El Supremo rechaza la petición de Vox de paralizar la investidura de Sánchez

El Tribunal Supremo ha rechazado el intento de Vox de paralizar la sesión de investidura de Pedro Sánchez prevista para este miércoles y el jueves. La formación de Santiago Abascal pidió suspender la investidura, como medida cautelar, dentro de la querella que presentó el martes contra el presidente del Gobierno en funciones y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pero el alto tribunal considera que no existen “elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”. En una providencia, la Sala Penal tiene por recibida la querella y designa ponente, por turno de reparto, al magistrado Eduardo de Porres. Además, da un plazo de cinco días a Vox para que aporte un poder especial donde consten las personas contra quienes va dirigida la querella y el delito. El tribunal, según señala una nota informativa, se pronunciará en su momento sobre la admisión o no a trámite de la querella.

La providencia del Supremo está firmada por los magistrados Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal), Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres. El tribunal ha tenido que pronunciarse en menos de 24 horas sobre la petición de Vox, un tanto insólita porque suponía pedir, en el ámbito penal, una medida cautelar dirigida a suspender un acto parlamentario. Cuando acudió al Supremo a presentar la querella, Abascal lanzó una especie de órdago a los jueces: “Pensamos que este golpe se puede detener en los tribunales y el Senado. Y esperamos que todos los que tienen responsabilidades cumplan con esas responsabilidades”. El líder de Vox aseguraba que había razones para suspender la investidura, y, parafraseando las declaraciones de las asociaciones conservadoras de la magistratura, que han calificado el acuerdo del PSOE con los independentistas de “principio del fin de la democracia”, “abolición del Estado de derecho” o “ataque a la división de poderes”, se mostró convencido de que, si los jueces son coherentes con lo que han dicho, “utilizarán todas las herramientas legales en su mano para detener ese asalto”.

La decisión del tribunal de desestimar la petición se ha tomado antes de estudiar la admisión a trámite de la querella. La sala no tiene un plazo para resolver sobre este asunto, y solo ha emplazado a Vox a que aporte documentación complementaria en cinco días. La querella se presentó por los supuestos delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. El escrito presentado ante la Sala Penal atribuye a Sánchez “actos abiertamente contrarios a los deberes inherentes a su cargo”, que “suponen concordar voluntades con quienes han cometido o están siendo enjuiciados por los más graves delitos contra el orden constitucional y legal”. Según la querella, Sánchez “se ha comprometido como presidente de Gobierno de España al desmembramiento de la unidad nacional de España (referéndum o consulta igualmente contraria a la Constitución sobre un inexistente derecho a la autodeterminación, negado por permanente y continua doctrina constitucional que por conocida no precisa cita), al derrumbe de la separación de poderes, a la destrucción de la igualdad de los españoles” y del sistema democrático.

La querella incluye un relato de lo que fue el procés, la sentencia del Supremo de octubre de 2019 y algunas de las otras derivadas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional o tribunales catalanes. El texto se detiene especialmente en la causa del Tsunami Democràtic, donde el juez Manuel García-Castellón ha señalado como investigados por un delito de terrorismo a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. “El solo indicio de conocer los actos sería ya suficiente para adoptar medidas y más la constatación de compartir y colaborar en la consecución de la finalidad de los actos terroristas, que supone la intensa implicación en estos actos terroristas de los líderes separatistas con los que pacta el PSOE sería suficiente para provocar acciones desde los tribunales de justicia para evitar que estos pactos pudieran tener alguna efectividad”, recoge la querella.