Seis pactos de Estado más uno: Feijóo y Sánchez se cruzan propuestas que caen en saco roto

Los Pactos de La Moncloa de 1977 se han erigido en un ejemplo a seguir y al mismo tiempo, en una utopía imposible de cumplir para la política española en su situación actual. Las propuestas que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han cruzado este miércoles en su tercera reunión desde abril de 2022 en su condición de líderes del PSOE y del PP, y por tanto, de los dos únicos partidos que, salvo la extinta UCD, se han alternado en la presidencia del Gobierno desde la restauración de la democracia, se antojan un ejercicio condenado a la melancolía.

Renovación del Poder Judicial

El primero en disparar ha sido el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones. Sánchez propuso a Feijóo que, sea quien sea el futuro presidente del Gobierno, ambos partidos se comprometan formalmente a que se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del 31 de diciembre. Feijóo ha ignorado la invitación de Sánchez mientras las críticas del PSOE arreciaban contra el PP, al que responsabiliza de “incumplir la Constitución 1.727 días” por bloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyos mandatos son por cinco años y está pendiente desde diciembre de 2018.

El actual CGPJ fue elegido por el Congreso y el Senado cuando el PP tenía una mayoría absoluta lograda en 2011. El PP se niega a renovarlo sin la garantía de que cambie el sistema de elección del Consejo para que los vocales jueces sean elegidos de manera directa por los jueces sin intervención del Parlamento. La dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2022 como presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo para desatascar la renovación del órgano de gobierno de los jueces y poner fin a su parálisis forzó a una reunión de Sánchez y Feijóo para resolver el bloqueo, pero las negociaciones se rompieron a los pocos días. Cuando parecía que el acuerdo estaba a punto de cerrarse, el PP conoció la intención del Gobierno de derogar el delito de sedición para rebajar el castigo penal a los líderes del procés y dio marcha atrás.

Regeneración democrática

Feijóo le ha pedido a Sánchez que facilite su investidura a cambio de acordar seis pactos de Estado en una legislatura corta de solo dos años. El primero sería sobre regeneración democrática. El PP no entra en detalles más allá de su propuesta: “Mejorar la calidad de nuestra democracia, preservando la división de poderes y la independencia de los organismos de control contemplados en nuestro ordenamiento, comenzando por el impulso de una nueva legislación que asegure la total independencia del órgano de gobierno de los jueces”. Aquí entraría la renovación del CGPJ, en la que PP y PSOE no se ponen de acuerdo. Dentro de la regeneración y la transparencia, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha acusado a Feijóo de “opacidad” por su falta de explicaciones acerca de sus tres sueldos como senador, como líder del PP y como presidente del grupo parlamentario popular en el Senado y sobre su antigua amistad con el contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado.

Estado del bienestar

Otro pacto sería por la sostenibilidad del Estado de bienestar. El PP lo propone para que se garantice la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, la estabilidad y calidad del sistema educativo, la igualdad entre mujeres y hombres y la viabilidad de las pensiones para los mayores, “incluyendo en todo caso su revalorización anual”. Feijóo defendió en la campaña electoral del 23-J que él votó a favor de la revalorización de las pensiones con el IPC en el Senado, cuando lo hizo en una moción de valor meramente declarativo mientras su partido votaba en contra de la ley en el Congreso.

Saneamiento económico

El PSOE también ha recibido con recelo el pacto por el saneamiento económico, que según el PP serviría para garantizar “la solvencia de los más vulnerables y de la clase media, y buscar un camino más próspero para los jóvenes que hoy encuentran más dificultades que las que tuvieron sus padres”. Fuentes de la dirección socialista replican que el PP se ha opuesto a las subidas del salario mínimo aprobadas durante el mandato de Sánchez, y que lo han elevado de 735 a 1.080 euros mensuales. Los populares sí votaron a favor del ingreso mínimo vital. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha reivindicado que entre los pactos de Estado que ha ofrecido Feijóo hay dos “enfocados a mejorar la economía y ayudar a los más vulnerables”. “Con una inflación que sigue subiendo y ahogando a las familias ningún partido responsable y de Gobierno debería rechazarlos”, ha afirmado en alusión al repunte de la inflación al 2,6% en agosto frente al mismo mes del año pasado, tres décimas más que en julio en plena escalada del gas y los combustibles.

Pacto territorial

El apoyo del PP, dentro de las líneas básicas de un pacto territorial, es necesario para la “aprobación prioritaria” de un nuevo sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014. Pero nada indica que las 11 autonomías que preside el PP se vayan a poner de acuerdo: los barones defenderán, por encima de las siglas, sus prioridades para obtener más recursos en función de la despoblación, la orografía, la población envejecida o la población flotante en las comunidades más turísticas. La propuesta de convertir el Senado en “una verdadera Cámara de representación territorial” ya la llevaba el PSOE en su último programa electoral.

Pacto del agua

El pacto nacional del agua, que el PP justifica “para alcanzar una propuesta que garantice el acceso a este recurso básico, en el momento actual y ante el previsible agravamiento derivado del cambio climático”, tampoco convence al PSOE. Distintos miembros de la ejecutiva federal esgrimen que el Gobierno ya aprobó a principios de año los planes hidrológicos hasta 2027.

Familias

El pacto por las familias propuesto por Feijóo, “para que tengan mayor capacidad para lo prioritario y hacer posible la conciliación”, llega con las medidas de conciliación atascadas y una caída de la natalidad cada vez más acusada que se nota con más fuerza en las escuelas, que los últimos cinco años han perdido 300.000 alumnos de infantil y primaria.

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