El Congreso puede aprobar en un mes una ley de amnistía

Con el Gobierno en funciones y sus competencias limitadas desde la celebración de las elecciones el 23-J, las Cortes son las únicas con potestad para impulsar leyes. En este contexto, serían los grupos parlamentarios los que deberían presentar una proposición de ley sobre la amnistía que satisfaga así la principal exigencia planteada por el expresident catalán Carles Puigdemont como condición para apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez y sobre la que, parece, pivotará toda la negociación. Si esta propuesta legislativa se tramita por el procedimiento de urgencia, la norma podría tener el visto bueno del Congreso en el plazo de un mes, aunque el trámite se demoraría un máximo de 20 días más en el Senado. Con una Cámara alta con mayoría absoluta del PP la iniciativa deberá con toda probabilidad volver al Congreso para su aprobación definitiva.

Los plazos, en todo caso, dependen en buena parte de la voluntad de los grupos políticos y la decisión de la Mesa, que en el Congreso controlan PSOE y Sumar. Este órgano puede decidir tramitar la proposición de ley por el procedimiento de urgencia, lo que, a priori, reduce los plazos a la mitad, según el Reglamento del Congreso. Esto significa que si normalmente el plazo en comisiones o ponencia es de 15 días, quedarían así en siete cada uno. En cualquier caso, no son inamovibles, ya que la urgencia no impide que puedan concederse prórrogas, si así se decidiese, en cada uno de esos pasos. La declaración del procedimiento de urgencia en el Congreso hace que automáticamente deba tramitarse por esta vía también en el Senado, lo que también disminuye el tiempo de tramitación. La Constitución limita en el procedimiento legislativo ordinario este período a dos meses y se acorta a tan solo 20 días en los proyectos declarados urgentes.

Ejemplos de esa celeridad ha habido varios a lo largo de la pasada legislatura, como la reforma del Código Penal para los delitos de sedición y malversación, y en la que pretendía también desbloquear la renovación del órgano de garantías del Tribunal Constitucional a finales del año pasado.

Aunque no parece la opción más plausible, de manera excepcional el Congreso podría también recurrir a la lectura única, el procedimiento que condensa la tramitación de la ley en el pleno. Según el artículo 150 del Reglamento del Congreso, este se reserva para aquellos casos en los que “la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita”. En este caso, sin pasar por comisión ni ponencia, la norma podría aprobarse desde su registro en menos de 15 días y tras celebrarse dos plenos. Un primero de admisión a trámite y otro segundo en el que se debatirían enmiendas y el conjunto del texto. Es la fórmula que se empleará para la reforma del Reglamento que permita el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, registrada este mismo miércoles.