El juez suspende la declaración de Begoña Gómez y la cita a una nueva comparecencia el 19 de julio

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes ante Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La mujer del jefe del Ejecutivo estaba citada a las 10.00 para declarar como imputada. Pero, trascurridos menos de 45 minutos de esa hora y después de que Gómez alegase que no sabía exactamente de qué se le acusaba, el juez ha suspendido el interrogatorio —que no ha llegado a producirse— y ha acordado volver a citarla a una nueva comparecencia el 19 de julio. La imputada ha añadido que no le había sido notificada formalmente la querella presentada contra ella por la asociación ultracatólica Hazte Oír, que el juez aceptó incorporar a la denuncia inicial del pseudosindicato Manos Limpias.

“Ella venía dispuesta a declarar si el juez aclaraba los hechos”, ha afirmado a la salida el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho. El letrado ha explicado que el magistrado dictó esta misma semana un auto que limitaba la investigación a la denuncia original de Manos Limpias. Y que, sin embargo, el juzgado les ha “sorprendido” este viernes al comunicarles que a esa denuncia se sumaba la querella de Hazte Oír, que no se les había notificado. “Begoña se encuentra perfectamente, como se encuentran las personas que son inocentes, sin perjuicio de que esto no es agradable para nadie”, ha apuntado Camacho.

La esposa del presidente había llegado pasadas las 10.00 a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como imputada en una causa que la oposición, con el PP a la cabeza, ha convertido en la gran arma arrojadiza contra el dirigente socialista. “¿Sánchez entrará al juzgado escondido con su mujer?”, arremetía el PP horas antes de la cita de Gómez con el juez. La defensa ha denunciado reiteradamente que Peinado no ha concretado qué se le imputa a la mujer del jefe del Ejecutivo, y sostiene que se impulsa contra ella una investigación prospectiva —algo prohibido por la ley—. Su abogado insiste, además, en que un informe elaborado por la Guardia Civil no detectó ninguna irregularidad en su actividad profesional.

Begoña Gómez ha accedido al edificio de los juzgados en coche y a través del garaje —como había autorizado la víspera la juez decana—, y cuatro personas la han acompañado hasta la sala de comparecencias, según fuentes presentes en el juzgado. Una vez allí, se le han leído sus derechos. Entonces, según varias fuentes jurídicas, ella ha afirmado que no sabía los hechos concretos por los que se le acusaba y, tras serle comunicado que se sumaba a la causa la querella presentada por Hazte Oír, ha afirmado que no iba a declarar. A continuación, el juez ha suspendido la comparecencia. Pese a la norma de que no se pueden captar imágenes dentro de los edificios judiciales, varios ultras se han introducido en los juzgados y han grabado a la mujer del presidente por los pasillos.

Mucho antes, a primera hora de la mañana, la Policía Nacional ha blindado los accesos al edificio. También se ha tomado la inusual decisión de limitar el acceso de la prensa, y se han restringido los movimientos de los periodistas apostados a las puertas, a quienes se ha agrupado en una zona. Medio centenar de manifestantes han acudido al lugar ataviados con banderas de España y carteles con mensajes como “Begoña imputada, Sánchez dimisión” o “Yo senté a Begoña en el banquillo”. Exhibían también imágenes de familiares del presidente y escenas de la película El Padrino. Han sido trasladados hasta el otro lado del Paseo de la Castellana, informa Diego Sánchez.

Desde que se conociera su citación, cada detalle de la declaración de Gómez ha tenido una enorme repercusión mediática. La propia defensa solicitó el miércoles al magistrado que no se grabase la imagen del interrogatorio (es decir, que solo se captase el sonido). Pero Peinado ha decidido finalmente que se grabe audio y vídeo, según fuentes jurídicas.

