El fiscal pide 22 años de prisión al jubilado prorruso que mandó cartas explosivas a Sánchez, Robles y a embajadas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 22 años de cárcel para Pompeyo González Pascual, el enterrador jubilado de 75 años y rabiosamente prorruso que, a finales de 2022, fabricó y mandó seis cartas explosivas a embajadas, ministerios o La Moncloa para mostrar su rechazo al apoyo de España a Ucrania tras la invasión del territorio de este Estado por la Rusia de Vladímir Putin. El acusado, residente en Miranda de Ebro (Burgos), mandó las cartas con material pirotécnico con el objetivo de que el Gobierno cambiara su postura sobre Ucrania y para “causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española”, según el ministerio público. Por ello, la fiscal Ana Noé Sebastián lo acusa de un delito de terrorismo con resultado de lesiones, ya que un empleado de la Embajada de Ucrania sufrió heridas leves en una mano por la metralla que colocó en lo que el ministerio público llama “artefacto explosivo”, pero también “artefacto postal”.

El ministerio público detalla la fecha de construcción y envío y la composición de los artefactos que Pompeyo González, funcionario retirado del Ayuntamiento de Vitoria, envió desde el 18 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al Embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev; al director de la empresa Instalaza (fabricante de los lanzacohetes C-90 que usa el ejército ucranio); al director del Centro de Satélites (Satcen) de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid); Margarita Robles, ministra de Defensa, y la Embajada de Estados Unidos en España.

El escrito de acusación subraya que los artefactos y la cantidad de explosivo que puso en los ingenios “sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados. Esto podría ocurrir “tanto por la propia explosión de la sustancia como por el impacto de la metralla incorporada (postas de plomo) y la producida por la fragmentación del perfil metálico debido al confinamiento del explosivo y demás elementos utilizados para su fabricación (principalmente tuercas y tornillos)”.

La Fiscalía subraya, para sostener la determinación pro Putin del procesado, que tenía instaladas en su teléfono móvil las aplicaciones Telegram, RT Noticias y Sputnik, “estas dos últimas aplicaciones oficiales de los medios gubernamentales de la Federación Rusa. Así como la aplicación Sputnik VPN, enfocada a ‘falsear’ la geolocalización del usuario”. Hizo también consultas en internet tales como “si la pólvora se envuelve con clavos puede explotar” y “si no se hace bien la mezcla de la pólvora puede provocar sin encender”. También sobre paquetes bomba y tubos de acero, o sobre “cuánto pesa un litro de uranio”, “aprender ruso en 10 días”, “dónde se fabrican tanques en España “y “últimos vídeos de la guerra de Ucrania.” Durante el mes de julio de 2022 llevó a cabo diversas consultas sobre nitrato potásico casero, mechas de pólvora y tiendas de petardos.

Pompeyo González está en libertad desde abril pasado (tras pasar tres meses en prisión provisional), poco antes de que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama propusiera juzgarlo por terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista. El magistrado atribuía el delito de terrorismo al funcionario jubilado, que trabajaba como sepulturero, porque, si bien no hay indicios de que pertenezca ni colabore con banda o grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en el caso de la Embajada de Ucrania) y los destinatarios de sus acciones, “evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente (...) el objetivo de alterar la paz pública”.