Es necesario un cambio en la sanidad pública para atender los casos de infertilidad

Desde 2008 hasta la actualidad, el número de tratamientos de reproducción asistida en España ha aumentado casi un 50%, según los últimos datos de la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), siendo la técnica de donación de ovocitos la que más se ha incrementado, de forma que este es el principal país de Europa en cuanto a número de ciclos de reproducción asistida. Este aumento tiene una fácil explicación que se debe a diversos factores: los tratamientos son más accesibles y conocidos por la población, se obtienen mejores resultados y, sobre todo, el posponer la maternidad, con el consiguiente aumento de la edad de la mujer, hace que aumente la demanda. En junio, se conmemora el Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad, una iniciativa de la Asociación Americana de Fertilidad para dar visibilidad, conocer y prevenir los problemas y dificultades para tener hijos.

España tiene una de las mayores medias de edad de la mujer para el nacimiento de su primer hijo —según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este dato fue de 32,60 años en 2021— y uno de los índices de natalidad más bajos de Europa: menos de 1,3 hijos por mujer. Además, también ostenta el dudoso honor de ser el país de Europa con la proporción más alta de madres mayores de 40 años. Más del 30% de las mujeres que siguieron un tratamiento de fecundación in vitro en 2019 con sus propios óvulos tenían más de 40 años, y este porcentaje se eleva al 75% en la donación de ovocitos. A este retraso de la maternidad han contribuido de forma notable las tasas de desempleo juvenil, las brechas de género y los contratos basura, lo cual conlleva otro problema: cuando una mujer quiere conseguir un embarazo y está cerca de los 40 años, la Sanidad Pública no cubre los tratamientos.

Nuestra sanidad cubre los tratamientos de reproducción asistida hasta esa edad, sin incluir la donación de ovocitos y, con pocas excepciones, el diagnóstico genético preimplantacional. Las pacientes tienen un tiempo de espera medio de un año en la mayoría de los centros públicos, y todo ello explica que el 75% de los tratamientos de reproducción asistida se realicen en los centros privados. Todo esto conlleva un importante determinante socioeconómico, ya que no todos los pacientes pueden abordar el gasto que conlleva un tratamiento privado.

Algunos estudios, además, han demostrado que los resultados en términos de tasa de gestación son mayores en los centros privados que en los centros públicos, no debido a los profesionales —que en muchas ocasiones son los mismos—, sino a la falta de medios, el tiempo de espera y la limitación de ciclos en la práctica pública, lo que lleva a los pacientes a buscar atención en las clínicas privadas. Esta situación está incrementada en los pacientes con mayores ingresos que, directamente, acuden a la medicina privada.

Las intenciones de la ley española son buenas, así como la posibilidad de contar con unidades públicas que atiendan los casos de infertilidad. Pero los resultados y la práctica demuestran que es necesario un cambio.

Idealmente, se podría pensar en dotar de más recursos a la medicina pública, pero esto podría conducir a un gasto inabordable por el sistema público de salud. Aunque la decisión de tener hijos pueda sostenerse sólidamente con el principio de autonomía, choca con las limitaciones que han de imponerse por el principio de justicia cuando el ejercicio de tal derecho supone graves inconvenientes en la distribución de recursos limitados y en las prioridades establecidas dentro de una política sanitaria.

Quizás, habría que empezar por el principio, facilitando a los jóvenes unos recursos que les permitan poder formar una familia y no tener que recurrir a la reproducción asistida. Y cuando así se requiera, la sanidad pública debería proporcionar los medios adecuados para conseguirlo.

*Rocío Núñez Calonge es doctora en Biología y experta en reproducción asistida y bioética.

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