América Latina en la campaña de Biden

La política exterior suele ser una variable dependiente de la política interior. Esta regla pocas veces resulta tan evidente como en las actuales relaciones de los Estados Unidos con América Latina. La perspectiva regional de la agenda de Joe Biden está modelada casi por un único tema: el impacto que tienen sobre su campaña por la reelección las recriminaciones que recibe su política migratoria.

La crítica a las estrategias para encarar la presión de los inmigrantes es una de las banderas que más agitan los republicanos en su oposición al gobierno. Sobre todo, Donald Trump, quien se perfila como el candidato más competitivo para reemplazar a Biden el año próximo. En todo esto no hay novedad. Sí llama la atención, en cambio, que los demócratas se están volviendo cada vez más directos en sus reproches a la gestión de su propio partido en relación con la inmigración ilegal. Llamó la atención, por ejemplo, que Eric Adams, el alcalde de New York, viajara a México para rogar que quienes decidan mudarse a su país no elijan su ciudad. Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, envió una carta al Presidente pidiendo más ayuda para lidiar con la ola de recién llegados. Y algunas organizaciones no gubernamentales de California, lideradas por demócratas, han comenzado a denunciar una crisis humanitaria por la falta de recursos para acoger a los que buscan asilo.

Esta crudeza encuentra su mejor explicación en las estadísticas oficiales. Los cruces ilegales desde la frontera con México, que habían estado en junio pasado en el orden de los 100.000, pasaron en septiembre a superar los 220.000. El récord histórico se verificó en mayo de 2022, con 230.000.

Biden reacciona ante esta crisis con un argumento incomodísimo. Anunció que eludirá limitaciones ambientales para acelerar la construcción de barreras físicas en el límite sur, lo que remite al proyecto de construcción de un muro lanzado por Trump y repudiado por los demócratas. Cuando le preguntan por qué cae en esa receta, el presidente responsabiliza al Congreso, que otorgó los recursos para llevarla adelante. Pero, cuando le preguntan si cree en ella, afirma que no.

Acorralado por las cifras, por los rivales y por sus propios partidarios, Biden ha fijado hasta las próximas elecciones tres objetivos principales en relación con América Latina. El primero es la aceleración de proyectos para mejorar la economía de la región. El último viernes encabezó en Washington una reunión con presidentes y cancilleres de la región, organizada por la Casa Blanca y por el Banco Interamericano de Desarrollo, para ofrecer paquetes de ayuda financiera para la construcción de infraestructura. En la reunión estuvieron representados Costa Rica, Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Canadá y Barbados.

La iniciativa hace juego con el proyecto America Act, del senador republicano Bill Cassidy y de su colega demócrata Michael Bennet. Esa legislación, cuyos congresistas desean ver aprobada el año próximo, pretende constituir con países de América Latina una alianza basada no sólo en el comercio, como ha sido el modelo clásico, sino también en inversiones energéticas, de infraestructura, cadenas de suministros y movimientos migratorios. La intención de estos legisladores de los dos partidos tiene un sesgo bastante obvio de competencia con China por la gravitación en el hemisferio occidental. Pero también aspira, como la política de cooperación de tantos estados europeos con países africanos, a contener el flujo migratorio, eliminando los factores de subdesarrollo que están detrás de la expulsión de personas.

Al mismo tiempo que Biden se abrazaba a esta política continental, una delegación de funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte llegaba desde Washington a Caracas para supervisar las condiciones del aeropuerto de Maiquetía, la principal base aérea de Venezuela. La visita está enmarcada en el lento descongelamiento de las relaciones entre los gobiernos de Biden y Nicolás Maduro. Esa distensión tiene su propia agenda, ordenada alrededor de los compromisos que está dispuesta a aceptar la dictadura de Maduro para garantizar una transición democrática en el país. Como siempre que se inician estas negociaciones, el chavismo avanza y retrocede. Esta vez, el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo anuló las primarias de la oposición en las que había arrasado como candidata María Corina Machado a quien, además, el régimen había suspendido sus derechos políticos. El secretario de Estado, Antony Blinken, amenazó al gobierno de Maduro con reponer las sanciones que habían sido removidas si no se cumplen con los acuerdos celebrados con la oposición.

Los norteamericanos están dispuestos, aun en este contexto, a mantener el vínculo con el chavismo. Es una imposición del imperativo migratorio. Y es el segundo objetivo de Biden en relación con América Latina en su último año de gestión. La inspección en el aeropuerto de Caracas es parte del plan de repatriación desde Estados Unidos, que ya devolvió a su país a más de 300 venezolanos.

El tercer objetivo tiene que ver con el desastre humanitario que se vive en Haití. La Casa Blanca impulsó un acuerdo en materia de Seguridad con Kenia, suscripto por el secretario de Defensa Lloyd Austin, que visitó ese país. Esa asociación fue el último respaldo al papel que Kenia desempeñará en Haití: la policía de ese país encabezará una fuerza destinada a combatir las brutales pandillas que tienen dominadas mediante la violencia las principales ciudades del país.

La intervención de la policía de Kenia, muy entrenada en el combate a grupos terroristas islámicos en su propio país, fue respaldada por 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Rusia y China se abstuvieron. Pero no vetaron. La policía keniana estará al frente de guarniciones integradas también por fuerzas de Jamaica, Bahamas, Antigua y Barbuda y, lo que es menos seguro, España, Senegal y Chile.

El respaldo y el financiamiento a esta operación dirigida por Kenia responde a la fenomenal presión de los haitianos para huir de su atormentado país rumbo a los Estados Unidos. En junio el propio Biden había anunciado que esos migrantes, igual que los procedentes de Cuba y Nicaragua, serían enviados a México de inmediato, si se verificaba que carecían de la documentación correspondiente para ingresar al país.

La burocracia del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad, en Washington, está concentrada en estas jugadas diplomáticas. La asisten tres razones principales. La primera es que responden a una crisis objetiva. La segunda: en la cuestión migratoria radica la mayor vulnerabilidad de Biden en su permanente duelo contra Trump. La última encuesta publicada, el 4 de octubre pasado, por la Marquette University Law School, consignó que en materia de política migratoria el 52% de los entrevistados prefiere al expresidente republicano y sólo 28% a su sucesor.

El tercer motivo para que los profesionales de la política exterior se concentren en esta emergencia tiene que ver con el nivel de polarización que existe en la visión del mundo de los dos rivales que compiten. Aun cuando el ataque de Hamas contra Israel produjo un consenso inesperado, es difícil encontrar en el pasado reciente de los Estados Unidos un enfrentamiento electoral tan determinante para la orientación geopolítica de ese actor global. Hasta que se despeje la incógnita de quién será el próximo titular de la Casa Blanca, toda estrategia internacional llevará el sello del corto plazo.