Una Junta de Fiscales dividida avala el criterio de García Ortiz de aplicar la amnistía a los líderes del ‘procés’

La Junta de Fiscales, el máximo órgano consultivo del Ministerio Público, ha respaldado este martes —por 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención— el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de apoyar ante el Supremo la aplicación de la ley de amnistía a todos los delitos que se atribuyen a los encausados del procés independentista catalán, incluida la malversación de fondos públicos porque esta no conllevó enriquecimiento personal y patrimonial. Entre los beneficiarios de la Ley están el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont —huido desde 2017—; la secretaria general de ERC, Marta Rovira —también prófuga—; y el exvicepresidente catalán y expresidente de ERC Oriol Junqueras —que fue indultado en 2021 de la pena de prisión pero no de la inhabilitación para ejercer cargo público—. La cúpula fiscal se ha mostrado dividida: el criterio del jefe del ministerio público ha salido adelante por dos votos de diferencia, incluido el suyo. García Ortiz defendía que se debe aplicar la medida de gracia también al delito de malversación, en contra de la opinión de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que dirigieron la acusación contra los principales líderes independentistas en el juicio que se celebró en 2019.

Estos cuatro fiscales (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno) advirtieron de que no seguirán las indicaciones de García Ortiz y no firmarán, por tanto, el pronunciamiento que votó ayer la Junta de Fiscales apoyando la aplicación de la amnistía a la malversación, porque esta no supuso enriquecimiento personal patrimonial de los líderes independentistas. El fiscal general ha comunicado que será su número dos, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, y el fiscal jefe de lo Penal de la Fiscalía del mismo órgano judicial, Joaquín Sánchez-Covisa, quienes se encargarán de presentar el informe del ministerio público ante el Tribunal Supremo, que había pedido conocer su opinión antes de decidir cómo aplicar la ley de amnistía a la causa del procés. Esto implica que los cuatro fiscales que desde noviembre de 2017 habían llevado este asunto se apartan por voluntad propia, y al frente se ponen dos fiscales designados por García Ortiz. En todo caso, serán los jueces del Supremo los que tendrán la última palabra.

La Junta de Fiscales de Sala se reunió después de que los fiscales del procés invocaran el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, un mecanismo que eleva al órgano consultivo las discrepancias entre superiores y subordinados. La reunión, que ha comenzado a las 9.30 y ha durado casi seis horas, se ha iniciado con la intervención de los cuatro fiscales que se oponían a la posición del fiscal general: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno.

Después han intervenido una veintena de fiscales, mientras que 13 de ellos han declinado tomar la palabra, según fuentes del organismo. Entre los que sí han decidido exponer su opinión, se encuentran el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo (quién tomó la palabra para defender el criterio del fiscal general con una intervención muy técnica); el de Anticorrupción, Alejandro Luzón (votó en contra); la fiscal jefe de lo Social en el Tribunal Supremo, Pilar Barrero (a favor); o la fiscal coordinadora de Criminalidad Informática, Elvira Tejada (en contra). También ha participado en el debate la antecesora de Álvaro García Ortiz en el cargo,

García Ortiz ha sido el último en defender su postura. Ante los 36 fiscales que han asistido al encuentro —34 han acudido de manera presencial, dos ha participado de manera telemática y otros dos se han ausentado por motivos médicos—, el fiscal general ha expuesto el sentido del informe que la Fiscalía enviará al Supremo. En él responderá a las preguntas que tanto la Sala de lo Penal, que en 2019 condenó a 12 líderes independentistas, como el juez del alto tribunal que ha instruido esta causa, Pablo Llarena, han formulado sobre la aplicación de la amnistía. El fiscal general se ha reafirmado en su criterio de perdonar el delito de malversación cometido durante el procés, al entender que, aunque existió un perjuicio patrimonial para la Administración, no hubo un “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”, el único caso que queda excluido de la ley de amnistía.

En opinión de los cuatro fiscales del Supremo, que tacharon la orden de García Ortiz de “improcedente y contraria a las leyes”, los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se atribuyen a los encausados por el proceso independentista sí pueden ser amnistiados, pero no la malversación, porque esta “supuso un beneficio patrimonial” para sus autores, ya que se trata de una conducta con “ánimo de lucro” para su beneficio político. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, perteneciente a la Asociación Conservadora de Fiscales, votó a favor de la aplicación de la amnistía a los líderes del Procés.

Los cuatro fiscales del Procés argumentaron también que una directiva europea de 2017 impide amnistiar delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. Esta tesis también fue rechazada por la mayoría.

Fractura

La Fiscalía General del Estado ha destacado en una nota de prensa que el debate ha sido “de carácter estrictamente jurídico”, si bien fuentes presentes en el cónclave han señalado a este diario que alguno de los fiscales que han intervenido ha reprochado que el documento de los cuatro fiscales discrepantes tuviera comentarios políticos.

Los fiscales que han apoyado el criterio del fiscal general son: la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, Joaquín Sánchez-Covisa, José Ramón Noreña, Jesús Alonso, Pilar Barrero, Pedro Crespo, Dolores Delgado, Teresa Gisbert, Miguel Ángel Aguilar, Beatriz Sánchez, Luis López Sanz-Aranguez, Manuel Martín-Granizo, Teresa Peramato, Esmeralda Rasillo, Ana García León, María Antonia Sanz Gaite, Fernando Rodríguez Rey y Ángel Muñoz Marín.

En contra de este criterio han votado los cuatro fiscales que han promovido la reunión y otros 13 fiscales, como la ex fiscal general del Estado con el Gobierno del PSOE, María José Segarra, Antonio Narváez, Elvira Tejada, Francisco Jiménez-Villarejo, Pilar Fernández Valcarce, Jesús Tirado, Alejandro Luzón, Rosa Morán, José Miguel de la Rosa, José Javier Huete, Pilar Martín Nájera, Manuel Moix y Antonio Pulido. El fiscal que se ha abstenido ha sido Antonio Vercher.