México piensa el camino hacia una vivienda accesible que escape de la especulación

Todas las miradas del foro Vivienda justa y prosperidad compartida estaban puestas en la primera fila, en la que se sentaba el geógrafo y teórico David Harvey. Entró al escenario de forma disruptiva, la misma manera en la que se apropió hace ya tiempo del apodo despectivo de “urbanista rojo”. “Qué gran felicidad estar con ustedes en México. El resto del mundo es un desastre”, dijo para abrir su conferencia magistral. A partir de ese momento, su discurso se ha centró en el enfoque social de la vivienda, que ahora mismo ve cooptada por la especulación, con casas y pisos que se usan como moneda en un modelo “capitalista salvaje”. Para Harvey, tener un hogar digno es una batalla en la que también juega un papel muy importante la ideología. Y desde este ángulo se trató de responder a la primera pregunta en el foro organizado por Urban Front y Espacio Cultural Infonavit, moderado por periodista de EL PAÍS: ¿Es la vivienda un derecho?

La primera respuesta llegó del colega de Harvey, cofundador de Urban Front y urbanista Miguel Robles-Durán. “La vivienda social no es un derecho […] La estructura económica global nos ha fallado dramáticamente”, sentenció. Los análisis muestran una subida del precio de la vivienda desbocada hasta el 39% en apenas 12 años (hasta 2022) en comparación con el aumento de los sueldos de tan solo el 1,2%. “No hay duda, estamos viviendo la crisis de vivienda global más grande de la historia”, detalló Robles-Durán ante un abarrotado Complejo Cultural de Los Pinos, en la capital mexicana.

El urbanista apuntó que el acceso a un hogar para todos dependerá de las políticas públicas que los Gobiernos quieran llevar a cabo para retirar la vivienda de las manos de los “depredadores especulativos”. Urban Front ha comenzado a trabajar con el próximo Gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con la que ve una buena disposición. De fondo está la reforma constitucional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para que el ente pueda regular el precio de las rentas y construir hogares, con los que la nueva Administración pretende crear un millón de nuevas viviendas.

La intervención de Robles-Durán fue precedida por una mesa redonda que tuvo como invitada a Carla Escoffié. La abogada de derechos humanos y vivienda y autora del libro País sin techo (Penguin Random House, 2023), en el que analiza la problemática del acceso a un hogar en México, ha enfatizado en que la construcción de la vivienda debe ir acompañada de barrios dignos para vivir. “Es un enfoque de un derecho al hábitat, no podemos hablar de vivienda sin el resto de la ciudad. Eso implica reconocer que todas las personas tenemos un valor intrínseco”, dijo.

Convertir la vivienda en un valor social requiere un cambio de paradigma. En eso se ha centrado el segundo panel sobre vivienda cooperativa y propiedad social, que ha presentado la directora del Housing Justice Lab de Nueva York y cofundadora de Urban Front, Gabriela Rendón. “El alquiler es un producto con fines de lucro”, explicó sobre la adquisición de viviendas por parte de los fondos de inversión. Ante la visión de la compra de un hogar como pasivo financiero, propone los modelos de “propiedad privada colectiva y propiedad social de alquiler”.

El cooperativismo, una forma de adquisición de terrenos por parte de un colectivo de personas que es legal en México, es la opción preferida por Pablo Caballero, quien fuera secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda para la Ayuda Mutua. “Vemos a México en un momento de oportunidades. De cambiar esa lógica de mercado, de afianzar modelos autogestionados como el cooperativismo de vivienda”. En el debate también se propusieron otras opciones como los fideicomisos comunitarios de tierras. Caballero instó al Gobierno de México a dar el paso en posiciones controvertidas, que muchas veces se ven como un atentado contra la propiedad privada. “Hace falta un Estado que se anime a ser Estado”, explicó.

