Así ha sido el debate electoral a siete de los portavoces en RTVE

Análisis exprés | La energía, ausente

La energía ha sido, de nuevo, la gran ausente en el debate entre los siete portavoces. Todo, pese a ser uno de los asuntos más candentes de la legislatura que ahora termina. Y a pesar, también, de ser objeto de acalorado debate en la esfera europea, con los Veintisiete tratando de sacar adelante justo ahora una reforma del mercado eléctrico comunitario.
Salvo una mención imprecisa de Vox a la menor llegada de gas natural desde Argelia y algunas referencias mínimas al impuesto sobre las energéticas —y a la banca—, los partidos han pasado de puntillas por el grupo de productos que, junto con los alimentos, más ha impulsado los precios en los últimos tiempos. Ni las renovables, ni la nuclear, ni —en general— la política energética han salido a la palestra.

Análisis | Un debate plural y sin griterío

Pues sí, se podía debatir sin gritar, sin introducir la palabra "mentira" en cada frase y sin evitar ninguna de las grandes cuestiones del país, incluida alguna como el cambio climático, estruendosamente evitada en el duelo entre los dos líderes del pasado lunes.

No es que fuese tampoco un debate de guante blanco. Tuvo sus momentos de tensión e incluso uno particularmente deplorable, cuando el portavoz de  Vox, Iván Espinosa de los Monteros, insinuó que el de EH Bildu, Oskar Matute, podría haber estado involucrado en atentados de ETA y este le recordó que se había pasado la noche anterior al asesinato de Miguel Ángel Blanco en una vigilia en Ermua (entonces era un militante de la IU vasca, que condenaba el terrorismo). 

El debate de este jueves en RTVE, bajo la moderación del periodista Xabier Fortes, reflejó la pluralidad política del país, que va más allá del combate entre PSOE y PP. Y también que lo que se dirime el próximo día 23 es una pugna entre dos bloques ideológicos, por mucho que el PP se empeñe en negarlo.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, reprodujo al milímetro el discurso de su  jefe, Alberto Núñez Feijóo, cuya mano derecha pacta con Vox, mientras la izquierda asegura que su propósito es acabar con la política de bloques en España. Gamarra lo repitió una y otra vez, mientras dedicaba todos sus afanes a combatir a la izquierda sin dirigir ni el más leve reproche a Vox. Quien no recurrió a camuflajes fue Espinosa de los Monteros: en su minuto final se ofreció claramente a completar una mayoría junto al PP.

Tampoco hubo remilgos del otro lado para reconocer los planes futuros. Nadie negó que el propósito sea repetir las alianzas de los últimos cuatro años, lo que no impidió que se escenificasen ciertas disensiones, sobre todo de Gabriel Rufián con el PSOE. La sensación que quedó al final fue que, en contra de lo que podía parecer, siete discuten más civilizadamente que dos.

Análisis exprés | Las cifras falsas e imprecisas sobre agresiones sexuales

Ha sido el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha hablado sobre la nacionalidad de los agresores sexuales en España, siguiendo el tono habitual de un discurso xenófobo y racista que el partido de ultraderecha utiliza siempre para hablar de violencia sexual. Y las dos cifras que ha dado son, una imprecisa, y la otra falsa. “El 43% de las agresiones sexuales con penetración las cometieron extranjeros, el 69% de las violaciones con agresor desconocido”, ha afirmado. 

Sobre el primer dato, el Portal Estadístico de Criminalidad, del Ministerio del Interior. Sus datos reflejan que en 2021 hubo 1.298 detenidos e investigados por agresión sexual con penetración, de los que 552 fueron extranjeros, el 44,2%. La imprecisión es afirmar que cometieron esas agresiones, cuando esos datos se refieren a presuntos agresores, puesto que aún no había condena. Si se revisan los condenados, los últimos datos conocidos son los de 2021, del Instituto Nacional de Estadística. Esas cifras reflejan que aquel año hubo tres condenados por el antiguo delito de violación: dos extranjeros y un español. Por agresión sexual, hubo 52 condenados: 35 españoles y 17 extranjeros. Y si se cogen todos los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, son 609 los condenados en 2021: 497 españoles y 112 extranjeros.

