Cronología | Cinco años de infierno para un gobierno de los jueces maniatado

El sistema judicial español está a punto de despertar de una pesadilla que ha durado cinco años y medio. La resistencia del PP, con todo tipo de excusas, a facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sometido al órgano de gobierno de los jueces a una crisis sin precedentes. El Gobierno impulsó una reforma legal en 2021 para vetar el nombramiento de cargos judiciales a un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado y eso ha ocasionado que haya 94 altos cargos sin nombrar en Tribunales de Justicia, Audiencias Provinciales y en el Tribunal Supremo, donde más del 25% de la plantilla de magistrados se jubiló o falleció sin que hayan podido ser sustituidos. [Lea aquí el texto íntegro del acuerdo para la renovación del Poder Judicial]

Los hitos principales de la peor situación que ha vivido el Consejo General del Poder Judicial desde su creación, en 1980, son los que siguen:

Noviembre de 2018

El PP pretendió controlar la sala Penal “por la puerta de atrás”

El PSOE tiene contabilizadas decenas de excusas del PP con Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo al frente para no llegar a un acuerdo sobre el CGPJ. Y eso que estuvo a punto de renovarse en tiempo y forma en noviembre de 2018. El pacto saltó por los aires por la renuncia del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que había sido el elegido para presidir el alto tribunal y el órgano de gobierno de los jueces, después de que se filtrara un mensaje de whatsapp en el que el entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosido, alardeó que con Marchena el PP seguiría controlando “por la puerta de atrás” la Sala de lo Penal del Supremo, la encargada de juzgar la corrupción de los políticos. Este primer desacuerdo llegó justo cuando además estaba a punto de iniciarse el juicio del procés.

Marzo de 2021

Reforma legal para vetar los nombramientos de cargos judiciales

En marzo de 2021, con dos años y medio de bloqueo del Poder Judicial, el Gobierno impulsó una reforma legal para evitar los nombramientos de cargos judiciales cuando el CGPJ tuviera el mandato caducado, como ocurría entonces. La maniobra pretendía forzar al PP a desbloquear la situación, pero la formación conservadora no se movió. La Constitución establece en su artículo 122 que los componentes del Poder Judicial se eligen por un periodo de cinco años y el Gobierno introdujo la reforma cuando el CGPJ llevaba siete años y medio sin renovarse.

Un mes después de que se aprobase esa reforma, el Gobierno cedió a las exigencias de Bruselas y anunció que retiraba la proposición de ley que contemplaba reducir la mayoría necesaria para elegir a los 12 vocales jueces del CGPJ. La vicepresidenta comunitaria Vera Jourová ―ante la que este martes han firmado el acuerdo de renovación el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y Estaban González Pons, vicesecretario de acción institucional del PP―, pidió la retirada de esa reforma legal y que el órgano de gobierno de los jueces se renovara cuanto antes, pero de forma pactada.

Atasco en la sala de lo contencioso. El veto a los nombramientos no facilitó un cambio del PP, que mantuvo su negativa a renovar el Consejo. Ese hecho desencadenó todavía más caos en la judicatura por falta de medios. El caso más crítico llegó al Tribunal Supremo, con un casi tercio de sus puestos vacantes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno, tiene vacías 12 de sus 33 plazas de magistrado. En la Sala de lo Social, la encargada de decidir sobre conflictos laborales, tiene vacantes seis de sus 13 plazas. Además, hay que añadir otras 38 vacantes en los Tribunales Superiores de Justicia, 30 en las Audiencias Provinciales y una más en la Audiencia Nacional, según los cálculos realizados por este periódico. El mismo Poder Judicial, con 16 de sus 21 miembros elegidos en 2013 tras dos dimisiones, dos jubilaciones y un fallecimiento, ha terminado convertido por la mayoría conservadora de vocales en un ariete contra el Gobierno.

Acuerdos rotos con excusas variopintas. Los más de 2.000 días transcurridos desde que PP, PSOE, CiU, PNV e IU acordaron hace 11 años la renovación del Gobierno de los jueces, cuando los populares impusieron su mayoría absoluta en el CGPJ, han sido una historia interminable en los que en varias ocasiones el acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias ha estado a punto de alcanzarse, pero se terminó rompiendo cuando ya parecía hecho. El reparto, que se acordó en 2013, con 10 miembros conservadores, siete propuestos por el PSOE, uno pactado de IU, uno de CiU y otro del PNV, además de un presidente conservador y propuesto por el Gobierno del PP, se ha terminado duplicando su mandato (de cinco años a más de 10). La consecuencia, además de los problemas de interinidad del Poder Judicial, ha sido una justicia española al borde del colapso. El coste anual del bloqueo suponía además 12,5 millones de euros para las arcas públicas, según los cálculos del Gobierno. Por cada año que no se renovaba el CGPJ, el Tribunal Supremo acumulaba mil asuntos de retraso, denunciaban desde el Ejecutivo.

Octubre de 2022

Dimisión (inútil) del presidente Lesmes para forzar la renovación

Las presiones políticas o de la misma judicatura no han propiciado desde entonces un acuerdo. La renuncia de Carlos Lesmes como presidente del Poder Judicial y del Supremo en octubre de 2022 para desencallar las negociaciones entre PP y PSOE tampoco sirvió de nada, aunque obligó a las partes a retomar las conversaciones. Casi hubo acuerdo, pero la renovación se fue una vez más al traste en el último momento, cuando el pacto estaba a punto de anunciarse. Feijóo puso como excusa la intención del Gobierno de aprobar la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación para rebajar las penas a los líderes independentistas catalanes encausados en el procés. Lo hizo después de que su entonces número dos, Cuca Gamarra, declarara que la negociación no estaba vinculada a las reformas legales emprendidas por el Gobierno.

31 de enero de 2024

Primer intento con mediación

PSOE y PP abrieron en Bruselas la vía para renovar el Poder Judicial con una figura mediadora. El Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, citó el 31 de enero al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de organización del PP, Esteban González Pons, para tratar de mediar y avanzar en un desbloqueo. De la primera cita salieron declaraciones de buenas intenciones, pero pocos avances. Y una nueva cita para febrero. Terminada esta, el comisario constató que todo avanzaba “lentamente”. Tras una tercera cita, el 19 de marzo, Reynders pidió “voluntad política” al PP y al Gobierno para desbloquear la situación.

Junio de 2024

Firma del acuerdo en Bruselas

Tras más de cinco años de bloqueo y varios intentos de negociación frustrados, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el diputado del PP Esteban González Pons sellaban el acuerdo este martes, 25 de junio, bajo la tutela de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová. En esta ocasión Reynders no estuvo presente porque dejó la Comisión en abril, antes de las elecciones al Parlamento Europeo. El pacto ha llegado cinco días antes de que concluyera el ultimátum lanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hace unas semanas advirtió de que, si antes de acabar junio no había solución, reformaría la ley para quitarle al CGPJ la competencia de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo o los presidentes de tribunales superiores y audiencias provinciales.

España supera así un lustro con su justicia empantanada, con la renovación del CGPJ postergándose ante la marabunta del ciclo electoral con seis elecciones en un año: autonómicas y municipales en mayo de 2023, generales en julio de ese año, gallegas el pasado febrero, vascas en abril, catalanas en mayo y europeas en junio. Completado ese eslalon electoral, el PSOE y el PP se han puesto al fin de acuerdo. Vicente Guilarte, el actual presidente suplente del Poder Judicial ―el segundo interino tras la dimisión de Lesmes―, no tendrá que renunciar en julio como amenazó si el acuerdo tan esperado no llegaba.