Gobierno debería tener en cuenta esas “debilidades importantes” y curarse en salud “aumentando de manera muy significativa las distancias de seguridad entre las zonas de pulverización (de pesticidas) y las zonas habitadas”.

Distancia ideal

El alcalde de la localidad bretona de Langouët, Daniel Cueff, se convirtió la pasada primavera en uno de los adalides de la lucha contra pesticidas como el glifosato cuando lanzó un decreto que prohibía la utilización de este tipo de productos a menos de 150 metros de “toda parcela catastral que comprenda un edificio de residencias u oficinas”. La medida fue anulada por la prefectura —temas como los pesticidas son política nacional, no regional— pero el debate estaba lanzado y, a lo largo del verano, una veintena de alcaldes desafiaron a París decretando medidas similares.

A finales de agosto el presidente Macron, a quien los ecologistas recriminan que no haya impulsado, como había prometido, la prohibición del glifosato para 2021, dijo “comprender” las razones de Cueff y, aunque subrayó que no compartía el modo en que había lanzado su decreto, coincidió en la necesidad de lograr un “marco de zonas de uso de pesticidas”, algo que se busca ahora con la consulta.

Consultado por la prensa francesa este fin de semana por el anuncio de las distancias propuestas, el alcalde bretón las calificó de “poco serias”, pero el ministro de Agricultura, Didier Guillaume, ha replicado que el perímetro de 150 metros no se sostiene con datos científicos. Claro que los críticos le acusan de ceder a las presiones de los sindicatos de agricultores, que tampoco han tardado en lanzar el grito al cielo ante lo que consideran un ataque más a una agricultura ya plagada de problemas.

En España, la normativa vigente —Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre— no prevé ningún espacio de separación entre núcleos habitados y cultivos en los que se apliquen pesticidas. El texto sí prevé una distancia mínima de seguridad de cinco metros entre los cultivos "y las masas de agua superficial", distancia que aumenta a 50 metros cuando se trata de "puntos de extracción de agua para consumo humano". 

El Real Decreto sí prohíbe el uso de pesticidas "por medios aéreos sobre núcleos urbanos, masas de agua y asentamientos apícolas". En estos casos la norma exige "una franja de seguridad mínima de 100 metros", distancia que puede acortarse en casos especiales "autorizados por el órgano competente".

El potencial cancerígeno del glifosato —el herbicida más usado en el mundo— ha provocado intensos debates en los últimos años. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS lo incluyó en 2015 en su lista de sustancias que probablemente causan cáncer, la 2A. Mientras, las autoridades de EE UU y la UE sostienen que es un producto seguro. Pese a ello, la multinacional Bayer (que compró a Monsanto en 2016) ha recibido tres condenas en Estados Unidos la relacíón del glifosato con casos de cáncer