La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para la exdelegada del Gobierno y la vicepresidenta de Ceuta por la devolución de 55 menores marroquíes

La Fiscalía de Ceuta ha pedido a 12 años de inhabilitación para la exdelegada del Gobierno y la vicepresidenta de la ciudad autónoma por la devolución de 55 menores marroquíes a su país en agosto de 2021. La inhabilitación supone no poder ejercer cargos electivos o funciones de gobierno, a lo que se suma otra petición del ministerio público: que pierdan “los honores asociados” a sus cargos y se suspenda su derecho de sufragio pasivo, según ha adelantado Eldiario.es. La fiscalía, en su escrito en el que reclama la apertura de juicio oral, considera que tanto Salvadora Mateos, cesada como delegada el pasado 31 de octubre, como la vicepresidenta Mabel Deu cometieron un delito continuado de prevaricación administrativa al ejecutar la devolución de menores a sabiendas de no estar cumpliendo con la legislación. Aunque no se han apuntado responsabilidades en el Ministerio del Interior, la operación fue facilitada e incentivada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska; la propia exdelegada afirmó en declaración judicial que ella cumplía órdenes de Madrid.

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando cerca de 15.000 personas cruzaron la frontera de la ciudad autónoma ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquí. Era el punto álgido de la crisis diplomática entre España y Marruecos, que presionaba en ese momento para ganar apoyos a su plan de hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental. Entre todas aquellas personas, entraron más de 1.000 menores que colapsaron el sistema de acogida de la ciudad.

“Ante las dificultades para asumir la precaria situación existente”, dice el escrito, la vicepresidenta de Ceuta entabló varias conversaciones tanto con el Ministerio del Interior como con la Delegación de Gobierno y conjuntamente planearon la devolución de 145 chicos en base a un convenio con Marruecos de 2007 para el retorno de menores. Del 13 al 16 de enero, la delegación y la vicepresidencia ejecutaron la devolución de 55 menores hasta que la justicia dictó medidas cautelares para su paralización. La Fiscalía mantiene desde el principio que la devolución de esos adolescentes se hizo “sin seguir el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran”.

Tanto la Delegación, como el Gobierno de Ceuta, defienden que el acuerdo con Marruecos respalda legalmente sus actuaciones. Así lo describe la Fiscalía en su escrito: “Con la intención de evitar someter su actuación a las disposiciones legales que resultaban de aplicación así como de lograr eludir las responsabilidades administrativas y penales en que eran perfectamente conscientes iban a incurrir, acordaron fundamentar su ilícito proceder en el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, simulando que este permitía practicar la inmediata devolución a las autoridades marroquíes de los menores no acompañados de nacionalidad marroquí sin necesidad de ajustarse al procedimiento y requisitos regulados por la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros”.

El acuerdo, de hecho, exige la “observancia estricta” de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esas exigencias suponen, entre otras, la elaboración de informes por parte de Marruecos para determinar las circunstancias familiares de los menores, la obligatoriedad de informar los interesados del procedimiento a seguir y garantizarles que pueden presentar alegaciones o la necesidad de un informe fiscal avalando las actuaciones. Nada de eso se hizo, como ha quedado demostrado en las diferentes etapas judiciales de este procedimiento. “Acordaron practicar la repatriación sin determinar si alguno de los menores se hallaba en situación de vulnerabilidad en su país de origen ni si con ello el interés del menor podía verse comprometido”, mantiene la fiscalía.

La operación de retorno, recuerda además la fiscalía, se realizó a pesar de que la Jefa del Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, María Antonia Palomo, mostró en reiteradas ocasiones “su disconformidad con aquel proceder, manifestando que resultaba contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”. También el personal de la fundación SAMU que gestionaba el centro de menores advirtió a la vicepresidenta de Ceuta de “la posible situación de vulnerabilidad” y del riesgo de no estar respetando el superior interés de los menores.