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El Parlament da luz verde a tramitar la reforma que permitirá votar a Puigdemont desde el extranjero

El pleno, con una amplia mayoría de 107 diputados, entre ellos los del PSC, aprueba modificar por la vía exprés el reglamento de la Cámara

El president Pere Aragonès y detrás, Salvador Illa y Alícia Romero en un momento del pleno.
El president Pere Aragonès y detrás, Salvador Illa y Alícia Romero en un momento del pleno.ALBERT GARCIA
Àngels Piñol

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves por una amplísima mayoría —107 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones— utilizar el procedimiento exprés de lectura única para reformar el reglamento de la Cámara y permitir, entre otras cosas, que los diputados de Junts Carles Puigdemont y Lluís Puig puedan votar desde el extranjero, adonde se marcharon en 2017 para no ser juzgados por el procés y donde permanecen a la espera de ser amnistiados. La reforma se aprobará definitivamente en la sesión del 25 de julio. El texto ha prosperado en este primer trámite gracias a los votos de los grupos independentistas, PSC y comuns. Los socialistas han pasado de recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional, en la legislatura pasada, a apoyarla ahora. El PP y Vox han votado en contra, mientras que Aliança Catalana se ha abstenido.

El pasado junio, cinco días antes de la sesión constitutiva de la Cámara catalana, el Tribunal Constitucional dictó por unanimidad una sentencia en la que establecía que las razones para conceder el voto telemático o delegado a un diputado deben estar justificadas y que esa excepción al voto presencial no cabe concederla a quien está huido de la justicia: “No puede ser tenida como circunstancia constitucionalmente válida para ello aquella en la que se encuentra quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre el que pesa una orden judicial de busca y captura”, señalaba el tribunal. La reforma actual del reglamento incluye una disposición transitoria que especifica que pueden delegar el voto los diputados sujetos a un procedimiento de la ley de amnistía.

La sesión se ha celebrado con las negociaciones de investidura sobrevolando el pleno. Los grupos independentistas se han felicitado por el archivo del caso Tsunami Democràtic y el inminente regreso de Suiza de Marta Rovira, secretaria general de ERC (que también huyó en 2018), y del diputado republicano Ruben Wagensberg, de baja médica en ese país. El reglamento actual prevé la posibilidad de acogerse al voto delegado en los casos de baja por maternidad, paternidad o larga enfermedad. Con la reforma, pasará a incluir también otros supuestos que serán valorados a discreción de la Mesa con un escrito motivado del afectado.

El PP, que no ha mencionado en el debate la sentencia, ha cargado con vehemencia contra el cambio de criterio del PSC y presentará, como Vox, una enmienda a la totalidad. Pese a que el fallo señaló que el Parlament no debía aceptar los votos de los diputados en el extranjero, la Mesa les permitió votar el día de la sesión constitutiva y este jueves también. Fue el PSC el que, en la legislatura pasada, se encargó de presentar el recurso que dio lugar a esa sentencia. El propio líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, alegó en la constitución de la Mesa que esos tres votos no eran tan importantes porque no cambiaban las mayorías.

El president del Parlament, Josep Rull, en un momento del Pleno.
El president del Parlament, Josep Rull, en un momento del Pleno. ALBERT GARCIA

El socialista Ferran Pedret ha defendido el “encaje constitucional” de la reforma y ha sostenido que el voto telemático está inspirado en los reglamentos del Congreso y del Senado y el delegado en el de la Asamblea de Extremadura. Y ha cerrado su discurso ha recordado que se acaba de aprobar la ley de amnistía. Con todo, el PSC presentara ocho enmiendas al texto, una de ellas que el voto telemático sea utilizado solo de forma excepcional.

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Con una mayoría amplia y en medio de las conversaciones para la investidura, el debate ha sido en cualquier caso de guante blanco. Marta Vilalta (ERC) ha recordado que su grupo y la CUP quisieron reformar el reglamento en el anterior mandato sin lograr la complicidad de Junts y menos la del PSC. El anticapitalista Dani Cornellà ha atribuido la reforma que las reglas del juego han cambiado por la aritmética y el interés del PSC t Jeannine Abella, de Junts, se ha felicitado de que se corrija una anomalía y ha deslizado que espera que el cambio no se deba solo a las ganas de Illa de ser president. Su grupo ha aprovechado las enmiendas para defender la supresión del artículo 25.4 que permite a la Mesa suspender de derechos y deberes a un diputado encausado por corrupción y que es el que se aplicó a la expresidenta del Parlament, Laura Borras.

El nuevo reglamento también flexibilizará el sistema para que un partido pueda tener grupo propio, autorizando el pase provisional de un diputado de un grupo a otro. La CUP, por tanto, podrá tenerlo —dispone de cuatro escaños y el mínimo son cinco— y deja en el Grupo Mixto a la fuerza de ultraderecha Aliança Catalana, que ganará protagonismo y tiempo. La norma se inscribe en el pacto antifascista que los impulsores firmaron durante la campaña y que ahora van a revalidar. Otra de las medidas es que las declaraciones institucionales se hagan por mayoría y no por unanimidad. La diputada de Comuns Susanna Segovia ha recordado que la presencia de Vox en el hemiciclo impidió en la anterior legislatura hacer declaraciones institucionales en contra de la violencia de género o a favor del derecho de asilo.

La bancada de la derecha y extrema derecha -PP, Vox y Aliança Catalana- se han opuesto al texto. El popular Juan Fernández ha reprochado al PSC que permita el voto a los “fugados” por interés político y ha tildado las negociaciones de la investidura de un capítulo más del “serial del reparto de despachos”. Sílvia Orriols (AC) se ha abstenido al alegar que el texto era fruto del “españolismo y la extrema izquierda”. Josep Rull, presidente del Parlament, ha reconvenido varias veces al diputado de Vox Joan Garriga por aprovechar su intervención para cargar contra la inmigración.

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