El Consejo Fiscal defiende de los ataques de un periodista al fiscal que descartó el terrorismo en el ‘caso Tsunami’

El Consejo Fiscal ha acordado este miércoles conceder el amparo que había solicitado el fiscal Álvaro Redondo tras sentirse atacado por un artículo publicado en El Mundo. En ese artículo se le acusaba de ser “cómplice de un canje corrupto” y de dar un “espectáculo obsceno” por firmar el informe en el que se oponía a que el caso Tsunami Democràtic fuera instruido como terrorismo y a que en él fuera imputado Carles Puigdemont. El amparo ha salido adelante por el voto de calidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que los seis miembros de la Asociación de Fiscales (AF) —la mayoritaria en la carrera, de tendencia conservadora y a la que está asociado Redondo— no han considerado necesario que el órgano defendiera públicamente a su compañero. Las dos vocales natas del Consejo Fiscal (la teniente fiscal y la jefa de la Inspección), los dos miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y el de la Asociación Independiente de Fiscales sí han respaldado otorgar el amparo.

Redondo fue el fiscal designado, por turno de reparto, para redactar la respuesta de la Fiscalía a la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. En esa exposición razonada, el juez pedía al alto tribunal que asumiera el caso por afectar a dos personas aforadas: Puigdemont, por su condición de eurodiputado, y Ruben Wagensberg, diputado del Parlamento catalán. El escrito enviado por Redondo a la Junta de Fiscales del Supremo abogaba por dejar a ambos fuera de la causa y descartaba que los hechos del caso Tsunami encajaran en el delito de terrorismo. Era el mismo criterio que había mantenido el fiscal encargado de este caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, también miembro de la conservadora AF. Pero el mismo día en que se difundió ese dictamen de Álvaro Redondo, se filtró también un borrador previo en el que el propio Redondo sostenía la conclusión contraria —que sí había terrorismo y que Puigdemont debía ser imputado—, lo que llevó a que desde algunos sectores de la Fiscalía del Supremo se le acusara de haber cambiado de opinión tras reunirse con el fiscal general.

Redondo y García Ortiz dieron amplias explicaciones en las que sostuvieron que, cuando se produjo el encuentro entre ambos, la postura del fiscal encargado del caso era ya la que mantuvo en el informe final —opuesta a imputar a Puigdemont—, y negaron cualquier influencia del fiscal general en el trabajo de Redondo. “No recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado sobre la postura jurídica que debía asumir”, afirmó Redondo en un comunicado. Un día después de que la polémica por la filtración del borrador saltara a los medios, el 5 de febrero, la Junta de Fiscales de lo penal del Supremo debatió el informe oficial de Redondo y lo tumbó por amplia mayoría: 12 votos a 3 a favor de investigar la causa como terrorismo y 11 votos a 4 a favor de implicar a Puigdemont. La discrepancia entre los dos fiscales jefe llevó a dejar la decisión definitiva en manos de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, que secundó la postura de Redondo. Sin embargo, finalmente, el Supremo ha abierto una causa por terrorismo a Puigdemont, pese al criterio en contra de la Fiscalía.

La actuación del fiscal fue fuertemente criticada desde algunos medios conservadores, y Redondo ha reclamado el amparo por un artículo firmado por Jorge Bustos en el diario El Mundo en el que se le acusa de “cómplice de un canje corrupto que suspende la aplicación de la ley y blinda la impunidad” y de dar el “espectáculo obsceno de un servidor de la Justicia degradado a servidor del Poder”. “¿Merece la pena venderse al Gobierno más arbitrario de la democracia? Con usted en Berlín el capricho del emperador no habría conocido límite. Con héroes como usted, la democracia española no necesita enemigos”, añadía el periodista.

“Integridad ética probada”

El fiscal envió su petición de amparo a la Junta de Fiscales del Supremo, pero los dos jefes (Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa) acordaron remitirlo al Consejo Fiscal porque es el órgano competente para conceder esta protección, más simbólica que efectiva. Cadena fue el encargado de remitir la solicitud con un texto en el que hacía una cerrada defensa de Redondo, a pesar de que el propio Cadena fue uno de los que, en la Junta de Fiscales del 6 de febrero, defendió la imputación por terrorismo de Puigdemont. Redondo, señala Cadena, “es un ejemplo palmario de fiscal dotado de excelencia jurídica e integridad ética probada”. El jefe de lo penal elogia el “erudito y laborioso informe” que presentó Redondo y considera probado que lo hizo “sin influencia alguna en sus conclusiones que no hubiera emanado de su legítimo cambio de opinión profesional, fruto de la profundidad progresiva de su estudio y de las aportaciones intelectuales y jurídicas que su indagación de la verdad le proporcionaba”.

Ese texto se ha visto este miércoles en el Consejo Fiscal junto a la petición de amparo de Redondo, pero los seis miembros de la AF, según fuentes consultadas, han considerado que no había razones para apoyar a su compañero y que debía primar la libertad de prensa e información. La votación de los miembros de este órgano ha quedado en empate y ha sido necesario el voto de calidad del fiscal general para desatascarla.

El Consejo Fiscal volverá a reunirse este jueves y tiene sobre la mesa otro asunto que puede impactar de lleno en la investigación del caso Tsunami: la candidatura del fiscal de la Audiencia Nacional que lleva este caso, Miguel Ángel Carballo, para ser designado fiscal jefe de Ciudad Real. Fuentes fiscales señalan que Carballo tiene muchas opciones de conseguir la plaza, lo que obligaría a cambiar al representante del ministerio público en la causa que instruye el juez Manuel García-Castellón, donde va a continuar la investigación por terrorismo sobre los imputados que no están aforados —entre ellos, Marta Rovira, secretaria general de ERC— una vez que el Supremo solo ha asumido la investigación sobre Puigdemont y Wagensberg.