Cárcel, calle y abandono: otras realidades del cierre de psiquiátricos

En mayo pasado, el Congreso aprobó una serie de reformas a la legislación en materia de salud mental y adicciones. En general, atiende a demandas importantes como la autonomía y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental para tomar sus propias decisiones, y establece también guías de atención, prevención y reducción de riesgos y daños. Además, atiende la demanda de integración comunitaria y la prohibición de la hospitalización involuntaria.

El problema es que utilizaron esta prohibición para justificar el cierre de los psiquiátricos y ofrecer únicamente atención ambulatoria. Lo que significa el avance en derechos y libertad para unos es también retroceso y abandono para otros.

La reforma establece que la atención psiquiátrica se dará en los hospitales generales y que paulatinamente los hospitales psiquiátricos deberán cerrar para convertirse en generales. Por un lado, esto significa que más personas podrán tener cerca de sus domicilios consultas y acceso a medicamentos psiquiátricos. Por el otro, significa que no tendrán acceso a espacios adecuados con la especialización y seguimiento que implica la atención psiquiátrica como cualquier otra: cardiología, pediatría, cancerología, etc.

Hay historias terribles de abusos y malos tratos en los hospitales psiquiátricos y ello ha servido también de argumento para justificar su cierre. Sin embargo, el deber del Estado es hacerse cargo y erradicar estas prácticas que se dan no sólo ahí sino en muchos servicios de salud pública. Mejorar la calidad de los servicios significa garantizar un trato humano a pacientes, pero también al personal médico que no tiene, en muchas ocasiones, ni la infraestructura adecuada ni el material para trabajar. Tampoco reciben sueldos suficientes y trabajan por jornadas extenuantes.

Al cerrar los psiquiátricos, el Estado se lava las manos para atender a quienes voluntaria o jurídicamente así lo requieran. Ejemplo de ello son las personas inimputables, es decir, aquellas que al momento de cometer un delito no tenían la capacidad de comprender las consecuencias de sus actos.

En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un pronunciamiento en que contabilizó 4,476 internos con padecimientos mentales en los centros penitenciarios del país, de los cuales 1,054 fueron declarados inimputables y 3,422 con discapacidad psicosocial. Ante ello, recomendó que estas personas fueran internadas en centros de salud especializados y no en las cárceles, ya que deben ser tratadas como personas enfermas y no como delincuentes.

En este sentido, la reforma de salud mental crea una contradicción legal, ya que el Código Penal establece que para esta población las y los jueces pueden disponer medidas alternativas a la prisión como el internamiento en instituciones sanitarias especializadas en salud mental. Al dejar de existir condenarán a estas personas a ser atendidas por el sistema carcelario en vez del de salud, con todas las complicaciones en seguridad que esto puede significar.

También están los requerimientos de las personas más olvidadas del sistema: personas sin una red familiar y comunitaria que les cuide o quienes viven en situación de calle y padecen enfermedades mentales que seguirán viviendo su enfermedad en soledad y en riesgo.

La atención ambulatoria resulta insuficiente para ellas y ellos, ya que deben tener constante observación en el suministro de sus medicamentos psiquiátricos. En vez de continuar indiferente, el Estado debe garantizarles atención médica y refugio.

Finalmente, quienes reciban tratamiento ambulatorio requerirán del apoyo de una red de personas cuidadoras que también deben ser atendidas en la legislación y en los presupuestos a fin de que no acentúe las desigualdades de género y evitar que las labores de cuidado recaigan principalmente en las mujeres.

En síntesis, aunque la reforma tiene claros avances, se queda coja. La atención psiquiátrica voluntaria y ambulatoria puede y debe garantizarse en los hospitales generales, pero también en hospitales especializados en psiquiatría. Es decir: acceso a la salud y bienestar para todas y todos.

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