Charlas electorales en prisión para combatir la alta abstención de los reclusos

Las elecciones generales del próximo 23 de julio también se celebran para los reclusos, aunque las urnas no entren en las prisiones. Las tres administraciones que gestionan los centros penitenciarios españoles ―el Ministerio del Interior y los departamentos de Justicia de los gobiernos catalán y vasco― han puesto en marcha medidas para incentivar la participación de los internos, a través del voto por correo, y de este modo reducir los altos porcentajes de abstencionismo registrados hasta ahora entre los presos. Entre estas medidas, hay “sesiones informativas” para explicarles cómo hacerlo y despejar dudas.

En las elecciones generales de abril de 2019, últimas en los que hay datos estadísticos de todas las prisiones españolas, pidieron ejercer el voto por correo 5.229 internos, el 12,49% de los cerca de 42.000 presos que entonces tenían derecho al sufragio. La prisión en la que mayor número lo hizo fue el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia), con 1.900 internos, donde hubo 255 peticiones. En aquellos comicios, la participación media en España se situó en el 75,75%, seis veces más alta.

Ahora, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido una “instrucción de servicio” a los directores de las cárceles dependientes de Interior para que se facilite que los presos en segundo grado o régimen ordinario que tengan nacionalidad española puedan votar por correo el 23-J. Los reclusos presos en tercer grado o semilibertad o que vayan al disfrutar de permisos de salida durante el fin de semana que se celebran las elecciones pueden acudir a votar directamente en urna.

La instrucción recoge las directrices marcadas tanto por la ley electoral como por sendos acuerdos de la Junta Electoral Central de mayo de 1993 y de febrero de 2000. El primero recalcaba que los internos en centros penitenciarios podían ejercer el derecho de sufragio a través del voto por correo si reunían las condiciones exigidas. El segundo permitía a los internos que no tuvieran el DNI poder votar con un documento de identidad distinto si en él aparecía una fotografía suya que permitiera comprobar su identidad, como es, por ejemplo, el que expiden las cárceles a los reclusos.

Interior recalca que, con la instrucción, busca facilitar “al máximo el ejercicio del derecho a voto” de todos los reclusos, por lo que insta a los directores de los centros penitenciarios a que “la información y su comprensión llegue a todos ellos con la suficiente antelación”. Para ello, les recuerda que deben exponer “en los lugares habilitados al efecto y de forma que se asegure que la información llega a todos los interesados e interesadas” copia de los artículos de la ley de régimen electoral que regulan el voto por correo.

Además, insta a los responsables de los centros penitenciarios a realizar “sesiones informativas a fin de aclarar a los internos e internas las circunstancias y condiciones” para ejercer este derecho, El texto también recuerda que los reclusos deberán haber hecho la solicitud de inscripción en el centro electoral antes del 13 de julio, “décimo día anterior al de la votación”. Interior ordena que, en paralelo, las cárceles soliciten a Correos, en aplicación de un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado marzo, la entrega de la documentación electoral a los internos, así como la recogida de sus votos en los centros penitenciarios.

También se celebrarán charlas informativas en las cárceles dependientes de la Generalitat catalana, donde el porcentaje de participación en las elecciones hasta ahora ha sido, incluso, inferior a la media. Según detallan fuentes del Departamento de Justicia, Derechos y Memoria, en cada consulta electoral el número de presos que participa fluctúa entre los 250 y los 300, lo que representan entre un 7% y un 9% de los internos con derecho a voto. En las últimas elecciones generales, las de noviembre de 2019, lo hicieron 302 internos (el 8,8% de los que tenían ese derecho).

En su caso, además de tomas medidas para que los reclusos “estén bien informadas de cuáles son las opciones electorales que se presentan en estos comicios y puedan ejercitar su derecho a voto”, facilitará la tramitación del voto por correo a todos los internos que lo soliciten sin cuestionar si cumplen o no todos los requisitos. “En todo caso será la Junta Electoral, en su caso, la que actuará si existe algún problema (falta de nacionalidad, suspensión del derecho de sufragio, etcétera)”, detallan fuentes del Govern.

En Euskadi, donde en la actualidad hay 1.623 internos, en los únicos comicios que se han celebrado bajo la gestión del Gobierno vasco, las municipales del pasado 28 de mayo, 155 presos pidieron la documentación para votar por correo en las tres cárceles vascas, aunque uno de ellos finalmente no lo emitió, según los datos del Departamento de Igualdad, Justicia y Política Social. En el caso de la cárcel de Basauri (Bizkaia), donde los solicitaron 25 internos, el porcentaje de participación fue del 16%, según los datos estadísticos oficiales.

Para estos comicios, los responsables de las cárceles vascas colocarán en los tablones de anuncios de los módulos en los que están las celdas información sobre los procedimientos y plazos para ejercer el derecho por sufragio, así como extractos de la ley electoral. Además, los educadores se encargarán de resolver las dudas que puedan surgirles a los internos, detallan fuentes del departamento de justicia vasco.