Álvaro García: “Si pidiéramos rectificación por cada noticia falsa, no haríamos otra cosa”

Nunca un fiscal general del Estado se vio tan hostigado por la derecha política ni tan acorralado por los tribunales de justicia. Los ataques políticos se han apoyado a veces en noticias falsas a las que Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, diciembre de 1967) ha combatido con éxito desigual. Los varapalos judiciales tienen su origen, aunque no solo, en el trato de favor dado a Dolores Delgado, quien antes fue jefa de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado.

P. ¿Ha arruinado toda su reputación por ascender a su amiga Dolores Delgado a fiscal de sala del Supremo?

R. Propuse a Dolores Delgado para ese puesto porque es, sin duda, la mejor para ocuparlo. Por mérito y capacidad, que son las razones objetivas que hay que considerar a la hora de proponer un nombramiento de Fiscal de Sala.

P. Hay una sentencia del Supremo que le acusa de desviación de poder y anula el primer nombramiento.

R. El razonamiento de la Sala tercera del Supremo está ahí, es un razonamiento que ahora se usa en mi contra, tanto para interponer una querella por prevaricación ante la Sala de lo Penal por parte del Partido Popular, que se ha desestimado, como para una demanda que pide que se anule mi nombramiento.

P. ¿No se arrepiente de haberla nombrado? Podía haber elegido a cualquier otra persona.

R. En su momento tomé una decisión basada, insisto, en la trayectoria profesional. Y afronto los resultados de esa decisión con responsabilidad. Si esa decisión es corregida por los tribunales, lo único que queda es acatar las sentencias y emprender el camino que las sentencias, los tribunales o la ley me pueda marcar.

P. Favorecer a una persona que usted considera que reúne los requisitos para ocupar ese puesto pero con la que usted tiene una amistad personal ha desencadenado una sólida sospecha de trato de favor….

R. Ese nombramiento se hizo porque, honestamente yo pensaba que Dolores Delgado era lo mejor para el puesto….

P. ¿Para qué puesto? ¿Para fiscal de sala de lo Militar? Delgado no tenía experiencia en ese área…

R. El legislador quiso que hubiera una visión civil en la jurisdicción militar, tanto en el Tribunal Supremo como en la fiscalía general, por eso se nombra un fiscal de sala de la carrera fiscal.

P. El Supremo anuló el nombramiento por el ascenso de Delgado a la primera categoría. Usted venía a decir que alguien que ha sido Fiscal General del Estado no puede regresar a la carrera como fiscal rasa…. Pero sin embargo, el que fue presidente del Supremo, Carlos Lesmes, dimitió y volvió a su puesto en el Tribunal Supremo sin ningún problema...

R. No son equiparables en absoluto los puestos ni las categorías. Lesmes es magistrado del Supremo, categoría idéntica a la de fiscal de Sala. Eso lo digo como un razonamiento adicional a su mérito y capacidad.

P. El Supremo lo entendió como un razonamiento principal.

R. El ascenso a fiscal de Sala de quien ha sido Fiscal General es una cuestión en la que toda la carrera fiscal está de acuerdo. Es cierto que el Gobierno retiró una enmienda en ese sentido, pero eso no priva de fuerza el argumento de que es una garantía para el ejercicio de la función. Las decisiones del fiscal general no están condicionadas por su posible futuro profesional, por cual sea su destino posterior en una carrera jerárquica.

P. El Gobierno intentó tenerlo en cuenta a través de una enmienda a una ley que no tenía nada que ver con la cuestión y acabó retirando la propuesta porque le dio vergüenza...

R. La oportunidad o inoportunidad del momento no quiere decir que eso no esté en el pensamiento de todos los fiscales y en el Consejo Fiscal. Nadie se manifestó en contra de que el Fiscal General del Estado adquiriera la primera categoría al terminar el mandato, nadie. Todo el mundo dijo que era mejor el otro candidato o que no era el momento, pero nadie se manifestó en contra. Está en todos los proyectos de reglamento que han pasado por la mesa de la Fiscalía para que eso suceda, porque es una garantía de inamovilidad, es una garantía de independencia del Fiscal General del Estado, como lo es que no pueda repetir mandato para que no debamos favores a nadie, para que no te sometas a nadie. Hay que verlo de esa manera, no hay que verlo como un proyecto de promoción personal. No tiene nada que ver con eso.

P. El PP presentó contra usted una querella ante la sala de lo Penal del Supremo por prevaricación y ni siquiera se admitió a trámite. ¿Teme que esta demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo tenga más recorrido?

R. No puedo manifestarme más allá. Respeto a la judicatura, diga lo que diga y haga lo que haga. Yo creo en el Estado de Derecho.

P. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella que ha presentado la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, defraudador fiscal confeso, por un supuesto delito de revelación de secretos. Ustedes recurrieron esa admisión a trámite…

R. La nota de prensa en la que se basa esa querella cumple con el deber de la Fiscalía de informar a la opinión pública de hechos relevantes y con el derecho a recibir una información veraz. Pero sí es importante aclarar algunas cosas. Aquí ha habido un quebrantamiento del deber de reserva por parte del entorno de un abogado y su cliente respecto a un mail recibido de la Fiscalía, un intento de manipulación de esa información quebrantando esa reserva y a mayores un intento de decir que los jefes de este fiscal del que se quebranta su reserva o su sigilo profesional en un correo, tienen o quieren impedir un pacto o un acuerdo con uno de los investigados. Aquí lo que hay es un delito que se persigue y, por otra parte, una forma, entiendo, de defenderse de ese delito que se persigue. Lo que nosotros hacemos como Fiscalía está en nuestro estatuto orgánico: debemos informar a la opinión pública, que tiene derecho a una información veraz. Es muy difícil no reconocer que la Fiscalía estaba casi obligada a dar esa nota de prensa.

P. ¿La opinión pública podría entender que la Fiscalía acepte un acuerdo de conformidad con la pareja de Ayuso para evitarle el ingreso en prisión mientras que esa misma persona ha permitido que se difundan bulos con información sesgada desde el Gobierno que preside su pareja y además se ha querellado contra la Fiscalía acusándola de un delito grave?

R. Somos profesionales y ese abogado y esa persona investigada tienen exactamente los mismos derechos, exactamente los mismos derechos que cualquiera en la misma situación.

P. El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, autor confeso de todas estas maniobras para confundir a la opinión pública respecto a la pareja de Díaz Ayuso, llegó a escribir un tuit donde decía que usted acabaría en la cárcel. ¿Tiene alguna opinión respecto a esa declaración?

R. También se ha dicho que chapoteo en sangre. Se han dicho muchas barbaridades. Fíjese qué difícil es ser fiscal General del Estado. ¿Por qué? En la disputa política el fiscal general del Estado no se puede defender. No puedo salir a hablar ni bien ni mal ni regular de ningún responsable público porque me estaría situando en un campo que no es el mío, que es el jurídico, y estaría perjudicando, ahora sí, la neutralidad y la imparcialidad de la institución. Y creo que hay determinadas personas dentro de este mundo que se aprovechan de que esa es una debilidad de la figura del Fiscal General del Estado.

P. ¿Ese tipo de conductas de la clase política quedan impunes?

R. De la misma manera que en el Senado se han vertido acusaciones gravísimas y sin contrastar contra mí, pero en este caso está claro: hay una inmunidad parlamentaria. Atacar eso desde la propia Fiscalía sí que me situaría fuera de un espacio de neutralidad.

P. ¿No le afectan los insultos o las acusaciones basadas en noticias falsas?.

R. Naturalmente que afecta. Todos somos seres humanos.

P. Le han acusado a usted de presionar a un fiscal del Supremo en el caso Tsunami para que cambiara su informe y, de esa manera, rechazar la imputación por terrorismo de Puigdemont. Y eso se ha hecho con la connivencia de fiscales del Supremo que filtraron un borrador de informe. ¿Le tendieron una emboscada?

R. En ese proceso que ha descrito, no hay ni una sola intervención del fiscal general del Estado, ni una sola…

P. Se ha publicado y afirmado que el fiscal general había presionado a un fiscal del Supremo para que cambiase su criterio.

R. Es una falsedad manifiesta. Es una mentira falaz para dañar el honor tanto del fiscal que está trabajando en el caso como del fiscal general del Estado.

P. ¿Intentó defenderse de esa mentira?

R. Claro que intenté defenderme de esa mentira. Más allá de una cuestión personal afecta a la imagen institucional de la Fiscalía.

P. ¿Cuántas veces han mentido Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso en este proceso por fraude fiscal que afecta a la pareja de la presidenta?

R. No quiero entrar en eso porque el asunto está judicializado.

P. ¿Entiende usted por qué la pareja de Ayuso presenta la querella contra el fiscal que redactó la querella por fraude fiscal pero no tuvo nada que ver en la difusión de la nota para desmentir el bulo?

R. El perseguido persigue al perseguidor. Es una manera de eludir responsabilidades. Enfrentarse a quien te está investigando..

P. Usted asumió toda la responsabilidad en la difusión de esa nota informativa. Teme acabar siendo imputado…

R. Primero debe decidir el Tribunal Superior de Justicia si hay delito o no. Hay que respetar los tiempos judiciales y sus decisiones.

P. ¿Por qué corrió la fiscalía a presentar un recurso para que se archivara la causa abierta contra la mujer del presidente del Gobierno? Le acusan de ser un fiscal general del Gobierno y no del Estado.