Sobre el segundo dato, es imposible conocer la cifra de violaciones con agresor desconocido desglosada por nacionalidad, puesto que no existe como tal ni puede conocerse cruzando las distintas bases de datos oficiales. Según el último informe de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, del Ministerio del Interior, "el 65,5% de los responsables [de agresión sexual, pero no diferencia con o sin penetración] son nacionales [españoles]. Respecto a los de nacionalidad extranjera, representan un 34,5%”. Pero no hay mayor desglose, es decir, no se conocen las nacionalidades de los agresores por tipologías penales. 

La afirmación de Espinosa de los Monteros no es, además, nueva. La dijo en noviembre de 2019 Santiago Abascal en el Congreso, y se refería a un estudio de 2010 en el que se recogieron datos sobre las denuncias recibidas por el Ministerio del interior entre 2009 y 2013 y con la revisión de 600 atestados policiales sobre agresiones o abusos cometidos principalmente en 2011. Ese estudio no era representativo ni contaba con todas las agresiones que se habían cometido en España en aquellos años. En él, uno de los porcentajes que se daban eran los de agresiones cometidas en grupo, y ahí, los investigadores cifraban en un 31% los agresores españoles, es decir, que el 69% eran de otra nacionalidad. Esa es la cifra, de hace una década y no representativa, que lleva cinco años usando la ultraderecha.

Análisis exprés | Una referencia de pasada al bloqueo del CGPJ  

Como ocurrió el lunes en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, las escasas alusiones a asuntos judiciales que se han escuchado en el debate entre portavoces parlamentarios han sido para recordar que el Gobierno ha indultado a los líderes del procés condenados por sedición por el Tribunal Supremo y ha derogado el delito de sedición y ha modificado el de malversación. Ambos asuntos se los reprochó la representante del PP, Cuca Gamarra, al socialista Patxi López al inicio del bloque territorial. Los portavoces han obviado el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano constitucional que lleva casi cinco años con el mandato caducado y del que solo se ha acordado a portavoz de Sumar, Aina Vidal: “¿Sabe qué es atentar contra la democracia, señora Gamarra? Se lo digo a usted: pues mire, más de mil días con el Consejo del Poder Judicial bloqueado. Eso es atentar contra la democracia y también contra la pluralidad de este país”. Tampoco ha habido alusiones a los intensos conflictos laborales que han enfrentado en los últimos meses al Gobierno con los jueces y fiscales, los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios judiciales, un conflicto que este último cuerpo todavía mantiene abierto.

Análisis exprés | Vox saca a ETA para atacar a EH Bildu, PSOE y PNV

Iván Espinosa de los Monteros ha utilizado su primera intervención en el último bloque de temas para lanzar graves acusaciones sobre la actuación de PSOE, PNV y EH Bildu en la lucha contra la extinta ETA. En primer lugar, ha aprovechado una alusión al 26 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que se cumplía este jueves, para atacar directamente al representante de EH Bildu en el debate, Oskar Matute, sobre el que ha insinuado que hubiera podido participar en las actividades de ETA: “Yo no sé si siquiera si este señor de aquí [Matute] estuvo involucrado o no en alguno de aquellos asesinatos”.

En realidad, nunca se ha vinculado ni policial ni judicial a Matute con la organización terrorista y, de hecho, nunca militó en Batasuna. El ahora candidato de EH Bildu inició su carrera política en Esker Batua (la marca vasca de IU) y, posteriormente, participó en la fundación de Alternatiba. Estas dos formaciones siempre han condenado la violencia terrorista. Alternatiba es uno de los integrantes de la coalición EH Bildu, junto a otras dos formaciones que siempre han rechazado el terrorismo, Eusko Alkartasuna y Aralar. El cuarto partido es el mayoritario Sortu, la única formación que puede ser considerada heredera de Batasuna.

