Puigdemont se escuda en su inmunidad parlamentaria para intentar frenar el ‘caso Tsunami’

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no solo ha movido ficha este jueves en el ámbito político, con el acuerdo de su partido, Junts, con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino también en el judicial y, en concreto, en el caso Tsunami Democràtic, donde se le investiga. Gonzalo Boye, que además de su abogado lo es también de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident en Waterloo (Bélgica) y también imputado en esta causa, ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que denuncia que este órgano judicial no informó al Parlamento Europeo de que Puigdemont, huido a Bélgica desde 2017, era investigado en esta causa a pesar de que la cámara le reclamó esa información.

El movimiento jurídico de Puigdemont se produce después de que el juez Manuel García-Castellón le situase en el centro de la investigación sobre las actividades de Tsunami Democràtic, el grupo que supuestamente instigó las protestas, algunas de ellas violentas, que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019. El auto, en el que se recogía los cuatro años de investigación, el magistrado ofrecía al expresidente “comparecer voluntariamente” en el juzgado como imputado, antes de cursar el correspondiente suplicatorio al Parlamento Europeo.

El juez recalcaba que era “necesaria” la citación del político para ser interrogado “sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio”. En su resolución, García-Castellón atribuía a Puigdemont un presunto papel de “liderazgo” y le situaba en unas reuniones celebradas en Ginebra (Suiza) a finales de agosto de 2019, “donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami”.

En el escrito presentado este jueves, su abogado ―que actúa en nombre de su otro cliente imputado, Josep Lluis Alay― asegura que fue este último el que hace tres años tuvo conocimiento “por los medios de comunicación” de que la causa abierta sobre las actividades de Tsunami se dirigía también contra el expresident y que estas mismas informaciones periodísticas apuntaban que había una investigación secreta sobre este y su entorno pese a que no se había solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo, del que Puigdemont era ya entonces miembro. El escrito recuerda que a raíz de ello, el líder de Junts activó en 2020 ante la cámara europea un procedimiento “de defensa de la inmunidad” que le fue denegada el pasado septiembre después de que la Audiencia Nacional informara a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) que no había ninguna investigación “en curso” respecto a Puigdemont.

Por ello, el expresident pide ahora que la Audiencia Nacional le informe de la fecha exacta en el que se le comenzó a investigar en el caso Tsunami Democrátic, así como del día en el que se informó al Parlamento Europeo de que no había ningún procedimiento contra él. “Esta parte necesita disponer de esa información para establecer cómo, cuándo, por quién y por qué se ha podido cometer el error de informar equivocadamente al Parlamento Europeo”, añade el texto, en el que se destaca la supuesta “gravedad” de lo ocurrido.

En este sentido, recalca que no solo afecta “a la inmunidad” de Puigdemont, sino también “a la integridad del Parlamento Europeo y, en lo que aquí interesa, a la garantía constitucional del derecho [a] un proceso con las debidas garantías, a la tutela judicial efectiva y al juez imparcial”. El escrito reclama por último que el juzgado informe formalmente y “sin pérdida de tiempo” al Parlamento Europeo que Puigdemont sí es investigado y que, por tanto, “la información sobre la que sustentaron la decisión de no defender la inmunidad” de este “era, como poco, errónea”.

Este escrito es el segundo movimiento que el expresident hace en la Audiencia Nacional tras conocer su imputación. El pasado martes, su abogado ya arremetía contra la investigación abierta sobre Tsunami con un escrito en el que deslizaba toda una batería de presuntas irregularidades que, en su opinión, estarían marcando la instrucción. Entre otras críticas, el documento enmarcaba este procedimiento dentro de la tesis del lawfare (guerra jurídica) contra el independentismo, que los partidos secesionistas han esgrimido para tratar de desacreditar las investigaciones judiciales en su contra y al que se hace referencia precisamente en el acuerdo firmado este viernes por PSOE y Junts para facilitar la investidura de Sánchez.

“A lo largo de los últimos años hemos visto cómo han proliferado procedimientos penales, sancionadores administrativos o de derivación contable cuya única razón de ser es contra quién o quienes se dirigen. Todos esos afectados tienen un único denominador común: ser identificados como independentistas catalanes o personas del entorno del independentismo o, incluso, hasta sus abogados”, apuntaba el escrito, donde se denunciaba que la instrucción “banaliza” el concepto de terrorismo, el delito en el que el juez enmarca las actividades de Tsunami Democràtic.