R. La Fiscalía recurre cuando hay un acto que entiende que no es conforme a ley.

P. ¿La Fiscalía considera que en los hechos conocidos de la querella presentada por Manos Limpias no hay nada delictivo?

R. El caso está secreto y está recurrido. Tampoco puedo entrar en eso, pero es evidente que si el fiscal que lo lleva pide el archivo es porque no observa indicios suficientes para abrir una causa judicial.

P. El PP le acusa de ordenar el archivo de causas abiertas para investigar crímenes de ETA que siguen impunes.

R. Lo que más me ha dolido es que alguien pueda pensar que la institución que lleva persiguiendo tanto tiempo el terrorismo en este país es tolerante con los terroristas. Hemos pedido la rectificación al medio que difundió el bulo de que el fiscal general del Estado ordenó cerrar unas diligencias antes de que llegara un informe de la Guardia Civil. La mentira es la mayor ofensa a las víctimas.

P. ¿Se ha preocupado por conocer las interioridades de esa causa? ¿Hay algún indicio que acredite que la Fiscalía no ha hecho bien su trabajo y que puede quedar impune el secuestro y asesinato de un industrial en el que supuestamente colaboró Arnaldo Otegi?

R. Dos fiscales expertos en terrorismo que trabajan en la Audiencia Nacional no observan esos indicios. No tengo más que decir.

P. El informe clave de la Guardia Civil que decía que había una serie de terroristas de ETA que apuntaban a que Otegi había participado….

R. Los fiscales que he mencionado examinaron el informe y, repito, no encontraron ningún indicio para inculparlo, por eso deciden archivar la causa.

P. ¿Tiene España un problema con la desinformación?

R. Yo creo que el mundo entero tiene un problema con la desinformación, y España también. Estamos en un momento en el que todas las leyes que regulan el acceso a la información y las formas de informar han quedado obsoletas por las nuevas fuentes y las nuevas formas de comunicarse. Todos los códigos, incluso me atrevo a decir que los profesionales periodísticos también han saltado por los aires por esa nueva realidad. Entonces, tenemos todos un problema.

P. ¿Y cómo afrontarlo?

R. No lo sé. Es particularmente difícil hacerlo.

P. ¿Usted se considera víctima de ese problema?

R. Bueno, yo, como toda la sociedad, no sé si la víctima soy yo o las personas que reciben información falsa sobre mí.

P. ¿Pero tiene solución?.

R. Esa reflexión se la tiene que hacer el mundo del periodismo, las empresas de comunicación, quienes legislan y quienes aplicamos la ley. Hay que buscar una solución teniendo en cuenta a todos.

P. Cualquier solución que alguien pueda imaginar amenaza otros derechos fundamentales como el de la libertad de expresión o el de la libertad de información….

R. Siempre que hay un conflicto en los tribunales, a veces con periodistas, a veces con particulares, hay que contraponer los dos derechos la libertad de expresión, el honor, la intimidad o la veracidad de las informaciones. Ese juego es muy complicado en democracia, en el que la libertad de expresión es uno de los valores democráticos más importantes. Pero es obvio que la desinformación también daña gravemente a la democracia, por esto es tan importante garantizar una información veraz.

P. ¿Cómo es su relación con los medios de comunicación que difunden falsedades. ¿Rectifican sus informaciones sin problemas?

R. La respuesta es complicada. Si tuviéramos que poner demandas de rectificación por cada información falsa que afecta a la Fiscalía, no trabajaríamos en otra cosa. Eso es lo que hemos detectado.

P. Es muy exagerado eso que cuenta...

R. Esa es la realidad.

P. ¿Y pueden trabajar en esas condiciones?

R. Nuestro trabajo no es contestar a los medios de comunicación. Nuestro trabajo es hacer que esta Fiscalía funcione.

P. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sugerido que usted y el fiscal anticorrupción están tapando la corrupción del caso Koldo hasta que pasen las elecciones porque ya se ha volcado el contenido de los teléfonos del principal implicado y no se conoce aún su contenido…

R. Es muy fácil insinuar algo sin aportar ninguna prueba. Yo no tengo ninguna información del trabajo reservado y secreto que están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre esa causa.

P. Es usted el fiscal general del Estado más atacado de la reciente etapa democrática, en las Cortes y en los Tribunales. ¿Ha pensado en dimitir?

R. La figura del fiscal general es autónoma respecto del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no lo puede cesar. Si yo dimito y me voy de donde estoy, dejo a la Fiscalía al pairo de esos intereses que pueden ser de muchos tipos, políticos, económicos, de grupos criminales... Mi responsabilidad es estar aquí, dirigir y defender esta institución.