La fractura de Chile 

Chile afronta los 50 años del sangriento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en un escenario de profunda fractura política. El presidente, Gabriel Boric, al frente de un Gobierno integrado por una generación de dirigentes muy jóvenes forjados al calor de las revueltas callejeras estudiantiles, no ha logrado sumar a su mensaje de concordia a los partidos de la derecha y la extrema derecha. La crispación política, anclada en la discrepancia sobre el pasado dictatorial, llegó a las calles en la víspera del aniversario del golpe de Estado. Boric se puso este domingo al frente de una marcha hacia la tumba de Salvador Allende, el presidente derrocado, y muerto por su propia mano en su despacho hace medio siglo. El momento, pensado para unir a los chilenos, no fue lo esperado.

Grupos de encapuchados destrozaron cristales del palacio de La Moneda y en el cementerio donde yace Allende violentaron el mausoleo dedicado al cuerpo policial de Carabineros y la tumba del senador Jaime Guzmán, relator de la Constitución que el dictador Augusto Pinochet legó, como un lastre aún vigente, a la democracia chilena. No se trató de una multitud violenta, pero la presencia de pequeños grupos dispuestos a dinamitar cualquier consenso son la punta de un iceberg que oculta tensiones mucho mayores en una sociedad que no encuentra respuestas.

Las conmemoraciones de acontecimientos históricos sangrientos, como lo fue el golpe de 1973, suponen momentos de reflexión. Medio siglo debería de ser tiempo suficiente para lecturas reposadas que miren más hacia el futuro que hacia el pasado. No ha sido el caso chileno. De hecho, han emergido discursos negacionistas del terrorismo de Estado. Sobran las pruebas de las atrocidades del régimen pinochetista, que no solo prohibió los partidos políticos y cerró el Congreso, sino que dejó un reguero de sangre con más de 3.000 muertos y decenas de miles de presos políticos, torturados y exiliados. Lo que fue una promesa de rápida transición hacia la democracia duró 17 años. Como prueban las tensiones actuales, el legado pinochetista todavía perdura. La derecha acusa a la izquierda, en el Gobierno, de promover una lectura sesgada de la historia y aun achaca a Allende la responsabilidad de su propia caída. Pinochet fue, según esta mirada, la única opción ante la deriva de Chile hacia el comunismo.

El Gobierno, en tanto, no ha sabido o no ha podido encontrar el consenso. Como resultado, Chile está hoy partido en la condena a la barbarie pinochetista. La fractura va más allá de las palabras y puede tener efectos graves. El texto constitucional avalado por el Ejecutivo en el primer intento de reforma fue derrotado rotundamente en las urnas por una sociedad que lo consideró demasiado escorado hacia la izquierda. Las discusiones por un segundo texto están igualmente lastradas, pero esta vez por el dominio de la extrema derecha en el proceso. Lo que pueda esperarse de esta reforma no resulta demasiado alentador, y una nueva derrota en el referéndum de ratificación abriría la puerta a una crisis de grandes dimensiones.

No quedan dudas de que Chile está ante un momento crucial de su historia. Es hora de que abandone sus diferencias y se una en una lectura del pasado basada en aquellas cuestiones que no merecen discusión. No hay excusas para el terrorismo de Estado ni para la violencia, cualquiera que sea el origen. El país sudamericano debe mirar hacia el futuro con los valores de la democracia como bandera.