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Alemania permitirá las deportaciones a Afganistán y Siria tras el ataque islamista de Mannheim

Scholz anuncia que los delincuentes convictos e incluso quienes enaltezcan el terrorismo podrán ser expulsados a sus países de origen, una medida acelerada tras el crimen de un policía a manos de un afgano

Olaf Scholz
El canciller alemán, Olaf Scholz, durante su intervención en el Parlamento alemán este jueves.CLEMENS BILAN (EFE)
Elena G. Sevillano

La Alemania de 2024 ya no es la que hace casi una década acogió a un millón de refugiados sirios. El auge de la ultraderecha ha cambiado el panorama político y ahora es un canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, el que anuncia rotundo que llega una era de “tolerancia cero” con quienes “se aprovechen de la protección” que ofrece el país. Berlín quiere agilizar las deportaciones de delincuentes y sospechosos de radicalismo, incluso en el caso de que sus lugares de origen sean considerados inseguros, como Siria y Afganistán, declaró este jueves Scholz.

De Afganistán procede el agresor de Mannheim, un hombre de 25 años, casado y con dos hijos, que lleva una década viviendo en Alemania. El viernes pasado, sin mediar palabra, se abalanzó sobre varios miembros de una organización ultraderechista y antiislam llamada Pax Europa y los atacó con un arma blanca. Hirió también a cuchilladas a un policía, Rouven L., de 29 años, que falleció dos días después. Este crimen ha conmocionado al país y ha aumentado la presión sobre el Gobierno de coalición para que acelere las deportaciones.

No es casualidad que el anuncio, que Scholz presentó este jueves en el Bundestag con palabras mucho más duras de las que acostumbra, llegue a escasos días de las elecciones europeas. Los sondeos sitúan a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en segundo o tercer lugar en intención de voto —dependiendo de las encuestas― después de haber dedicado toda su campaña a describir una Alemania desbordada por la inmigración y pasto de la violencia islamista.

El debate sobre la inmigración se ha instalado en la recta final de la campaña y opaca prácticamente todos los demás temas. Los Estados federados habían pedido hace un año al Ministerio del Interior que agilizara las deportaciones de forma que las personas cuya solicitud de asilo es rechazada no puedan permanecer en Alemania. El Gobierno de Scholz respondió con una ley, aprobada en enero pasado, que en teoría facilita enviar a los inmigrantes en situación irregular de vuelta a sus países, pero que en la práctica apenas ha tenido impacto. El crimen de Mannheim le ha dado un renovado impulso.

“Estos delincuentes deben ser deportados, incluso si proceden de Siria y Afganistán”, aseguró Scholz en el Bundestag confirmando las palabras de su ministra del Interior, la también socialdemócrata Nancy Faeser, que dijo que iban a “estudiarlo”. La tarea de Faeser consistirá ahora en trasladar a la práctica ese mandato, por ejemplo estableciendo acuerdos con naciones vecinas de esos dos países. No será fácil, porque Alemania cortó relaciones con Afganistán en 2021, después de que los talibanes llegaran al poder. No se ha producido ninguna deportación desde entonces.

Excepciones a la Convención de Ginebra

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Hasta ahora, la ley prohíbe las deportaciones a zonas de guerra. Si los afectados están amenazados de tortura, muerte u otro tipo de maltrato en su país de origen no se les puede devolver allí, algo que recogen tanto la Constitución alemana como la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados. Alemania quiere abrir el camino a las excepciones.

“En estos casos”, señaló el canciller en referencia a los inmigrantes que delinquen, “pesa más la seguridad de Alemania que el interés de los perpetradores por permanecer en el país”. “Cualquiera que se aproveche de nuestra protección, como el agresor de Mannheim, la perderá. Habrá tolerancia cero”, aseguró con una contundencia poco habitual.

No se trata solo de personas que ya hayan cometido un delito ―lo que no habría evitado el crimen de Mannheim, puesto que el agresor no tenía antecedentes― sino también de los extremistas. “Quien enaltezca el terrorismo va en contra de todos nuestros valores y también debería ser deportado”, afirmó Scholz. Faeser ya está buscando “vías factibles desde el punto de vista jurídico y práctico” para endurecer las leyes de expulsión, añadió.

El canciller respondió también a una petición que llevan tiempo planteando políticos de la oposición: la creación de “zonas libres de armas blancas”, como en los trenes ―en las estaciones alemanas los viajeros no pasan control de seguridad, a diferencia de España― o en los centros de las ciudades, con el fin de evitar este tipo de actos tan fáciles de perpetrar. Se crearán este tipo de zonas “en todo el país”, avanzó en su comparecencia.

Algunas ciudades alemanas ya disponen de estas zonas de prohibición de armas blancas. En Hamburgo están en vigor en dos puntos céntricos desde 2007. Si la Policía detecta en sus controles a alguien con un cuchillo se le pueden imponer elevadas multas, de hasta 10.000 euros por ejemplo en Düsseldorf y Colonia. La plaza del mercado de Mannheim, donde se produjo el atentado, también es zona prohibida desde hace meses, pero se limita a la tarde y noche de los fines de semana. El ataque ocurrió al mediodía.

A falta de estadísticas tan detalladas a escala nacional, en el Estado de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado del país, el número de delitos en los que se utilizó un cuchillo u otro tipo de arma blanca aumentó un 50% el año pasado según datos policiales citados por Der Spiegel. Uno de cada tres sospechosos involucrados en los delitos tenía menos de 21 años, el 87% eran hombres y casi la mitad (47%) no tenían pasaporte alemán.

Para el líder de la oposición, el democristiano Friedrich Merz, querer es poder, o así debería ser. El presidente de la CDU echó en cara a Scholz que su Gobierno haya establecido contactos a nivel técnico con Afganistán para transferir 400 millones en ayuda al desarrollo y no los emplee para poner en marcha las expulsiones. “¿Por qué no se pueden usar esos contactos para deportar a criminales?”, le insistió.

La formación ultraderechista AfD acusó a Scholz de inacción. “El agente estaría vivo si ustedes hubieran deportado al agresor”, le espetó la copresidenta del partido, Alice Weidel, al canciller. La solicitud de asilo del hombre, que fue abatido de un disparo por otro policía y sigue hospitalizado y sin poder declarar, fue rechazada hace años. “Hay que cerrar las fronteras”, añadió Weidel, que siguió acusando a la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales de “desproteger a los ciudadanos”.

El canciller también tuvo palabras para AfD, que en la última encuesta de Insa para el diario Bild obtiene un 16% de la intención de voto en las europeas, solo por detrás del 31% de los democristianos de la CDU. La ciudadanía, dijo dirigiéndose a los miembros del partido ultra que le miraban desde el hemiciclo, “tomará nota” de su cercanía a Rusia y a Vladímir Putin. “Da vergüenza que hayan recibido grandes elogios por parte del presidente ruso”, les dijo.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.
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