El propio Matute ha rechazado en el debate la acusación y recordado que mientras estuvo secuestrado Miguel Ángel Blanco y la sociedad vasca se volcó en la calle para pedir su liberación, él participó en estas movilizaciones y, en concreto, en una vigilia en Ermua, la ciudad de la que Blanco era concejal, para pedir su libertad.

El segundo ataque por ETA lo ha dirigido hacia el PSOE y el PNV al asegurar que ambos habían acordado la transferencia de la gestión al Ejecutivo vasco de los tres centros penitenciarios enclavados en Euskadi —se materializó el 1 de octubre de 2021— para “acercar a todos los terroristas dispersos por España para luego soltarles poco a poco con el tercer grado [penitenciario o régimen abierto]”. Con esta afirmación, Espinosa de los Monteros sugiere que la concesión de la semilibertad a un recluso depende exclusivamente de la administración penitenciaria, en este caso del gobierno de Íñigo Urkullu.

Sin embargo, esta afirmación no es exacta. Si bien la primera decisión de conceder el tercer grado a un preso corresponde a la Administración, tras un estudio de los profesionales penitenciarios, esta puede ser recurrida ante la justicia. De hecho, en estos años, el Ministerio del Interior ha concedido 29 terceros grados a reclusos de ETA y solo tres fueron revocados. El Gobierno ha dado la semilibertad a 34 miembros de la extinta organización terrorista. De estos últimos, 24 han sido recurridos por la Fiscalía ―el 70%― ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. La justicia había revocado hasta el 1 de marzo una decena.

En la actualidad, hay 155 miembros de ETA recluidos en cárceles españolas. De ellos, 146 están en algunas de las tres prisiones vascas, ocho más en la de Pamplona (que depende del Ministerio del Interior) y la última persona en una cárcel de Madrid, ya que está pendiente de ser juzgada.

Análisis exprés | Minuto final: Un bloque progresista para avanzar más derechos y otro de derechas para cambiar a Sánchez

El minuto de oro o final ha servido, lógicamente, para condensar las ideas al máximo y para ratificar las posiciones bastante conocidas y reiteradas durante esta campaña, que cada vez se dirige a la esencia. Los partidos del bloque progresista que ha sostenido a la coalición del PSOE y Unidas Podemos en la XIV legislatura confirman que quieren continuar en el Gobierno para aumentar más derechos en general y evitar retrocesos y recortes, lo que ya introduce la crítica nada implícita a la alianza que se teme del PP con Vox. En su exposición final, la representante del PP, que va primero en las encuestas, ha insistido en que Feijóo pretende gobernar "con una mayoría contundente" y ha retratado a su líder como un presidente del cambio "experimentado, serio, fiable y de palabra". En esas definiciones se contenía la crítica al actual presidente, Pedro Sánchez, al sanchismo como expresión de todos los males de este mandato, y en ese sentido el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ya había dejado claro un poco antes que al margen de las promesas y compromisos de Feijóo sobre dejar gobernar al ganador de las elecciones sería "de locos" no derrocar a Sánchez si los dos partidos suman al final 176 escaños, la mayoría absoluta. El portavoz del PSOE, Patxi López, se ha guardado para esa traca final toda la cadena de leyes y reformas aprobadas en este mandato que han supuesto avances para todo tipo de colectivos sociales para remarcar que si Sánchez sigue en La Moncloa se podrá seguir avanzando hacia adelante. Una tesis que, de distintas maneras, han refrendado los responsables de partidos que podrían ser aliados del PSOE y Sumar, como ERC, PNV o incluso EH Bildu. Unos concentrados en avanzar en más derechos y otros centrados en cambiar a Sánchez.