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Sudáfrica acusa ante el Tribunal de la ONU al “más alto nivel” del Gobierno israelí de incitar al genocidio en Gaza

Pretoria solicita a los jueces medidas cautelares que paralicen la ofensiva del Ejecutivo de Netanyahu

Tal Becker (izquierda), Consejero Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, y el abogado Malcolm Shaw, este jueves antes de la vista del caso de genocidio contra Israel, presentado por Sudáfrica, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Tal Becker (izquierda), Consejero Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, y el abogado Malcolm Shaw, este jueves antes de la vista del caso de genocidio contra Israel, presentado por Sudáfrica, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.REMKO DE WAAL (EFE)
Isabel Ferrer

Sudáfrica ha acusado este jueves a Israel de estar cometiendo “actos genocidas” en Gaza y ha pedido al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) que paralice la ofensiva militar israelí en la Franja. La demanda presentada por el Gobierno de Pretoria solicita a los 15 jueces del órgano judicial que dicten medidas cautelares. Es una solución de emergencia porque, según los expertos sudafricanos, este es “el primer genocidio de la historia donde sus víctimas graban su propia destrucción en directo en un intento desesperado y vano hasta ahora de que el mundo haga algo”. Israel niega las alegaciones.

EL TIJ, con sede en La Haya, resuelve litigios entre Estados y no tiene que constatar la comisión de un genocidio para emitir una orden provisional. Basta, por ahora, con la posibilidad de que pueda ocurrir. Un grupo de manifestantes propalestinos y otro en favor de Israel se han congregado junto al tribunal. Por turnos, han condenado y exculpado, respectivamente, lo que ocurre en territorio palestino.

La demanda de Sudáfrica contra Israel invoca la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), firmada por ambos países, y ha puesto de relieve dos cosas. Por un lado, la presión que puede ejercer sobre Israel, un Estado surgido tras la conmoción del Holocausto, ser llamado a capítulo en virtud del mismo tratado aprobado para que algo así no volviera a suceder. Por otro, la constatación de que el derecho a defenderse, inherente a todos los países, no puede esgrimirse como excusa ante actos de carácter genocida en respuesta a una agresión. Y algo más: la incitación al genocidio, por la que la delegación sudafricana acusa “al más alto nivel” del Gobierno israelí, y que no cabe explicar como si esta proviniera de “grupos fuera de control”.



Israel presentará sus alegaciones el viernes y su equipo legal, sentado junto al sudafricano, ha mostrado su malestar ante la proyección de diversos vídeos filmados en Gaza. En una de estas grabaciones, un grupo de soldados israelíes celebraba a gritos la voladura de una treintena de casas palestinas. Se felicitaban por su acción con la nube de humo y escombros formada por las bombas de fondo. “Israel ha violado impunemente los derechos humanos durante décadas y eso la ha envalentonado”, ha dicho Vusimuzi Madonsela, embajador sudafricano en Países Bajos. Él ha abierto el turno de intervenciones de los demandantes, y ha dibujado un contexto de “75 años de apartheid, 56 años de ocupación y 16 años de bloqueo” de Gaza. Esta situación muestra, en su opinión, “el fracaso del sistema internacional para movilizarse y prevenir un genocidio en la Franja”.

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La sesión en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, en La Haya, este jueves.
La sesión en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, en La Haya, este jueves. REMKO DE WAAL (EFE)

“Patrón sistemático de conducta”

La abogada sudafricana Adila Hassim ha señalado que las acciones de Israel “muestran un patrón sistemático de conducta del que se puede inferir un genocidio”. Los palestinos en Gaza, ha explicado, “no solo están siendo atacados por tierra, mar y aire”. También corren el riesgo de “morir de hambre y enfermedades debido a la destrucción de sus ciudades, la entrada limitada de ayuda y la imposibilidad de repartirla bajo las bombas”. Según Naciones Unidas, al menos el 90% de los 2,3 millones de gazatíes han sido expulsados de sus hogares tras el ataque perpetrado por Hamás contra ciudadanos israelíes el 7 de octubre.

