A 12 euros el cerdo: atados a las macrogranjas

En Cataluña se crían de manera regular 7,8 millones de cerdos. Constituyen el alimento de un negocio que genera 6.100 millones de euros al año. El 79% de las dos millones de toneladas de cerdos que sacrifica el vigoroso sector porcino tiene por destino la exportación. El mercado chino es el principal comprador. Dentro del achacoso sector agrícola, el cerdo sigue dando dinero. Pero la volatilidad de precios es alta y los ganaderos argumentan que toca mover ficha para recortar gastos y aumentar la rentabilidad.

La estrategia pasa por agrandar corrales y concentrar más ganado en una misma instalación. Más aún cuando la mayor parte de la producción queda en manos de las integradoras, empresas que dominan un alto volumen de ganado y que priman explotaciones extensas para facilitar la gestión y mejorar beneficios. Son firmas como Vall Companys, Piensos del Segre, Piensos Costa, Mazana, Tarradellas o Cooperativa Guissona.

El sistema de integración vertical se basa en un contrato entre la empresa y los ganaderos, según el cual la primera es dueña de los animales y subcontrata las instalaciones y la mano de obra necesarias para la cría y engorde del ganado. El ganadero cuida, medica y alimenta a los lechones hasta que alcanzan 110 kilos de peso. La faena de guarda y custodia les asegura un precio fijo por cada ejemplar: 12 euros por cerdo. En Cataluña hay 5.497 granjas de cerdos, según datos del departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. Tres de cada cuatro instalaciones de engorde están sometidas a un sistema de integración, un vínculo que agita el encendido debate en torno a las macrogranjas.

“Yo no diría que en Cataluña hay macrogranjas, porque este es un concepto sin fundamento. ¿Cuántos animales hacen falta para que una granja sea macro? ¿10.000, 2.000 o con 500 ya basta?”, pregunta Jaume Bernis, de la ejecutiva estatal de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y responsable del sector porcino del sindicato JARC. Bernis apunta que el martes estuvo en una reunión con el ministro Alberto Garzón, autor de unas declaraciones a The Guardian en las que criticaba las grandes instalaciones de ganadería intensiva. Las palabras de Garzón desataron una tormenta política. “Se equivocó”, opina Bernis.

En Cataluña, el 51% de las granjas de cerdos tienen más de 1.000 cabezas de ganado, y hay medio millar de instalaciones que superan los 4.000 ejemplares. “Cuando se crece es porque hay margen económico, y con el cerdo es posible porque ha habido empresas que han sabido aportar un canal de comercialización de valor”, razona Rossend Saltiveri, responsable del sector porcino del sindicato Unió de Pagesos. “La empresa integradora no crecería si no hubiera mataderos e industria cárnica que pide la carne. ¿Quién va a querer crecer si luego no puede colocar el producto?”.

“Es normal que, cuando una empresa hace una inversión, vaya a buscar los máximos”, opina Jaume Bernis, para hacer entender la tendencia a construir establos cada vez más grandes. “Es pura economía de escala”, aporta Rossend Saltiveri, y pone de relieve que la limitación del tamaño de una granja está regulada. Un decreto de 2020 impone una capacidad máxima de 720 UGM (unidad de ganado mayor). Ese aforo máximo equivaldría, en los cerdos de engorde, a unos 7.200 animales, “En Dinamarca, por ejemplo, las granjas pueden ser mucho más grandes”, abunda el portavoz de Unió de Pagesos.

Jaume Bernis le secunda: “Los metros cuadrados que necesita el animal que está dentro de una nave vienen fijados por ley. Si hay granjas grandes es porque la normativa lo permite. Si esas granjas no gustan a la opinión pública o a los consumidores, vamos a cambiarla, pero no criminalicen a ganaderos, porque lo único que hacemos es cumplir con la normativa”.

Una ley que, a veces, deriva en un choque de intereses. En El Canós, un pequeño pueblo de la Segarra, la veintena de vecinos hacen frente común para paralizar un megaproyecto ganadero que prevé la instalación de un entramado de granjas que den cobijo a 9.000 cerdos. El pueblo depende administrativamente de Plans de Sió y el ayuntamiento, en manos de ERC, como la consejería de Acción Climática, alega que no tiene capacidad para detener las macrogranjas.

Jordi Armengol administra granjas de pollos en Juneda y cerca de Lleida. Tiene 46 años y lleva más de media vida en el negocio que le enseñó su padre. Destaca que en el sector avícola el régimen de integración domina más del 95% de granjas. “En Cataluña tenemos granjas grandes, pero macrogranja no es un término aceptable, porque tiene implicaciones negativas muy claras”. Critica que se hable desde el desconocimiento, y señala que “una granja de 40.000 pollos puede parecer algo muy grande, pero no lo es”. “Antes las granjas eran más pequeñas, pero se ha crecido en función de lo que pedía el mercado”.

Armengol dice que es una cuestión de que “cuadren los números”. “Tengo tres hijos y una vida. ¿Qué se supone que tengo que hacer, llevarme las gallinas a la cama?”. Cuenta que entre él y su padre solían apañarse para la faena, pero apostaron por hacer crecer la explotación avícola, y generar empleo. “Buscamos unas dimensiones de las granjas para vivir como vive el resto de la sociedad. Quien no lo entienda, que venga aquí y asuma el trabajo”. Contrario a una “visión bucólica” de la ganadería y la agricultura, Armengol señala que su función cubre una necesidad. “Si alguien no se da cuenta de que producimos para un mercado que nos compra, tiene un problema”.