La esposa del presidente sí ha podido acceder en coche por el garaje a los juzgados por motivos de “seguridad”, lo que le ha permitido evitar a las cámaras de televisión. La juez decana María Jesús del Barco, presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ha tomado dicha decisión tras recibir la petición del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, argumentó que se había constatado “que existe un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez”. Se habían convocado movilizaciones ultras a las puertas del juzgado a la hora de la declaración. Entre otras, la asociación Hazte Oír, personada además como acusación popular, había animado a concentrarse allí, aunque después ha anunciado que la Delegación del Gobierno lo ha prohibido.

El instructor había delimitado el papel de las cinco acusaciones populares personadas en el caso: el partido de extrema derecha Vox; el pseudosindicato Manos Limpias, que presentó la denuncia original que dio lugar a la apertura de la causa; y los colectivos Hazte Oír, Movimiento de Regeneración Política de España y Partido Político Iustitia Europa. Según lo determinado en una resolución dictada por el juez el miércoles, los abogados de las cinco acusaciones iban a poder estar presentes en el interrogatorio a Begoña Gómez, pero solo el de Vox estaba autorizado a preguntarle. Si alguno de los otros cuatro quería formular una cuestión, debía comunicársela al representante de la formación de Santiago Abascal para que este la expusiera. Vox había anunciado esta misma mañana que Jorge Buxadé, eurodiputado y coordinador jurídico del partido, había entrado al edificio de los juzgados y que su intención era estar en la sala durante las declaraciones, aunque finalmente confirmó que no entraría porque solo podía haber un abogado por acusación. En todo caso, al final no ha habido interrogatorio porque la comparecencia ha sido pospuesta hasta el 19 de julio.

Casi tres meses de pesquisas

Las pesquisas contra Begoña Gómez arrancaron el 16 de abril, cuando el juez dictó un auto para abrir diligencias tras recibir por reparto una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Ese mismo día, el magistrado ya otorgó la condición de investigada a la esposa del presidente, aunque hasta el 4 de junio —cinco días antes de la celebración de las elecciones europeas— no dio el paso de citarla a declarar como imputada. Y fijó la cita para más de un mes después, el viernes 5 de julio.

Durante estos tres meses de instrucción, el sumario se ha convertido en una montaña rusa, con una enorme repercusión amplificada por la condición pública de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que se ha erigido también en la diana de la oposición. No solo la extrema derecha se ha lanzado contra ella —Vox y el grupo ultracatólico Hazte Oír se han sumado a la causa como acusaciones populares—, sino que el PP ha centrado sus ataques en la esposa del presidente para desgastar al Gobierno. “Si mi mujer estuviera sentada en el banquillo por corrupción, habría presentado mi dimisión”, dijo el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la pasada semana.

Aunque no se han aclarado hasta ahora los extremos de las pesquisas, según se desprende de las resoluciones del juzgado, Peinado investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, que recibió adjudicaciones públicas —la Fiscalía Europea ha asumido las indagaciones sobre tres de estos contratos, que recibieron fondos comunitarios—. El magistrado también ha puesto el foco en el rescate de Air Europa a finales de 2020, para lo que ya pidió a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que le remitiese el expediente de las ayudas otorgadas a la aerolínea del grupo Globalia con el fin de dilucidar si los vínculos entre Gómez y el entonces consejero delegado de la compañía, Javier Hidalgo, tuvieron cierta influencia en las concesiones.

Y, a su vez, el juez trata de profundizar en la relación de la mujer del presidente con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde Begoña Gómez estuvo al frente de una cátedra. De hecho, el rector Juan Goyache ha declarado también este viernes como testigo y ha negado cualquier irregularidad sobre ella, según fuentes jurídicas. Por su parte, los abogados de tres de las acusaciones han asegurado a los periodistas que Goyache ha contado que la secretaria de Begoña Gómez le llamó en una ocasión para que fuera a hablar con ella de la cátedra a La Moncloa. Estas mismas acusaciones han admitido que no es nada “delictivo”, pero que les ha parecido “llamativo”.