La petición sudafricana condena sin paliativos ese asalto de la milicia islamista, considerada terrorista por la UE y Estados Unidos. Pero Hassim ha recordado que han muerto 23.000 personas en Gaza [según el Ministerio de Sanidad gazatí] y se presume que 7.000 desaparecidos han podido morir también. “Esta matanza destruye la vida y nadie se libra. Ni siquiera los recién nacidos”. Sin olvidar, ha dicho, que “180 mujeres dan a luz a diario en la Franja y tienen un acceso limitado a la sanidad”. El genocidio, ha concluido, nunca se advierte por adelantado. “Este tribunal cuenta ya con 13 semanas de pruebas”.

Si bien el TIJ dirime litigios entre Estados, casos como este tienen una inevitable carga política. Poco antes de abrirse la sesión, los sillones blancos de los 15 jueces —frente a los que se sitúan demandante y demandado— parecían una línea costera. Ocupados luego por los jueces con sus togas negras, formaban la barrera legal representada por la máxima instancia judicial de la ONU. “Solo una orden suya detendrá el sufrimiento aquí expuesto”, ha asegurado la abogada Hassim.

El horror de los hospitales

La abogada irlandesa Blinne Ní Ghrálaigh ha abundado en el horror de los hospitales gazatíes, donde “se practican, sin anestesia, cesáreas y amputaciones a menores”, y donde el personal médico “pierde a diario a uno de sus miembros”. Esta es la jurista que ha calificado la situación como el “primer genocidio grabado por sus víctimas en directo”. Y la que ha presentado la imagen de un tablón de urgencias hospitalarias donde un facultativo escribió: “quien quede en pie contará al mundo que hicimos cuanto pudimos”. El autor del mensaje pereció en un bombardeo poco después, según la letrada.

Si el caso progresa más allá de las medidas cautelares, Sudáfrica tendrá que demostrar que se ha cometido en verdad un genocidio en Gaza. El fallo en esa fase puede demorarse años. De todos modos, Israel ha calificado ya este jueves de “una gran muestra de hipocresía” la mera alegación genocida. Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, ha acusado al país africano de “funcionar como el brazo legal del grupo terrorista Hamás”, y de “distorsionar por completo la realidad en Gaza tras la masacre del 7 de octubre”. Horas antes de abrirse la sesión, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quiso dejar claro que su país “no tiene la intención de ocupar Gaza o desplazar a la población”. Y que luchan “contra terroristas de Hamás, no contra la población palestina”, y lo hacen “de acuerdo con la legalidad”.

El jurista británico Vaughan Lowe, experto en derecho internacional, que no había escuchado las palabras de Haiat por encontrarse en el TIJ como parte del equipo demandante, recalcó en su intervención: “Sudáfrica entiende que no toda la violencia constituye un genocidio. No es una cuestión de envergadura, sino de intención”. Por eso el genocidio, el peor de los crímenes de la justicia internacional, resulta tan difícil de probar. Y de ahí que Lowe haya hecho otra distinción. Ha dicho: “Es el Gobierno de Israel, no el pueblo judío, el que intenta destruir al pueblo palestino”.

El representante sudafricano Vusimuzi Madonsela ha cerrado la jornada con una frase que resumía la demanda. Ha aseverado que, en este momento, “las pruebas indican gran violencia y actos genocidas en Gaza”. Y eso es lo que deberán analizar los jueces después de escuchar las alegaciones de Israel el viernes. Tendrán que decidir si lo que les ha sido presentado es un argumento plausible de que se puede estar cometiendo un genocidio. Las medidas cautelares son de obligado cumplimiento dado que los dos países son miembros de Naciones Unidas y, en este caso, también parte de la Convención contra el Genocidio.

El ministro de Justicia de Sudáfrica, Ronald Lamola, y el embajador de Sudáfrica en los Países Bajos, Vusimuzi Madonsela,  en un momento de la audiencia.
El ministro de Justicia de Sudáfrica, Ronald Lamola, y el embajador de Sudáfrica en los Países Bajos, Vusimuzi Madonsela, en un momento de la audiencia.REMKO DE WAAL (AFP)


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