El siguiente en salir al estrado fue el director del Cities program del London School for Economics, David Madden, para poner sobre la mesa que los grandes fondos de inversión aglutinan una gran cantidad de viviendas en pocas manos. Es el caso de España, donde Blackstone tiene 146.320 casas y departamentos. “Necesitamos multiplicar la tenencia social, politizar la tenencia y que sea un problema público”, dijo.

El que fuera ministro de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador (2015-2017) durante el Gobierno de Rafael Correa se mostró en sintonía. “Desde la lógica del banquero, del capitalista financiero, se ve el tema de la vivienda simplemente como un activo inmobiliario”, explicó el economista. En contraposición, Fernando Sordo, cofundador y director de Acacia Capital, apuntó que problemas sociales como el acceso a la vivienda pueden tener una “solución de negocios” con la colaboración entre el sector público y el privado.

La Ciudad de México crece a un ritmo tres veces más rápido que el de su población, según ONU-Hábitat. La expansión acelerada debe tener en cuenta diversos factores: el medio ambiente, las oportunidades económicas que rodean a un nuevo barrio, escuelas, centros sanitarios y un largo etcétera que dependen de la planeación. Ese enfoque lo ha puesto sobre la mesa Jeanne Van Heeswijk, fundadora de la cooperativa urbana en el barrio Afrikaanderwijk de Rotterdam, en Países Bajos. “No podemos construir lo que no hemos imaginado”, explicó. Su proyecto creó un 80% de vivienda social junto al centro de la ciudad, en la que la tasa de desempleo es casi nula y los alquileres están por debajo de un tercio del salario.

La contraposición a la localidad holandesa es Barcelona. El exdirector de la Agencia Pública de Planeación de la urbe española, Joseph Bohigas, señaló la “grandísima oportunidad de México” de no repetir los pasos de la ciudad condal. “Hemos embellecido la ciudad, pero hemos echado a las personas para las que la habíamos embellecido”, explicó sobre la gentrificación y la falta de vivienda asequible en la capital catalana. En Chile, Miguel Pérez Ahumada, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, trató la paradoja de que el acceso a la vivienda no sea garante de buenas condiciones de la población de más bajos recursos. “Es el problema de los ‘con techo’. Segregados y marginados a pesar de ser propietarios. La idea del derecho a la vida digna es un horizonte político en el que se permite admitir distintos derechos sociales bajo un mismo paraguas”, explicó el antropólogo.

El último bloque fue el más esperado por el público, porque es la piedra angular de la próxima Administración, que pretende crear un millón de viviendas sociales durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. El objetivo quiere lograrse con una reforma constitucional que dará al Infonavit potestad para construir casas y edificios y establecer un sistema de rentas sociales que no superen un tercio del salario de los arrendatarios. Carlos Martínez, director del ente público que pretende llevar a cabo el proceso, trató de acallar las críticas que han surgido tras el anuncio. El principal, ¿cómo se financiará? “Sí habrá dinero porque la subida de los salarios mejora la recaudación del Infonavit”, aseguró Martínez.

El proyecto contempla que un 29% de las viviendas se construya en el corredor del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se prevé una inversión de 72,250 millones de pesos (unos 3.993 millones de dólares) y el empleo de casi dos millones de personas para la construcción de los hogares. El director del Infonavit asegura que el plan pretende “construir una visión diferente” para asegurar la tenencia de una vivienda para los mexicanos.

La intervención de la próxima secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del futuro Gabinete de Claudia Sheinbaum, Edna Vega Rangel, estaba prevista para el final de la conferencia, pero fue la primera en hablar y lo hizo sobre la proyección de la reforma constitucional del organismo de vivienda. La actual subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario en la Administración de Andrés Manuel López Obrador ve un sexenio “lleno de oportunidades”. “En el contexto actual donde las grandes desigualdades se encuentran presentes, los intereses económicos están por encima del interés colectivo”, denunció. Promete llevar a cabo “procesos creadores” y una nueva ley general de Ordenamiento Territorial para promover el crecimiento urbano en zonas aptas. El reto será dar un hogar propio al 30% de los 126 millones de habitantes del país que aún no lo tienen.

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